Corte Suprema de Justicia y democracia

El país ha sido saqueado y desmontadas sus instituciones. El próximo 28 de julio tendremos la oportunidad cívica de cambiar nuestro destino como nación. A pesar de que las condiciones electorales son verdaderamente adversas, el único enemigo que tendremos es la abstención porque según las últimas encuestas más del 93% de la sociedad rechaza de manera definitiva la gestión de Nicolás Maduro, quien ya lleva dos períodos presidenciales, suficientes para habernos demostrado su ineficiencia e imposibilidad de gobernar a un gran país como Venezuela.

Sin embargo, el tozudo de Maduro quiere permanecer 6 años más en el poder. A menos que enfile sus bayonetas contra todo un país deberá entregar el mando a quien resulte vencedor en las próximas elecciones. Sin duda, por su pésima gestión, perdieron la calle y la voluntad de quienes les siguieron desde la victoria de 1998. Hoy, la población lo rechaza como gobernante. Los desmanes han sido titánicos, en especial en todo el entramado del poder judicial. Hay magistrados multimillonarios que venden sentencias y compran propiedades para sus amantes y familiares, dentro y fuera del país, la responsabilidad que les ha dado la república la han utilizado para perseguir y encarcelar a gente decente y honesta, solo por obedecer el mandato inmoral de su jefe, Nicolás Maduro.

Llenaríamos páginas para describir los grandes males desatados por un poder judicial dependiente del poder político. Un poder judicial seleccionado a dedo de las filas de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela o, jurados a obedecer las órdenes de Nicolás Maduro. Pronto serán un pasado perverso rechazado por todos, por ello, es un deber ciudadano pensar en la Venezuela que nacerá, por lo que aportar ideas contribuye con esa discusión.

La Corte Suprema de Justicia de un Estado es el corazón de la confianza de una nación y su referencia jurídica, ética y moral. Todo ciudadano mira a su Corte Suprema cuando los grandes dilemas y conflictos sociales emergen. El derecho o no al aborto, la inclusión social, el derecho a la vida, los grandes problemas de los Derechos Humanos, problemas bioéticos, eutanasia, en fin, cuando la sociedad tiene un conflicto difícil de procesar, acude a su Corte Suprema. Por ello la importancia de una Corte Suprema de Justicia independiente como faro social y una separación de poderes sembrada en el tejido institucional. Hemos visto cómo el Tribunal Supremo de Maduro, a solicitud del poder político ha cometido desmanes contra la sociedad. Fingen el interés de un tercero para interponer un recurso que elimine derechos electorales, inhabilite a posibles contendores políticos, es decir, actúan como los bochornosos jueces del terror de la Alemania de Hitler, son una herramienta para perseguir y castigar injustamente a quien no piense igual que el dictador.

Mientras escribo estas líneas, corren rumores de que Maduro utilizará a un seudo opositor para que intente un recurso ante su Tribunal Supremo, con la intención de invalidar la candidatura del honorable embajador Edmundo González Urrutia, sin justa causa. Habría que ver, si esto acontece, cuáles serían sus descabellados argumentos. Estarían consumando un golpe de Estado contra la voluntad del pueblo. Sería la consolidación de una dictadura sin apoyo social, solo la fuerza de las bayonetas y el terror. La justicia no puede torcer las leyes para manipular la política a beneficio de un factor específico.

Por consiguiente, la importancia de una Corte Suprema de Justicia independiente, sometida al poder de imperio de la Constitución Nacional en donde se respete la separación de poderes. Estaría constituida por 15 jueces supremos que llevarían el título de “Ministros de la Corte”, con designación permanente o vitalicia y conocedores en sala plena, de todos los conflictos mayores de Derecho, vinculados con dos tipologías específicas: 1- actos de las autoridades que violen derechos humanos y derechos fundamentales y 2- Leyes o actos de las autoridades nacionales que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, en el entendido que, en la Venezuela que deberá nacer, el poder central se disolverá entre los poderes autónomos de cada región, dando paso a una descentralización político-administrativa que se inició en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y que fue interrumpida por el autoritarismo competitivo de Hugo Chávez. Esta nueva etapa se profundizaría en un poder judicial descentralizado y autónomo.

