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Se tenía que decir y se dijo. ¡Claramente! Sin lugar a dudas ni espacios para los argumentos peregrinos del fiscal de facto que le sirve a Maduro. Está publicado, tal como se ha venido solicitando insistentemente, por todos los abogados de asociaciones civiles y por los defensores de los derechos humanos dedicados a tiempo completo, a observar de cerca la marcha del proceso que conoce lo que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Chávez y Maduro en estas últimas dos décadas. ¿Que no estamos plenamente satisfechos con el alcance de la opinión que dejó escrita la exfiscal Bensouda? Sí, lo confieso, es así, pero por otra parte es un paso significativo que se ha dado en esta larga espera de decisiones que terminen castigando a los torturadores y asesinos de las mafias venezolanas.
Queda claro entonces que el sistema judicial venezolano no ha puesto en acción ningún juicio en el marco del debido proceso, ni ha practicado investigaciones que conduzcan a precisar los hechos criminales objetos de las denuncias. Igualmente se caracteriza al sistema judicial venezolano como un aparato carente de independencia y autonomía para tramitar, como legalmente corresponde, los hechos criminales denunciados y la fiscal Bensouda presume que “el Estado mantiene protección a los autores de los delitos denunciados”.
Lo que vale la pena subrayar en los papeles dejados firmados por la exfiscal Bensouda es que acepta y comunica que “tiene la certeza de la veracidad, de los hechos denunciados, así como la procedencia del requisito fundamental para que la CPI asuma la investigación dando por cierto que en Venezuela lo que hay son aparatos tribunalicios que trabajan incondicionalmente para Maduro y su corte de bandoleros. Es aquí lo más importante de ese juicio de valor porque se dan razones para que se active el principio de complementariedad, lo cual significa que en criterio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en nuestro país no hay un sistema judicial confiable ni garantista.
Tienen razones para estar inquietos y en estado de alerta todos los defensores de los derechos humanos que no olvidan que los crímenes de lesa humanidad comenzaron a darse en Venezuela mucho antes del año 2017. Estamos de acuerdo con esa inconformidad. Pero lo que nos corresponde ahora es mantener la vigilia, seguir aportando pruebas, apoyarnos en las denuncias de mucho peso que se han introducido, como la que presentaron los Estados Partes a saber, Canadá, Perú, Chile, Colombia, Paraguay y Argentina, además de los informes elaborados por la ONU y por la OEA, y que fueron oportunamente consignados ante la Corte Penal Internacional. ¿Que ha habido retrasos? Sí, es cierto, pero esas demoras no deben desarmarnos de entusiasmo ni dejarnos paralizados; por el contrario, hay que incrementar las pesquisas, redoblar las diligencias y estar con los ojos puestos, todo el tiempo, en ese Tribunal para que se haga justicia.