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Muchos analistas políticos y líderes del sector de los partidos políticos tienden a simplificar los problemas, en parte para comunicarse con las masas que requieren información lo menos compleja posible y en parte para entender ellos mismos lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que ha derivado en la idea de que el país va camino a un interinato 2.0 como el que ocurriese durante los años de la aparición súbita a nivel nacional del diputado Juan Guaidó, el cual causó al gobierno nacional una serie de costos políticos y económicos, de los cuales se destacan las sanciones financieras y el bloqueo político en muchos foros internacionales.
Pensar que estamos en una versión de lo anterior, un «remake político», es un pensamiento peligroso, que no tiene en cuenta muchos factores que diferencian este caso del anterior, como serían los siguientes:
1-Unidad de mando
Si se revisa los liderazgos políticos opositores desde 2012, se recordará que siempre existió una negociación política entre los diversos actores partidistas, para tomar decisiones que permitan articular políticas operativas y que usualmente terminaban concretándose a través del mecanismo de repartición de cuotas de poder, bien sea en testigos de mesa, coordinadores de centro, candidatos a concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, lo cual impedía a la larga cualquier autocrítica, evaluación o caracterización de la conducta de los mismos, para evitar la ruptura de las difíciles relaciones entre los partidos políticos.
La aplastante victoria de María Corina Machado le permitió asumir el total control operativo de la campaña electoral y por ello impulsó un enorme cambio en la selección y formación de testigos de mesa y coordinadores de centro de votación que se reflejó 48 horas antes del 28J, cuando se presentaron masivamente dichas plantillas electorales a la instalación y revisión del material electoral, permitiéndole conocer con quiénes contaba y reemplazar a los faltantes para el día domingo de las elecciones.
Este caso demostraría que no ocurriría lo acontecido en otras elecciones, donde nunca se llegó a saber jamás cuántos testigos electorales opositores faltaron o abandonaron las mesas el día del sufragio.
La aparición de un conteo digital de más de 80% de las mesas electorales es otra demostración de planificación política, que no se hubiese logrado hacer o mantener en secreto, con los esquemas tradicionales, por lo cual se explica en parte una serie de detalles que permitieron que la candidatura nada subterránea de María Corina Machado se expresara a través de la figura de Edmundo González Urrutia, que se armonizó de tal forma que no dio rendijas de división o disputas en la opinión pública nacional.
Por ello, es sorpresa para muchos, excepto para quienes lo vivieron durante la campaña, que los partidos políticos que apoyaron formalmente con sus tarjetas dicha candidatura presidencial hayan planteado en el TSJ que no tienen las actas y es que la digitalización, transporte y resguardo, donde sea que estén dichas actas, correspondió a un equipo de tarea nacional e internacional, de completa responsabilidad ejecutiva única, lo cual le llevó al éxito político de poder cuestionar las elecciones a nivel nacional e internacional.
2- Contexto internacional
La situación actual de la Guerra de Ucrania, que tiene a 48 naciones en una guerra «proxy» con la Federación Rusa, a través de Ucrania, sumado al hecho de que existe una guerra tecnológica y comercial entre Occidente y China, genera una serie de situaciones o alianzas entre los países de cada bando que se manifiestan de forma poco diplomática, en muchos casos.
Un claro ejemplo de las diferencias con el caso anterior de Guaidó es la división entre los actores políticos de izquierda en América Latina para defender al gobierno de Maduro, sin que los medios de comunicación globales les destruyan con acusaciones de doble moral y falta de coherencia política.
Este es el caso de los gobiernos de México, Brasil y Colombia, que desearían apoyar a Maduro abierta y totalmente, por razones políticas internas, pero no lo tienen nada fácil para justificarlo ante su opinión pública nacional, por lo cual deberán pagar el coste político y económico de su posición, especialmente si se aprueba la Ley Valor en el Congreso estadounidense que plantea sancionar a los que operen política o económicamente con el gobierno nacional actual de Venezuela.
A diferencia de la época de Guaidó, existe una situación de preguerra mundial que hace muy complicado que actores internacionales se hagan los desentendidos de la crisis política en Venezuela, que lleva al menos 7 millones de emigrantes y que podría subir a mucho más, de acuerdo con ciertos sondeos de opinión.
También hay que asomar posibilidad de una guerra abierta y total entre Israel y la República Islámica de Irán, que tenga repercusiones indirectas en el país, si se generan atentados terroristas contra ciudadanos y empresas israelíes y estadounidenses en Latinoamérica y dichos gobiernos terminan acusando al gobierno nacional actual de cómplice por su alianza tecnológica, económica y política con el gobiernos iraní.
3- Contexto nacional
Desde de 2013 hasta la fecha ha existido un desconocimiento por parte de la oposición política en Venezuela de los resultados electorales presidenciales desde Capriles, luego Falcón hasta llegar a Edmundo González, que el gobierno nacional ha logrado superar con enormes consecuencias sociales y económicas.
La emigración, las sanciones, la reducción de la economía nacional en más de 70%, son realidades inocultables, que hacen preguntar al lector si el país estará en condiciones de soportar una nueva ronda de nuevas sanciones internacionales que desbaraten por completo la economía nacional y nos lleven a una situación de precarización y empobrecimiento parecido al de la República Democrática de Corea (Corea Norte), donde los riesgos de hambruna son muy reales, como ocurriese en la época de los años noventa del siglo pasado, cuando millones de personas murieron de hambre.
La idea de «pasar la página» celebrando unas elecciones locales, estadales y de la Asamblea Nacional, en las que el gobierno obtenga 100% de los cargos, no es factor de preocupación para el Comando Político actual de la oposición, que desea una solución integral a la crisis política y por ello existe otra gran diferencia con la época de Guaidó, en este sentido.
La idea política de utilizar la vía judicial para secuestrar las organizaciones políticas terminó por radicalizar y unificar a la opinión pública opositora, como se demostró en los resultados electorales de los partidos intervenidos.
4- Conclusiones
Estamos a las puertas de un nuevo capítulo de la confrontación política iniciada en 1999…