Los venezolanos padecemos cada día los efectos de la tragedia humanitaria. Es el fruto de un modelo político y económico decimonónico: el socialismo real. Sistema generador de violencia, corrupción y pobreza. Su implementación ha generado un severo conflicto interno y una absurda confrontación con las democracias occidentales que han llevado a la cúpula roja a entregar nuestra soberanía a Rusia, China e Irán, entre otras potencias del planeta.
La situación ha llegado al punto de instaurar un Estado forajido repudiado por buena parte de la comunidad internacional. Los efectos de ese conflicto lo padecemos los ciudadanos. Una economía arruinada, una infraestructura destruida y una sociedad fragmentada es su resultado.
Los venezolanos hemos dado largas e intensas luchas para rescatar la democracia, pero el Estado socialista ha violado el Estado de Derecho cerrando el camino a una solución pacífica, electoral y democrática. Luego de los eventos electorales fraudulentos, celebrados para darle justificación y piso a la continuidad del régimen, el conflicto ha escalado a una situación tal que ni la cúpula roja está en condiciones de gobernar (entendiendo por gobernar la capacidad de resolver la compleja problemática que nos aqueja), ni a la oposición le es posible instalar y ejercer las funciones del gobierno interino, creado a la luz de las competencias de la legítima Asamblea Nacional de 2015.
Tal situación ha llevado a sectores importantes de la comunidad internacional, como la Comunidad Europea y la OEA, a impulsar un proceso de negociación para buscar una salida al conflicto. La exigencia de la comunidad internacional ha obligado al gobierno en funciones y al interino a aceptar una convocatoria para trabajar una nueva búsqueda de solución al conflicto.
De entrada, Nicolás Maduro exigió unas condiciones a la oposición democrática que presagia la no instalación de la mesa de negociación. Como es natural, los venezolanos somos muy escépticos respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo que permita restablecer el Estado de Derecho en nuestro país, y atender la tragedia humanitaria que padecemos.
Sin embargo la oposición democrática no puede negarse a llevar sus planteamientos a ese proceso de negociación porque ahí está la veeduría de la comunidad internacional que podrá, nuevamente, valorar la inflexible y tozuda conducta del régimen revolucionario. La solicitud de la oposición venezolana tiene una esencia profundamente democrática. Se trata de dejar en manos del pueblo la solución de la conducción del gobierno y del Estado venezolano.
De entrada Maduro exige no cuestionar su presencia en el gobierno, ni la de la Asamblea Nacional instalada en enero de este año. Mientras, en la sociedad democrática cuestionamos los procesos con los cuales defiende su permanencia en el poder, él los considera legales y legítimos, cerrándole la puerta a la tesis de convocar elecciones presidenciales y parlamentarias propuestas por Juan Guaidó con el respaldo de la Plataforma Democrática.
Es en ese contexto que resulta pertinente la incorporación de la figura del referéndum revocatorio como la herramienta disponible en nuestra Constitución para resolver una crisis política, y como un derecho que no puede ser vetado por el régimen. Corresponde entonces a la mesa de negociación acordar las normas para garantizar el pleno ejercicio de dicho derecho por la ciudadanía, derogando la normativa vigente diseñada para impedir su implementación.
Es con el espíritu de colocar esta herramienta en la agenda del país, y en pleno ejercicio de nuestros derechos, que acudimos un grupo plural de ciudadanos ante el CNE a solicitar su activación. La iniciativa concretada el pasado martes 25 de mayo tiene como fin, por una vía constitucional, ofrecer a la sociedad una solución a la crisis a la cual puedan sumarse progresivamente todos los sectores que desean un cambio político para el país.
No han faltado voces alertando sobre una acción destinada a fraccionar más a la oposición política. Casi que una traición a la Alternativa Democrática. A quienes así piensan les hemos explicado la naturaleza y alcance de la iniciativa. Para nada se trata de una acción destinada a cuestionar liderazgos, ni mucho menos a dividir. Es un aporte de un sector de la sociedad democrática con el fin de contribuir a la natural discusión existente, respecto de la forma de lograr el cambio político.
El planteamiento de solicitar elecciones libres no está en contradicción con la iniciativa refrendaria. Al contrario, la complementa y la fortalece. Si Maduro y su entorno no acepta el planteamiento de efectuar dichas elecciones, entonces el referéndum surge como la herramienta a impulsar y en la mesa se podría negociar una implementación racional y efectiva del mismo. Si, por el contrario, Maduro acepta convocar elecciones presidenciales y parlamentarias en un tiempo relativamente razonable, entonces nosotros desistimos de la iniciativa refrendaria y nos sumamos de inmediato a trabajar por la campaña hacia esas elecciones.
Es importante destacar la importancia de adelantar una negociación razonable en el tiempo y en sus contenidos. La magnitud y naturaleza del conflicto, calificado por sectores importantes como una guerra de nueva generación, obliga a explorar una solución desde la perspectiva de la negociación. Aun en trágicas guerras convencionales se han adelantado negociaciones en medio de los combates. En esta guerra nuestra es entonces comprensible esa negociación, más allá de la poca esperanza que tenemos muchos de la voluntad de Maduro a convenir en una solución pacífica y democrática al conflicto.