En días pasados la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019 (resolución 42/25) publicó su informe (Doc: A/HRC/45/CRP.11), en el que se recoge la situación de los derechos humanos en el país, su violación sistemática y generalizada, un documento que ha causado una enorme preocupación en Venezuela, en la región y en el mundo que ve con horror cómo desde las más altas esferas del poder se ordenan o se consienten crímenes de lesa humanidad.
La misión se constituyó para que investigara “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. El régimen venezolano debía colaborar que ella, tal como lo pidió el Consejo, lo que no hizo, tratando más bien de obstaculizar su trabajo al negarle la entrada al país, lo que no impidió que cumpliera su misión gracias a testimonios fieles y auténticos de centenares de víctimas y sus familiares, de exfuncionarios y funcionarios activos del régimen, de jueces y fiscales y de muchas ONG que han dedicado sus esfuerzos en esta lucha. La metodología y las fuentes, simplemente incuestionables.
El informe es demoledor. Muestra en forma cruda en sus 443 paginas lo que realmente sucede en Venezuela desde hace algunos años, aunque ello debería abarcar los últimos 20 años de régimen chavista que decidió acabar con el país y someternos. Se presentan hechos concretos y se señalan responsabilidades en forma clara de Maduro, Padrino, Reverol, Cabello y otros involucrados directa e indirectamente en la comisión de estos horrendos crímenes.
Y no se trata de simples violaciones de derechos humanos que se ubican en un espacio normativo particular y en el marco de órganos de control específicos: en primer lugar, los órganos jurisdiccionales nacionales y en caso de que no se resuelvan las situaciones, el recurso a los órganos del sistema regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte-IDH, si fuere el caso. Se trata de crímenes internacionales, es decir, de crímenes de lesa humanidad tal como están definidos en el Estatuto de Roma, es decir, de actos graves cometidos o consentidos en forma sistemática, lo que es evidente al demostrarse que todo responde a una política de Estado y, además, aunque no es necesario llegar a esta segunda precisión, se trata de crímenes llevados a cabo en forma generalizada, en contra de la población, en contra de los opositores a quienes se les quiere aplastar, como señala en el mismo informe. Esta calificación abre la posibilidad, en aplicación del principio de la complementariedad, a la Corte Penal Internacional de ejercer su jurisdicción y conocer estos hechos, así como procesar y castigar eventualmente a los responsables.
Es importante destacar dos cuestiones. En primer lugar, que estamos ante un informe elaborado por expertos independientes y no por un órgano de composición política, lo que le da enorme credibilidad e imparcialidad, aunque el régimen a través de su vocero Arreaza lo haya tratado de disminuir. El informe será considerado por el consejo mañana miércoles, oportunidad que tendrá la dictadura para descalificar a los miembros de la misión, la metodología utilizada, las conclusiones a las que llegó y las recomendaciones que hace. Por supuesto, contará con el apoyo de algunas delegaciones que irrespetan el orden jurídico establecido, en pocas palabras, que conforman el denominado grupo de Estados forajidos que desprecia la dignidad humana sobre la cual se construye el sistema de protección de los derechos humanos. Los gobiernos amigos de la democracia, por su parte, lo apoyarán seguramente y reafirmarán su postura ante la dictadura más criminal que ha vivido la región en su historia.
Pero, independientemente del debate que pueda suscitar el informe y la forma en que se apruebe, con reservas de algunos pocos o de ninguno, su contenido es una prueba más de lo que sucede en el país. No es desde luego una sentencia o una decisión judicial, pero si un documento de inmenso valor político y jurídico. Es un texto que no solo advierte sobre una realidad incuestionable, con las consecuencias políticas que de ello se derivan, si no que constituye un documento con elementos jurídicos muy relevantes que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional deberá considerar para decidir de una vez por todas sobre el inicio de la investigación para determinar la responsabilidad de los autores de estos horrendos crímenes reflejados en la cadena de mando que se destaca en el informe.
Es importante, además, y ese debe ser el esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, del gobierno interino y legítimo de Venezuela, que el informe sea divulgado y dado a conocer en el país y fuera, para lo cual debe hacerse un ejercicio de divulgación rápido y completo para que surta los efectos que todos esperamos.
La situación de Venezuela, vale reiterar, va más allá de la “simple” violación de derechos humanos y del sufrimiento de un pueblo oprimido. Es un problema de paz y seguridad internacionales que exige que los órganos competentes la consideren y fijen posición antes de que sea tarde y me refiero en concreto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que debería reunirse cuanto antes, para examinar este tema que pone en peligro no solo la paz regional, sino la estabilidad mundial, cuando combina estos crímenes, con la corrupción como medio y fin; y con otros delitos igualmente graves de alcance transnacional, el narcotráfico, la extracción y tráfico ilícito de minerales estratégicos, apoyo al terrorismo, entre otros, todo ello para perpetuarse en el poder y expandir un modelo que en definitiva plantea la destrucción de la democracia y los principios y valores que la sustentan, una amenaza global que debe ser enfrentada con fuerza y decisión por los demócratas del mundo, antes de que sea demasiado tarde.
La realización de crímenes internacionales, las violaciones graves de derechos humanos, la destrucción de un país no es un problema exclusivamente nuestro; es un problema de la comunidad internacional la que debe responder en forma solidaria y con la celeridad que exigen las circunstancias.