Fernando Albán, capitán Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete | EL NACIONAL
Detenciones arbitrarias, represión sin límites, tratos crueles y degradantes, torturas, desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado no prescriben al transferir las competencias de custodia del Sebin y el Dgcim al sistema penitenciario, ni exonera de responsabilidad a quienes han cometido violaciones graves de los derechos humanos.
Considero un acto de desesperación del Estado la emisión del decreto en el que ordena a la Dgcim y al Sebin transferir en un plazo máximo de 30 días la custodia al sistema penitenciario y proceder al traslado de los presos políticos de estos centros denominados «Cunas de torturas», hostigamiento, tratos crueles y asesinatos –como así lo han reconocido en los casos del concejal Fernando Albán y el capitán Acosta Arévalo– a las «pailas del infierno » con la intención de maquillar las actuaciones reprochables e inhumanas de estos cuerpos de seguridad que siguen siendo señalados como responsables de cometer estos crímenes.
El Estado tiene conocimiento de que el sistema carcelario de nuestro país es un Estado paralelo que tiene su propio gobierno independiente dirigido por los pranes, en conexión con las bandas criminales que operan en el exterior y eso es sumamente peligroso para la vida de los presos políticos.
El Estado es el único responsable de la aniquilación y el entierro definitivo de los derechos humanos en Venezuela. Cada día violan más las garantías constitucionales establecidas en nuestra carta magna y los pactos internacionales.
El Estado da señales de estar sumamente nervioso porque la fiscal de la Corte Penal Internacional y la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han establecido en sus informes que hay motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, y hace esfuerzos por dar a entender a la CPI que ahora sí se va a hacer justicia, olvidando que estos crímenes horrendos no prescriben. Este informe pudiera darse por parte de la fiscal saliente en pocos días antes de la entrega formal al entrante Karin Kan, experto en materia penal internacional con una larga trayectoria, quien asumirá el cargo en junio del año en curso.
Pudiéramos estar en presencia, por primera vez en Latinoamérica, del inicio de una investigación penal contra los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en nuestro país y que la CPI, a diferencia del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, no sanciona penalmente al Estado sino que individualiza la responsabilidad penal sin privilegios ni arrepentimientos, incluidos el jefe del Estado, militares de alto rango, jefes de cuerpos de seguridad, tanto autores materiales como aquellos que dieron la orden. El brazo largo de la CPI no tiene límites para alcanzar a los responsables.