La delincuencia organizada internacional es uno de los mayores desafíos que enfrentan los gobiernos de todo el mundo. Ahora, cuando el gobierno es el criminal y utiliza su representación internacional para organizar y desarrollar sus acciones, la dinámica es diferente. Cuando las organizaciones criminales son al mismo tiempo agentes económicos o sociales que aprovechándose de sus actividades para cometer ilícitos los conceptos y métodos tradicionales comienzan a quedar obsoletos. Estas variaciones al fenómeno de la delincuencia organizada que no terminan de obtener una respuesta representan una amenaza para la seguridad nacional y el bienestar económico de los países afectados.
Los primeros en utilizar el término delincuencia organizada fueron los participantes en la Comisión contra el Crimen de Chicago, creada en 1919 para hacer frente a la delincuencia en Chicago. En este contexto, la delincuencia organizada se refería a delincuentes profesionales que se dedicaban al «crimen como negocio». En los años de 1920, el término delincuencia organizada había evolucionado para referirse a gánsteres y chantajistas que se unían en bandas u organizaciones criminales bajo el liderazgo de «jefes» o «gestores», una conceptualización que implicaba tipo de estructura jerárquica en la organización de estos grupos.
Desde entonces, la delincuencia organizada ha evolucionado y una de sus mejores estrategias ha sido la internacionalización. Los miembros del crimen organizado a menudo operan en múltiples países, lo que dificulta la recopilación de pruebas y la extradición de sospechosos. Los gobiernos y sus agencias de aplicación de la ley (a excepción de ciertos países) están trabajan para superar estas barreras.
Un buen ejemplo reciente de este esfuerzo es la mayor operación, denominada Trigger IX, contra armas de fuego jamás coordinada por INTERPOL, autoridades de América Central y del Sur realizaron más de 14 mil detenciones de personas vinculadas a más de 20 organizaciones criminales, entre ellas, Primeiro Comando da Capital, la Mara Salvatrucha y el cártel de los Balcanes, así como el decomiso de armas, municiones y drogas. Los vínculos entre las armas de fuego ilícitas y la fabricación y el tráfico de drogas se pusieron claramente de manifiesto. En la operación, en la que se alcanzó un nivel de cooperación sin precedentes entre 15 países, también se descubrieron otros delitos como la corrupción, el fraude, la trata de personas, los delitos contra el medio ambiente y las actividades terroristas. Los resultados obtenidos permitieron la apertura de unas 30 investigaciones y fueron identificados al menos 15 nuevos modus operandi para la fabricación, el tráfico y la ocultación ilícitos de armas de fuego. Venezuela no participó en esta operación.
Un poco antes que Trigger IX, el gobierno de El Salvador anunció la detención de más de 60 mil personas (alrededor del 1% de la población), supuestamente, vinculadas a los grupos criminales que operan en ese país. La controversial campaña contra el crimen en el país centroamericano tiene detractores. Si bien los argumentos de quienes están contra de la campaña pueden resultar válidos, la sensación de seguridad en las calles del país es un hecho. Más aún, El Salvador pasó de ser el país con mayor número de muertes violentas por habitante a uno de los países con menos decesos en la región en apenas unos días. Sin embargo, surgen interrogantes: ¿la campaña tiene alguna coordinación internacional para evitar que quienes huyan del país puedan ser detenidos? ¿Las finanzas de las Maras manejadas desde otros países están siendo investigadas para detener a responsables y cómplices y evitar que sigan actuando desde otros países? Además, otras inquietudes como las garantías procesales de las personas implicadas y los posibles vínculos entre las Maras, las autoridades del gobierno, los grupos empresariales y organizaciones criminales transnacionales, siguen sin aclararse públicamente. Ningún grupo puede lograr todo lo que las Maras obtuvieron sin contar con apoyo nacional e internacional.
En tercer lugar, y no por ello menos importante, una operación histórica. En Venezuela, por primera vez y luego de más de 20 años de régimen, tiempo en el cual se ha desfalcado el erario, se han registrado miles de muertes violentas y se han denunciado casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, así como, un incalculable pero evidente daño al patrimonio natural, material e inmaterial del país, han sido apresadas, hasta ahora, unas 80 personas por supuesta implicación en un caso de corrupción (por eso histórica). Aparentemente, en esta operación el régimen de Nicolas Maduras habría identificado el robo de al menos 30% del dinero percibido por la venta de petróleo entre 2021 y 2022. No hay información precisa sobre la colaboración internacional en esta operación, pero si hay evidencia que ciertas personas fueron detenidas y algunos bienes fueron incautados en cooperación con autoridades internacionales.
La definición de delincuencia organizada ha sido objeto de la influencia ideológica para cubrir o desviar responsabilidades. De la misma manera, las acciones gubernamentales contra este fenómeno han respondido a la política de turno dejando a un lado nociones básicas de inclusión, justicia, diversidad y prevención solo por nombrar algunos temas. Las tres experiencias anteriores, muestran diferentes apreciaciones de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Un primer ejemplo liderado por una organización multilateral con apoyo de agencias nacionales, el cual muestra el alcance que puede tener una acción coordinada. Un segundo caso que evidencia una acción eficiente, pero con innumerables interrogantes que amenazan la sostenibilidad de los resultados y el cual ninguna agencia internacional o gobierno colaboraría por precaución a no ser involucrado en posibles casos de violación de derechos humanos. Finalmente, con más que interrogantes y suspicacias que resultados creíbles, un caso “histórico” en un país donde no existe independencia de poderes públicos y donde la ley paso a ser del dominio de quien ostenta el poder material del Estado. Dada la ilegitimidad del régimen venezolano, cualquier colaboración internacional resulta compleja y la veracidad de los resultados es dudosa.
En resumen, las investigaciones sobre la delincuencia organizada internacional son cruciales para la seguridad y el bienestar de las naciones en todo el mundo. Antes es prioritaria, la legitimidad, la transparencia y una autentica representación de la población para asegurar una lucha efectiva contra la delincuencia basada en la prevención y no en el populismo. A través de la cooperación internacional las instituciones nacionales pueden enfrentar los desafíos actuales con mayor eficacia. Si bien queda mucho por hacer, la lucha contra el crimen organizado internacional sigue siendo una prioridad para los gobiernos de todo el mundo.