Nunca antes una data es esperada con tanta expectativa para el pueblo en general, el gobierno interino de Juan Guaidó como el régimen usurpador en funciones de Nicolás Maduro Moros.
Tal fecha legalmente es la indicada para la escogencia de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, la cual regirá administrativamente la gestión legislativa cuya principal función es la elaboración, evaluación y promulgación de leyes y reglamentos estipulados en sus obligaciones, entre otras responsabilidades.
Antes de reseñar los acontecimientos que esperan los venezolanos, debemos detenernos en el suceso de que a los diputados hoy indiciados les fueron suspendidos los salarios por decisión arbitraria del Ejecutivo desde el mes de agosto de 2016.
Condeno el hecho en cuestión, si así lo dictaminasen los jueces naturales de los señalados. Los legisladores electos de la Asamblea Nacional para el actual período vivieron las consecuencias, al igual que todos los venezolanos del proceso planificado para el empobrecimiento de la nación por parte de Hugo Chávez, mediante la sustracción indebida de la capacidad instalada industrial y pérdidas de posiciones de labor.
Muchos representantes son dependientes de los emolumentos de su jornal como funcionarios electos.
Estos son espiados por personal que informa al régimen las calamidades por las cuales pasan debido a los ausentes ingresos.
Agentes gubernamentales conscientes de tal realidad los tientan o seducen por dinero a cambio de favores, como los documentos relacionados con la investigación de las bolsas CLAP.
Hay que vivir en un hogar criollo y observar las exigencias diarias por el núcleo hogareño al sostén de la casa para cumplir con los compromisos básicos.
Sin duda, un plan siniestro el de Maduro.
Expropiaciones, deudas internas que no honró el Estado llevando a gran parte del sector productivo a la quiebra financiera, unidos al acelerado aumento del desempleo, como hechos punibles por parte de hampa, aparte del deterioro de la educación. Corruptamente intentan minar la voluntad de los venezolanos a cambio de un plato de comida.
Carlos Fernández, empresario y ex presidente de la Federación de Asociaciones y Cámaras de Producción –Fedecámaras-, en Venezuela nos indica: “Hemos agotado todos los procedimientos conforme a la Constitución venezolana. Nuestros diputados han realizada un loable trabajo. De acuerdo con lo realizado por Juan Guaidó, tenemos el apoyo de otras naciones. Este venidero 5 de enero debemos reelegirlo como presidente en las funciones que viene desempeñando e insistir en la salida de Nicolás Maduro”.
Para el año de la muerte del barinés, las estadísticas del Observatorio Venezolano de la Violencia arrojan 24.980 muertes violentas con un índice de 82 víctimas por cada 100.000 habitantes; y la deplorable ubicación de ser el segundo país en el mundo con el mayor número de fallecimientos por vía de la fuerza.
He ahí la herencia social de Chávez Frías.
Ello no fue puntual, es el reflejo de un ascenso continuado en la inseguridad del ciudadano común. Contrario a lo observado durante el siglo XX, se disparó desde la llegada al poder de Chávez Frías, aspecto este que me lleva a reiterar que el incremento de las muertes violentas en lo que va de la centuria es una política de Estado que mediante el terrorismo y la violación de los derechos humanos persigue mantener controlado a los parroquianos en sus hogares ante el temor de ser asaltados por los antisociales.
Los certificados entregados a empresarios investigados por parte de algunos diputados miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana, eximiéndolos a ellos de culpabilidad, no coincide con el legajo de las pesquisas.
Tal iniciativa constituye hasta hoy la última ruina del prójimo en este mes de diciembre junto con la írrita designación de una directiva del Tribunal Supremo de Justicia legítimo.
Debo referirme a la recién designada directiva, por cuanto es solo la punta del iceberg de otros bochornos que harían palidecer a quienes han protestado con pleno derecho ante la Asamblea Nacional por la autodesignación indebida de las autoridades judiciales.
Los partidos han mantenido distancia ante el entuerto, pero consultados dirigentes políticos ratifican que esperan soluciones dentro del fuero interno judicial la circunstancia adversa, tomando decisiones ajustadas a derecho en el marco de la Constitución, respetando el quórum reglamentario dentro del espíritu democrático reinante en el gobierno interino.
Los comunistas mandarán a la cárcel a diputados, como en efecto lo hacen; los atemorizarán para que abandonen la nación; les ofrecerán dinero o riquezas; prometerán embajadas y consulados; los inhabilitarán jueces venales, todo para lograr los usurpadores obtener votos suficientes que los encumbren este mes de enero a la presidencia del Poder Legislativo, único poder constituido reconocido mundialmente.
El 5 de enero los diputados cumplirán a cabalidad una vez más el mandato conferido por el pueblo para designar las autoridades legislativas y evitarán todas las corruptelas y maniobras políticas.
Dios está con Venezuela, ningún déspota armado evitará que vuelvan los venezolanos a vivir en paz y armonía nacional.
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