El Estado cada día se aleja más de lo que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional al no garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos.
El derecho a la alimentación es uno de los que es vulnerado por una hiperinflación que imposibilita cubrir la canasta básica. Con sueldos de hambre, pensiones miserables y aguinaldos insignificantes profundizan la crisis.
Asimismo, al no poder contar con un seguro y estar los hospitales en precarias condiciones que les imposibilita prestar el adecuado servicio, se coloca en riesgo de vida a los menos pudientes.
Pero la arremetida contra los derechos humanos es aún mayor con el cierre de varias emisoras en los últimos días, para lo cual el Estado utiliza el tribunal de hecho llamado Conatel. Esta institución sigue actuando al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al no aplicar procedimientos establecidos, lo que vulnera el derecho a la defensa y a la libertad de expresión.
En esta misma situación se encuentran los 245 presos políticos que siguen siendo víctimas de un sistema de justicia penal politizada que vulnera el debido proceso establecido en el artículo 49 de la carta magna. La suspensión sistemática de las audiencias profundiza el retardo procesal violando la presunción de inocencia.
¡Estamos en presencia de un Estado que sigue aniquilando los derechos humanos sin miramientos!