Por equipo editorial
La más recientes decisiones del régimen de Nicolás Maduro, sobre la aprobación en primera discusión de la llamada «ley del fascismo» -complemento de la «ley del odio»- y la ejecución que viene a llamar eufemísticamente a las escuelas y liceos como «Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadales» publicada en Gaceta Oficial 42.845 de fecha 4-4-2024, y donde, concretamente en su artículo número 6, elimina los concursos y componentes de posgrados como requisitos para optar a los cargos directivos, lleva a la muerte en términos del conocimiento la carrera de Educación en Venezuela.
Así, por un lado, la «ley de fascismo» que también coloca a los docentes de historia y ciencias sociales en bachillerato, y las educadoras integrales o profesores de esa área con un pie en las cárceles, porque bastará el informe de esos «directivos», quienes con haber cumplido el requisito de «interés por la patria,» aseguren que las clases o mensajes de las maestras y docentes tienen connotación «fascista» para que sean procesados por la ley con semejantes características, razón por la cual, además de que el educador tendría que autolimitarse en el hablar de tales fundamentos históricos, es evidente que si un docente reclama por cualquier circunstancia las extremas condiciones de trabajo o salarios, o simplemente le habla a los estudiantes de alguna versión política, económica o social, que no agrade al «directivo» serán causales inmediatas de destitución, y probable juicio penal, por «odio o fascismo».
Es decir, el régimen si algo ha desnudado con tales «instrumentos jurídicos» es el fin último del control social de la educación, al impedir la autonomía de los educadores e imponer el pensamiento único en relación con los hechos históricos, y el actuar libremente conforme a lo que realmente está establecido en la Constitución, al aprobar un adefesio at supra, que solamente por anular la exigencia de posgrados para ejercer cargos directivos coloca la preparación académica propia de la educación en un nivel terciario, porque es evidente que lo importante será la lealtad política al gobernante de turno en lo que ellos consideran se asocia con un ser «patriótico».
La complementariedad de estos exabruptos jurídicos, además de ser anticonstitucionales, se centran en mantener su política del miedo y terror sobre los ciudadanos, pero que al ver que el gremio docente se ha mantenido incólume en sus reclamos y acciones, pisotean la Constitución, la Ley Orgánica de Educación y el Reglamento del ejercicio de la profesión docente.
O sea, no bastando con los salarios de 10 dólares al mes, la eliminación de facto de los beneficios laborales, asistenciales, y las cajas de ahorro, y sin valorar que hay educadoras y profesores que han fallecido sin recibir su pago de prestaciones sociales, solamente quedan las instancias internacionales para levantar la voz, y denunciar los hechos de violaciones de derechos humanos.
Es una vergüenza que desde la tierra de Luis Beltrán Prieto Figueroa, fundador del entonces Instituto de Cooperación Educativa (INCE), también destruido en sus bases filosóficas, la educación haya sido condenada a muerte, suprimiendo cualquier forma de protesta y generando una bazofia ideológica que termina de consolidar la barbarie del régimen y sus espacios neototalitarios.
En tal contexto, el magisterio venezolano está obligado hasta donde lo permitan las fuerzas y sus posibilidades en reclamar la derogatoria de tales instrumentos y alzar nuestras voces ante el escenario educativo mundial, y la Unesco, que en Venezuela hasta la educación la estamos enterrando por verdaderos fascistas, quienes solo desean el control absoluto, ya no solo de los educadores, sino de nuestros niños y adolescentes.
Solo nos queda el voto de este 28 de julio para intentar cambiar la muerte de Venezuela como país y como patria. Sin educación no existe futuro. Solo hambre y miseria.