En las campañas electorales, tan constantes en los países iberoamericanos que pareciera que la pandemia las han incentivado, se ha hecho tan frecuente realizar promesas incumplibles, que ahora sirve incluso de justificación el hecho de que «Bueno, eso se dice en campaña» o «se justifica porque era la campaña». Con independencia de la dosis de cinismo que conlleva , lo cierto es el alejamiento que consiguen tales afirmaciones de los ciudadanos y sus preocupaciones. Los resultados electorales de Chile, con proliferación de independientes para redactar el nuevo texto constitucional , quizás la más sagrada de las misiones del político profesional, y lo que se avecina en Perú, con dos candidatos que hasta ahora no tenían precisamente una acentuada popularidad , aseveran lo escrito más arriba.
Cada día hay voces que claman y expresan planteamientos que llevan a que algunas decisiones estén en manos de profesionales preparados y no de políticos profesionales , que sin rubor alguno prometen proyectos irrealizables o indican solo una parte de la verdad. Al menos, es razonable que la sociedad impulse el constante diálogo entre políticos y profesionales de la administración pública, como está ocurriendo en los países del Norte de Europa y la experiencia de la pandemia parece consagrar. La opacidad en el reparto de las vacunas en algunos países genera angustia en los ciudadanos, que en este asunto exigen eficacia y efectividad inmediata.
La literatura científica es prolija en este tipo de argumentos, aunque tampoco conviene pasarse de frenada y creer que la sabiduría toda reside en los libros, la técnica y la experiencia, pues la política concede a las situaciones sobrevenidas al menos dos cualidades inexistentes en el ámbito tecnocrático: la percepción de la realidad en la sociedad, teniendo en cuenta las diversas alternativas forjadas por los grupos de ciudadanos, y la legitimidad concedida en el sistema democrático por las urnas.
Precisamente los acontecimientos de Chile y Colombia nos dan pie para reflexionar sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones tradicionales del sistema democrático y su valor actual. Las rebeliones ciudadanas, azuzadas por la injusticia social , por la austeridad sacralizada durante décadas y quizás también por la fatiga pandémica, alejan al ciudadano de sus dirigentes y les hacen dirigir la mirada y la confianza hacia otros grupos de independientes o formaciones políticas minoritarias y desconocidas hasta ahora. Los resultados del referéndum constitucional en Chile, iniciativa loable con certeza, atestiguan que los representantes políticos tradicionales están en franca decadencia, en beneficio de personas de relevancia desconocida hasta ahora en los cenáculos políticos tradicionales pero que en el futuro van a mostrar mucha presencia y probablemente participación activa en los cambios políticos y sociales de los próximos años.
Con demasiada frecuencia se ha olvidado que las políticas públicas deben ser decididas y gestionadas por las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos. Como se ha indicado refiriéndose a la doctrina de la subsidiariedad: la provisión de bienes –y servicios– públicos debería ser gestionada en la escala más baja de la gobernanza viables para los bienes y servicios en cuestión. (Sachs,2021)
Una de las formas que se presentan como realizables para llevar a cabo acercamientos con las necesidades y demandas ciudadanas, es precisamente fortalecer las instituciones públicas encargadas de llevar a cabo las políticas públicas. Por ello, las iniciativas emprendidas por Bruselas y el gobierno norteamericano para establecer un impuesto mínimo de sociedades a las grandes multinacionales que hasta ahora practican un dumping fiscal, a todas luces injusto al compararlo con otras corporaciones industriales o financieras, son especialmente positivas. “Esta es la mejor oportunidad y el mejor momento para una reforma de la fiscalidad mundial”, ha declarado el vicecanciller alemán, Olaf Scholz.
Desde luego, la necesaria transformación de nuestros Estados, como la pandemia nos ha demostrado insistentemente, precisa de más gasto público y, en consecuencia, de ingresos para poder llevarlos a cabo.
Para recuperar la confianza también es preciso que los gobiernos y la alta dirección pública piensen de otra forma, de manera tal que la disrupción sea un elemento esencial en su quehacer. No sólo se trata de aportar dinero como es tradicional: apoyar a los sectores productivos, subsidiar, prestar dinero a empresas, avalar a diversos sectores productivos. Estamos planteando una nueva forma de hacer las cosas, para que no tanto se trate de nuevos incrementos presupuestarios o de creación de nuevos organismos públicos, sino de repensar las formas de llegar más eficazmente a los ciudadanos: debemos aspirar a una política económica que se enfoque en problemas concretos y se oriente por resultados. (Mazucatto, 2021)
La confianza ciudadana se recupera mediante el fortalecimiento del Estado, si ejecuta políticas públicas en su beneficio. La ejecución, además, puede llevarse a cabo en cualquiera de los niveles de administración, siendo el ámbito local el más cercano y reconocido por los ciudadanos.