De tal manera que dicha Corte Suprema de Justicia tendría la tarea de designar a los magistrados de los Tribunales Supremos de Justicia de cada estado, no según sus afiliaciones partidistas o políticas, sino según sus capacidades y competencias evidenciadas en su hoja curricular y en su desempeño profesional. El hecho de que un Congreso Nacional elija a los miembros de la Corte Suprema de Justicia o a los magistrados de los Tribunales Supremos de cada estado podría teñir de parcialidad las nuevas altas instituciones judiciales nacientes. Por lo tanto, la selección de los Jueces de la Corte Suprema como la de los magistrados de los Tribunales Supremos de Justicia de cada estado, debería estar en manos de las universidades en sus Escuelas de Derecho, La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, los colegios de abogados y las organizaciones de la sociedad civil, que determinarán la forma de selección, preferiblemente por concursos de oposición. El Tribunal Supremo de cada estado, tendrá la obligación de elegir y juramentar a los jueces de su jurisdicción a través de rigurosos concursos de oposición, todo bajo la lupa de la transparencia de la sociedad civil y de los medios de comunicación social, que tendrán la facultad de escudriñar en el proceso e informar a la colectividad y denunciar las irregularidades.

Los Tribunales Supremos de los estados estarían constituidos por salas de acuerdo con cada competencia: civil, penal, político administrativo, social, con un Tribunal Superior Electoral independiente del Tribunal Supremo del Estado. La Corte Suprema de Justicia dirimiría los temas electorales nacionales en única sala plena. Es decir, una reforma judicial desde la raíz que suponga una profunda reforma constitucional que deje una carta magna breve, sobre grandes temas generales, que los estados deberán desarrollar en sus constituciones y leyes. Lamentablemente y a pesar de contener importantes avances que nunca fueron reconocidos por los dos mandatarios que han disfrutado del poder en 25 años, la Constitución del 2000 adolece de ser muy extensa y toca especificidades. Más parece una ley que una carta magna.

En fin, creo que, en el año 2000, por la anomia de un sistema político fracturándose, el clima constituyente nubló la capacidad de algunos ilustres juristas que ahí participaron, otros fueron los grandes estafadores de la sociedad por no tener las credenciales suficientes para redactar una constitución. Ello, nos deja una enseñanza escondida en un adagio popular: “zapatero a su zapato”.

La ausencia de independencia judicial ha generado en la historia reciente de la humanidad terribles catástrofes. La aplicación de las Leyes de Nüremberg son las más conocidas mundialmente. Sin embargo, no se quedan atrás las leyes del odio y la novísima Ley contra el fascismo o, la horrorosa pena de cadena perpetua en Venezuela que quieren usar como arma política y, si el mundo los deja, la pena de muerte que han venido aplicando extrajudicialmente. Todo esto, en una Venezuela de presos políticos, perseguidos y con una severa limitación del ejercicio de casi todas las libertades, en donde niegan a toda costa el principio de progresividad de los derechos humanos. Toda una tragedia institucional que puede servir como laboratorio para observar lo que no se debe hacer cuando se gobierna a una nación.

Esta transformación implicaría una profunda reforma de la currícula universitaria, y de los centros de investigación jurídica de las universidades privadas, que deberán ser acreditados por la instancia que se cree para tales efectos, que se adecúe a las exigencias de construir un poder judicial con capacidad para servir a la sociedad y no para perseguirla y castigarla.

De tal manera que una Corte Suprema de Justicia pensada para servir al desarrollo, defensa y estabilidad de la democracia, respondería sólo a los criterios jurídicos, morales y éticos de la libertad personal y su protección. Los parámetros de participación social no serían manipulados por expresiones y actos populistas sino por el verdadero poder social que reposa en los medios de comunicación y su capacidad de investigar, probar y denunciar. La democracia se fortalece cuando la transparencia llega a la justicia.