Los episodios de corrupción que estallan en los Estados y, singularmente en algunas administraciones públicas, generan de nuevo intranquilidad y desconfianza en los ciudadanos. De hecho, hay coincidencia en señalar que buena parte de los éxitos electorales de determinados líderes políticos como Milei, Bukele y Trump o el ascenso ya prácticamente generalizado de la extrema derecha en Europa, parecen ser un reflejo de ese descontento ciudadano. No es sólo debido a los episodios de corrupción, pues intervienen también otros factores económicos, sociales o incluso políticos relacionados con el hartazgo ciudadano de propuestas periclitadas.
Parece existir una cierta relación entre el abandono de la intervención estatal en la vida ciudadana, tan presente en las políticas socialdemócratas que cayeron profundamente desde el ascenso de dirigentes como Reagan y Thatcher, y esta desafección generalizada en el mundo. Las políticas públicas clásicas de engrandecimiento del Estado (sanidad, educación y pensiones) empiezan a ser sustituidas, por ejemplo, la necesidad de incrementar los gastos en defensa. A veces, se tiene la impresión de que se regresa, particularmente en Europa, a hace un siglo en el denominado período de entreguerras cuando todo terminó, después de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, que tantos millones de muertos produjo.
La pandemia del coronavirus, que ocasionó 7 millones de muertos en el mundo, demostró, es necesario recordarlo, que la potencia de servicios de salud y sanidad de los Estados se relaciona de forma directa con la capacidad de los ciudadanos de hacerle frente. La pandemia, reveló la necesidad imperiosa de que los gobiernos implementen políticas y programas para incrementar la capacidad de resiliencia (Patria de Lancer Junes,2024). Pareciera que ya lo hemos olvidado y la preocupación política se relaciona más con otros aspectos, también necesarios, como la seguridad ciudadana. Precisamente este aspecto es el que parece estar en la raíz del éxito electoral de Bukele, así como probablemente en el de Milei en Argentina y Noboa en Ecuador.
Los problemas de corrupción no se solucionan metiendo en prisión a cuatro delincuentes que han cobrado comisiones por la venta de mascarillas. Uno de estos casos, que sucede a otros del Partido Popular, sacude en estos días España, por las actuaciones de un asesor de confianza de un ministro socialista. De nuevo, es importante recordarlo, no hay ningún funcionario profesional inmiscuido en la cuestión: sólo personal de nombramiento político. En los últimos años, precisamente hemos asistido a una proliferación de nombramientos políticos en todos los países, dejando de lado el ascenso de aquellas personas que por su profesión conocen en profundidad las políticas públicas. Los funcionarios profesionales raramente se enredan en operaciones de corrupción, porque no son rentables por el peligro de pérdida de su condición de funcionario permanente. En todo caso, la corrupción puede existir en cualquiera de los individuos que en un determinado momento tienen poder y pueden practicar lo que los franceses llaman “alegalismo”, uso arbitrario del poder al borde de vulnerar la ley. (Elorza,2024).
Lo más importante no es la existencia de la corrupción, tan antigua como el mundo, sino que los culpables sean castigados y que se asuma la responsabilidad política de quienes han transgredido las normas. La proliferación del personal político en puestos de responsabilidad técnica sin el sometimiento necesario al control económico y financiero no es avance en la diligencia de los asuntos públicos, sino un atraso considerable en el adecuado control de las finanzas públicas.
Junto a todo esto, en Francia con práctica unanimidad de todos los partidos políticos, incluyendo la extrema derecha, se ha plasmado en la Constitución el derecho al aborto garantizado, que, en el marco de la legislación, permite a las mujeres decidir sobre esta materia. En numerosos países la cuestión continúa siendo un delito y en algunos de ellos, incluyendo América Latina, hay condenas a menores por esta causa, incluso en algunos casos mediando una violación. Parece una decisión importante que muy bien pudiera extenderse a otras materias de general interés, como la profesionalización de la función pública, tan necesaria en nuestros países.
La liberalización de trámites para la contratación pública, que tuvo que realizarse durante la pandemia, fue aprovechada por algunos delincuentes, lo que ha dado lugar a frecuentes episodios de corrupción en varios países. Sin embargo, también hay enseñanzas que deben ser utilizadas, como la eliminación de trámites innecesarios y la gestión automatizada de éstos, que puede impedir prácticas ilegales o la introducción de derivadas personales o políticas que dirijan la resolución de los contratos a personas u organizaciones que no sean los mejores prestadores del servicio. En aquellos momentos era imposible controlar todos los aspectos de la contratación, pero revela la fortaleza de la democracia que más tarde se descubran las irregularidades y se castigue a los culpables.
@velazquezfj1