Art. 350 “El pueblo de Venezuela fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
La insostenible situación política que prevalece en nuestro país aconseja la necesidad de que la ciudadanía esté al tanto y medite un poco sobre el contenido del artículo constitucional transcrito anteriormente.
Hoy es evidente que la forma como el presidente del Consejo Nacional Electoral hizo ejercicio del Poder Público que le confiere la Constitución (artículo 139), acarrea para él responsabilidad individual la cual en este caso también alcanza a los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia quienes, sin lugar a duda alguna, han ejercido el Poder Público que sus cargos les confieren en abierto abuso y desviación del mismo, además de la violación del texto constitucional.
Sin embargo, la parte más controversial es la del artículo 350, que “invocando la tradición republicana, la lucha por la independencia, la paz y la libertad desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.” Estamos pues en presencia del derecho y/o el deber a la resistencia popular que, como es de suponer, será interpretada en forma diferente por quienes ejercen el poder -así sea usurpado- versus quienes se sienten convocados a defender los valores fundamentales.
Es evidente y está suficientemente comprobado que la proclamación espuria de los resultados del 28J anunciados por Amoroso y la veloz acogida de un extraño recurso interpuesto justamente por quien fue proclamado vencedor mas finalmente la insólita sentencia emitida en el caso, constituyen grotescas violaciones de los principios y tradiciones republicanas y democráticas consagradas en el texto constitucional, el cual no recoge una entelequia, sino que refleja cabalmente a nuestro pueblo.
Ante esta situación nace no solo el derecho, sino el deber, de resistir -pacíficamente claro está- el intento inspirado en el deseo enfermizo de quienes aspiran a desoír la soberanía popular expresada contundentemente hace tan solo algunas semanas.
Es evidente que desde el gobierno emana la decisión de acudir a cualquier recurso para preservar el poder, sin importar a estas alturas cuál sea el nivel de abuso, crueldad o ilegalidad que para ello sea necesario.
Los analistas del tema de las transiciones políticas encuadran el asunto en el concepto de “costo político” evaluado en la disyuntiva de conservar el poder versus el escenario de perderlo.
Para quienes saben que sus acciones tendrán consecuencias graves ningún costo será mayor que perder el poder político porque eso resultará en situaciones de extrema gravedad para cada uno de ellos. En consecuencia, el costo político requerido para preservar el poder a como dé lugar siempre será menor que la consecuencia de perderlo, aunque ello implique ignorar la presión interna e internacional. La «nomenklatura» está dispuesta a afrontar las presiones a la espera de que vengan tiempos menos turbulentos.
Hasta la misma Iglesia Católica en inspiración nada menos que de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, en su obra Summa Theologicae aborda el tema, lo cual ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Pero lo que es harto evidente es que el pueblo venezolano en su conjunto tiene el derecho legítimo a resistir las acciones que en estos días se han venido desatando en su contra por iniciativa gubernamental.
No parece razonable afirmar que resistirse a detenciones masivas, privación de libertad a menores, encarcelamientos sin razón y graves violaciones de derechos humanos que revisten ya categoría de crímenes de lesa humanidad pueda calificarse de ilegítima. En eso precisamente consiste la gesta de nuestra independencia nacional, la cual interpretada por el Imperio español de entonces era ilegal y daba origen a severas sanciones como desgraciadamente lo experimentaron muchos de nuestros próceres empezando por Miranda que falleció en Cádiz luego de largo y cruel encarcelamiento.
En todo caso, no deja de ser cierto que ninguna de estas disquisiciones ha logrado desplazar a la dictadura que nos gobierna, pero también es cierto que han contribuido a debilitar sus cimientos y es a partir de allí cuando algunos que puedan creer que ya la dictadura ha excedido su umbral de tolerancia pudieran estar pensando en “saltar la talanquera” para salvarse. Estos mismos son también los que pudieran participar en un quiebre que pueda dar lugar a que se abran las puertas a un nuevo renacer.
@apsalgueiro1
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