Covid-19 y los derechos humanos en el plano de la educación venezolana

 Por Carmen Sulay Rojas

El impacto del covid-19 trascendió las instituciones educativas del país. No solo se trata de analizar el tiempo en que no hubo actividades presenciales, pues fue dentro y fuera de los hogares de docentes, estudiantes y sus padres o representantes, donde tal emergencia sanitaria encontró su espacio de instalación y alteraciones sociales, afectando desde la alimentación y salud como un conjunto de variables de vida, y además restringiendo los ingresos por actividades laborales de los trabajadores independientes, lo cual influía de manera directa en mayor o menor medida todas las comunidades del país, porque ninguna estaba excepta de la enfermedad, hechos que se veían confinados y vinculados con una severo racionamiento de servicios públicos como agua, electricidad y gas, con una nación que al abandonar la seguridad como política de Estado, permitió que los planteles e instituciones del Estado fueran desmantelados en sus estructuras removibles y mobiliarios, lo que complicó de manera directa el retorno a clases presenciales entre septiembre y octubre de 2021.

Y entre la suspensión de actividades presenciales y su reanudación académica ¿Cómo vivieron estudiantes y docentes los procesos de generación del conocimiento? ¿Qué ocurrió con aquellas familias de los integrantes de la comunidad educativa en investigación, si algunos de ellos eran afectados por el covid-19? ¿Realmente el Estado cumplió sus obligaciones o simplemente se limitó a una retórica oficial de “órdenes” que no tenían ninguna sustentación en la praxis de políticas públicas?

Y sobre esta realidad ¿cómo ha sido el trato y la orientación educativa con aquellos niños y adolescentes que han perdido a sus padres, o bien por una emigración, o porque fueron víctimas de covid-19 o cualquier otra enfermedad, por ejemplo, aquellos pacientes que perdieron sus vidas por ausencias de tratamientos contra el cáncer en el sistema público de salud?

Y sobre la violación de derechos humanos en una perspectiva del Estado y con un alto contenido filosófico-ideológico, Vivas (2017) afirma:

En el aspecto ideológico la cosificación (reificación) es un asunto de (in)consciencia que no puede ser visto como simple acción económica y política, porque allí radica el efecto del empobrecimiento humano, más en su vinculación de ser que del ser mismo; es decir, al ser como absoluto no puede construirse en una concepción para individualizar su desarrollo sobre la base de satisfacer necesidades artificiales movidas por el capitalismo, porque la educación en todo caso, es la fuente esencial para generar una conducta, un espíritu, una transformación del humano en vínculo para el desarrollo y las auténticas necesidades sociales. (p. 97) 

Propicia este autor una nomenclatura de aspectos que dejan ver que si el Estado con sus inadecuadas políticas sobre la educación, destruye la misma, y desde esta visión violando derechos humanos, pues, menos podrán encontrar los seres humanos esas necesidades sociales, cuando ha sido en ellas, en las más básicas que se sacuden las irresponsabilidades conjuntas del Ejecutivo Nacional y actuando durante el covid-19 en una especie de conducta y pensamiento en “dejar hacer, dejar pasar”, o lo que en esta situación responde con un encasillamiento conductual por razones forzadas que evitarían las protestas colectivas. La educación queda seriamente afectada tanto en sus espacios cognitivos como de formación ciudadana, y en esa correlación negativa en vez de ir a la cima del conocimiento se concluye en la sima de la desciudanización; o lo que es lo mismo, un Estado promoviendo la anomia y en una situación de pobreza extrema, lo cual concluye con la (auto)destrucción del país en sus bases societarias y comunitarias, porque se elimina el sentimiento de identidad, idiosincrasia y pertenencia hacia la patria.

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