La mayoritaria ausencia ciudadana de los centros de votación en los comicios presidenciales de 2018 y parlamentarios de 2020 es explicable por la pérdida de confianza en el voto como genuino instrumento de su voluntad política y sus preferencias.
Esa desconfianza es producto del largo, consistente y planificado trabajo del régimen para envilecer el sistema electoral y desnaturalizar el voto. En otras palabras, los comicios dejaron de ser: justos, libres, competitivos, verificables.
La culminación del proceso de desnaturalización del sistema electoral se produjo en 2016 cuando el chavismo constató que su antaño arraigo popular se estaba licuando y que la reversión de esa situación era poco probable. Tiempo después del secuestro del revocatorio, Maduro afirmó que solo habría elecciones si era para que las ganara el PSUV. Más claro imposible.
La recuperación de la confianza ciudadana en el sistema electoral y en el voto pasa por la concurrencia de distintas situaciones que han sido denominadas “condiciones”. Esas condiciones son un compendio de factores políticos, ambientales, legales, técnicos y por la convicción ciudadana de que votar casa con sus intereses, cualesquiera ellos sean. Al respecto de lo anterior hay que recordar que buena parte de los venezolanos hemos votado en el pasado en las condiciones adecuadas que garantizaron la libertad, justeza, competitividad y verificabilidad del sufragio como instrumento.
De cara a la megaelección convocada para el 21 de noviembre conviene preguntarse si se han producido los cambios necesarios para devolverle la confianza a la ciudadanía en el sistema electoral y en el voto como instrumento para volver masivamente a los centros de votación.
En mi criterio, no se ha producido la apertura adecuada para distender la crispación política y garantizar el ambiente adecuado para un proceso electoral normal: continúa la persecución contra partidos y dirigentes políticos democráticos, persisten las inhabilitaciones de dirigentes y activistas políticos, permanece el secuestro de partidos políticos, tarjetas, símbolos; también el acoso a organizaciones no gubernamentales, activistas de los derechos humanos, la persecución de dirigentes sociales, gremiales simplemente por luchar y defender sus reivindicaciones. Incluso cuando parecía sellada la paz entre gobierno y cúpula empresarial Maduro, la semana pasada, arremetió y amenazó al empresariado de manera genérica argumentando la comisión de no se sabe cuáles irregularidades. Persiste el acoso a los medios de comunicación independientes y el abuso, el ventajismo en los medios del Estado. Por si esto fuese poco, los colectivos y el hampa asociada al régimen, instrumentos de control socio político, sobre todo en los sectores populares, siguen presente amenazando la seguridad y libertad de la sociedad.
Desde el CNE se anuncia que se han realizado auditorías y otras acciones en el terreno técnico-electoral, avaladas por una comisión de expertos en la materia, que garantizarían la pulcritud de la votación y bloquean cualquier intento de fraude a nivel de las mesas electorales. Sin embargo, instituciones solventes en la materia como Súmate argumentan la insuficiencia de los avances en el particular.
En Venezuela la descentralización y la autonomía regional y municipal son casi formales porque el chavismo en consonancia con su concepción autoritario dictatorial del ejercicio del poder se esmeró en llevar a cabo un proceso de recentralización de la mayor parte de las competencias político administrativas que la legislación vigente otorgó a las gobernaciones y alcaldías. No contento con ello el gobierno nacional les niega y regatea la parte del Situado Constitucional que les corresponde. Y si el gobernador o el alcalde son de oposición les nombra los llamados protectores o les crea nuevas jurisdicciones político administrativas paralelas.
Maduro se comprometió a desechar la ilegal figura del protector, lo cual pareció un gesto positivo, pero no fue más que una movida publicitaria porque la AN usurpadora aprobó en primera discusión la Ley del Poder Comunal que liquida definitivamente los estados y municipios.
A escasos cuatro meses de los comicios no se percibe ambiente electoral a nivel ciudadano; solo en algunos sectores políticos hay una carrera frenética de postulaciones de variada índole y procedencia: chavistas, mesito-alacranes y sectores opositores decididos a participar en los comicios a todo evento, también aparecen los candidatos profesionales que se postulan a cuanto cargo vaya a elegirse a ver si alguna vez la pegan. De unidad de las fuerzas democráticas nada se avizora faltando poco para que se cierre el periodo de postulaciones.
Pareciera que estamos en presencia de una especie de burbuja electoral en la cual habitan ciertos sectores políticos. Hablamos de burbuja porque pareciera que esos esfuerzos y afanes electorales no tienen por los momentos conexión con el sentimiento y los intereses de una parte sustancial de la ciudadanía.
Al día de hoy, 3 de agosto, se pueden extraer dos conclusiones de la situación: no existen suficientes incentivos para que la ciudadanía vuelva masivamente a los centros de votación porque no se han producido los cambios que le devuelvan confianza en el sistema electoral. El régimen se encamina a obtener una victoria política que trasciende de largo las ganancias electorales y de posiciones. Asunto este que abordaremos en próxima fecha.
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