El informe de la Misión Internacional independiente de la ONU revela lo que los venezolanos hemos venido denunciando desde hace varios años: que el régimen utiliza la estructura del Estado para asesinar, hostigar y reprimir a sus ciudadanos, violando derechos humanos a la manera de las dictaduras de Pinochet o Videla que asolaron nuestro continente en el siglo pasado.
El Estado venezolano no actúa en función del bienestar de los ciudadanos sino en contra de estos.
Las “políticas de seguridad del Estado” significan la creación de planes policiales, cuerpos de seguridad y operativos que se ceban sobre comunidades vulnerables, liderazgos locales, jóvenes, familiares, gremios como los de la salud y la educación, grupos políticos opuestos al oficialismo. El informe también confirma como los distintos poderes públicos que deberían frenar o actuar ante estos desmanes atroces refuerzan, por el contrario, estos comportamientos. Ni la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía o el Poder Judicial han cumplido con su responsabilidad constitucional.
Debemos resaltar que este informe ha sido posible no solo por los esfuerzos del grupo de las Naciones Unidas, sino también por el trabajo de organizaciones locales de derechos humanos y la valentía de víctimas y familiares que han dado su testimonio. Desde organizaciones como Provea, Cofavic, Orfavideh, Monitor de Víctimas, entre muchas otras, hemos mantenido el trabajo de visibilizar, denunciar y documentar estos crímenes. Debemos denunciar que integrantes de estas organizaciones como las víctimas y familiares, están constantemente bajo la amenaza y persecución constante del gobierno, y las denuncias son tergiversadas e ignoradas por la institucionalidad pública, coaptada por la dictadura.
La escala de las atrocidades que está cometiendo el Estado venezolano señalan la ruptura definitiva de cualquier forma de convivencia desde el poder. Los venezolanos vivimos bajo un Estado victimario que establece relaciones con las personas desde la violencia y la intimidación.
La conmoción que este informe está causando en la opinión pública nacional e internacional, debe ayudar a promover el apoyo y la vinculación a organizaciones que denuncian y visibilizan estos hechos. Es de enorme importancia que entendemos que esta realidad nos afecta a todos. Podemos vincularnos a iniciativas de activismo social y político que aborden esta emergencia desde la acción organizada.
El contexto de vulneración de derechos humanos, desinstitucionalización, y violencia de Estado que estamos viviendo, requiere de la cohesión de la sociedad civil para enfrentarlo. Es necesaria una denuncia constante y cada vez más extendida que llame a impulsar procesos judiciales que castiguen a los perpetradores y contribuyan con el cese inmediato del secuestro, tortura y asesinato estatal.
En el Movimiento Caracas Mi Convive trabajamos bajo la premisa de que los primeros afectados por la violencia pueden convertirse en agentes de cambio de su realidad. Esta es ahora la situación de Venezuela y este es el momento en que los venezolanos debemos cohesionarnos para enfrentar al Estado victimario.
robertopatino.com
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