“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”
Abraham Lincoln
El miércoles 16 de septiembre fueron presentadas las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (la Misión). Una misión especial establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en septiembre de 2019, con el objeto de investigar las violaciones de los derechos humanos y la plena rendición de cuentas de sus posibles responsables.
Antes de abordar el informe y su especial relevancia es necesario reconocer el esfuerzo de quienes elaboraron el documento. No se trata de un informe común, como otros en la materia. Se trata de un ejercicio metodológico, jurídico y político que marcará un hito en el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. A su vez, la minuciosidad y dedicación con la cual fue elaborado servirá de referencia para futuros estudios de protección de la persona. El informe de más de 440 páginas es una valiosa pieza científica sin desperdicio alguno.
Durante más de 20 años, el régimen se ha dedicado a cultivar la confusión y el caos en la opinión pública nacional e internacional. Estratégicamente, el régimen aprovechó las brechas que existen en el sistema internacional y en el escenario nacional para colocarse al lado de ideas “progresistas” o “socialistas” sin que ello signifique representarlas. La acción del régimen ha exacerbado las divisiones naturales en la forma de apreciar la política, la economía o la sociedad. El régimen ha tenido la habilidad de generar división no solo en el propio seno de las familias venezolanas, sino incluso en países con cierta radicalidad. Tal como dijo quien fuera presidente de Estados Unidos de América: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.
El informe de la Misión termina de desenmascarar al régimen de una vez por todas. Sin embargo, es bueno precisar que no se trata de una acusación formal ante ningún tribunal. El informe es un conjunto de “motivos razonables para creer” que en Venezuela sí se han producido desde 2014 (aunque sabemos que desde antes) hasta mayo de 2020, crímenes de lesa humanidad. Tal como indica el informe (1977): “Las conclusiones de la Misión no equivalen a una condena penal y la información que se presenta aquí es, en la mayoría de los aspectos, inferior a la que se necesitaría para lograr una condena penal”. En este caso, las evidencias finales deberán ser abrumadoras.
La Misión analiza el tema de la responsabilidad del Estado, así como la responsabilidad penal individual en las violaciones de los derechos humanos. Así mismo, estudia la cadena de mando y la comunicación en cada una de las organizaciones del régimen que tomaron parte en los hechos. Nunca hubo duda de la responsabilidad de los líderes del régimen, especialmente de Nicolás Maduro y de sus más cercanos colaborados en los hechos cometidos, pero está vez se han abordado todos los ámbitos que establece la Ciencia Jurídica. Asimismo, existen motivos razonables para asignar responsabilidad a agentes del régimen por sus acciones.
Aún más, la Misión recomienda a la comunidad internacional perseguir a todos los individuos que colaboran con el régimen, evitar que otros Estados colaboren con el régimen en sus esfuerzos de consolidarse por mucho más tiempo en el poder. No menos importante es la recomendación de la Misión a la República Bolivariana de Venezuela de investigar, de perseguir y de prevenir las violaciones de los derechos humanos en el territorio. Esto último no sucederá mientras el régimen se mantenga usurpando el gobierno. Entonces será una prioridad en el próximo gobierno de Venezuela investigar los crímenes cometidos o delegar esa competencia en organismos internacionales que lo hagan de forma imparcial e independiente.
¿Qué sucederá después de la publicación de este informe? La Misión recomienda a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tenga en cuenta la necesidad de hacer justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados y a los que están bajo su consideración. Esto quiere decir que con la información proporcionada la CPI debe investigar y si hay lugar condenar a los responsables por crímenes de lesa humanidad u otros que se deduzcan. Si esa fuese la decisión, los responsables serán perseguidos por la justicia universal y pagarán por sus delitos de la forma que lo decida el juez correspondiente. Esto si antes no son condenados por los tribunales en Venezuela.
¿Qué sucederá en el escenario político nacional? El régimen desestima el informe por ser una acto pagado, parcializado e ideológicamente manipulado. El gobierno legítimo lo apoya, como debe ser y seguro será una poderosa herramienta para construir alianzas fuertes. El extremo “derecho” de la oposición deberá entender que una coalición internacional armada no sucederá y deberá obligarse a planear sus acciones dentro del Estado de Derecho, utilizando las herramientas diplomáticas existentes. Ese extremo de la oposición debe comprender que esto no es una lucha de poderes internos y que el único enemigo es el régimen. Las intenciones de alcanzar la presidencia tendrán su momento.
¿Qué sucederá con las supuestas elecciones legislativas? Definitivamente, avanzar en ese tema es infructuoso. No pueden celebrarse elecciones en dictadura, ni tampoco debe la ciudadanía participar en ese fraude. Ante esta situación, los líderes políticos que han tomado ventaja en el escenario político deben retractarse y abandonar sus intenciones. Lo contrario es ser cómplices del Gran Robo y al mismo tiempo, de las sistemáticas y organizadas violaciones de los derechos humanos.
Aún es tiempo de retractarse, aún es tiempo de cambiar el rumbo y apoyar los esfuerzos para lograr que la democracia retorne a Venezuela. No hay tiempo para evadir responsabilidades penales ante las violaciones de los derechos humanos. Aún faltan las investigaciones que permitirán descubrir los numerosos casos de corrupción cometidos durante los años del régimen, pero sus resultados serán presentados oportunamente y los responsables deberán rendir cuentas ante la justicia.