La frase que encabeza esta nota fue dicha por un parlamentario español en el Congreso de los Diputados cuando una mayoría circunstancial formada por el comunismo y sus adláteres aprobaba la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, el 14 de diciembre de 2020; y es que el proyecto permitirá al gobierno interferir en este órgano y recortar sus atribuciones con el deliberado propósito de tomar cuanto antes el control del CGPJ, como se deduce de las expresiones de sus promotores.
El debate en la Cámara se caracterizó, como informan los medios, por la “lluvia” de insultos de la izquierda contra los integrantes de ese organismo, de los jueces y hasta de los respetables magistrados del Tribunal Supremo, a quienes se llegó a acusar de «prevaricar» y violar los derechos humanos por sentenciado a volver a juzgar a un dirigente de la izquierda abertzale, una ideología nacionalista e independentista vasca.
Para cualquier ciudadano que disfrute de la libertad en un régimen democrático le parecerá que una discusión como la comentada es normal en el menos malo de los sistemas políticos, como se dice que Winston Churchill consideraba a la democracia; pero, luego de haber vivido la experiencia venezolana, en la cual se enterraron 40 años de una República Civil para dar paso a una vulgar dictadura, queda solamente recordar los eventos con miras a mostrar al pueblo español el grave derrotero que esta tomando la política en la madre patria que, a la larga pero antes de lo que menos se piensa, pisa el acelerador hacia el fin de esa libertad y democracia nacidas al amparo de la Constitución de 1978.
Durante la República Civil, los venezolanos advertimos que, debido a la intervención política del Poder Judicial, la independencia de los jueces y magistrados fue paulatinamente disminuyendo, al tiempo que la corrupción avanzaba extendiendo sus tentáculos a través de las llamadas “tribus” judiciales. Por supuesto, honorables y honrosas excepciones las hubo, pero repetíamos casi automáticamente y con resignación y sarcasmo que “( … ) los nombramientos los hacen Gonzalo y Caldera en una partida de dominó ( … )”, en alusión directa al senador Gonzalo Barrios y al expresidente Rafael Caldera, ambos reconocidos por su adicción al popular juego de mesa.
Una Corte Suprema de Justicia que se rindió a la política para condenar al expresidente Carlos Andrés Pérez; y un Consejo de la Judicatura entretenido -vuelven las excepciones a aparecer- en defender o acusar a los jueces pertenecientes a la tolda contraria, mientras que a nivel de instancia se veían toda clase de desatinos que evidenciaban desconocimiento de la profesión judicial, corrupción y sometimiento al poder político, mientras algunas voces se alzaban unas criticando y otras -como el movimiento ARCA en inicios de los noventa- proponiendo soluciones, quizá anticipando que la falta de iniciativas para recuperar la independencia judicial conduciría a la perdida de la libertad y la democracia.
Y llegó 1999 con la panacea esperada por aquellos que ingenuamente creían que el comunismo y sus adláteres -agazapados detrás de un militarcete que había ganado unas elecciones con amplia mayoría- traerían en su portafolio una reforma seria y sincera del Poder Judicial, pero su esperanza se transformó en desilusión cuando la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), fundamentándose en su propio Estatuto e invocando un imaginario e inventado poder constituyente dizque otorgado por el pueblo mediante referéndum, el 12 de agosto de ese año dictó el “Decreto mediante el cual se declara la reorganización de todos los órganos del Poder Público”, y el 19 del mismo mes y año acordó intervenir el Poder Judicial estableciendo una Comisión de Emergencia Judicial que sustituyó a los órganos normales del gobierno y administración de justicia que se venían rigiendo conforme a la Constitución de 1961.
Ante la insuficiencia del Decreto de reorganización del Poder Público, la ANC promulgó el “Decreto de Medidas Cautelares Urgentes de Protección al Sistema Judicial”, para proceder a la suspensión masiva de jueces y su enjuiciamiento a través de procesos disciplinarios, la incorporación de suplentes, y la designación de “nuevos” jueces sin concursos, dependientes de la Comisión de Emergencia Judicial, y con el aval de la propia Corte Suprema de Justicia que reconoció que “( … ) la situación del Poder Judicial y los vicios que lo afectan han sido una constante del debate político nacional en el cual la Corte Suprema de Justicia ha estado presente, estableciendo los lineamientos básicos de las vías a través de las cuales debe producirse el saneamiento de esta rama del Poder Público”.
Ante estas circunstancias, Cecilia Sosa Gómez, a la sazón presidenta de la Corte Suprema de Justicia, renunció a su condición de magistrada por considerar que:
“( … ) la CSJ de Venezuela se suicidó para evitar ser asesinada. El resultado es el mismo: Está muerta”.
Posteriormente, un nuevo Decreto de la ANC del 27 de diciembre de 1999, el de “Régimen de Transición del Poder Público”, dispuso la reorganización del máximo tribunal expresando que la Corte Suprema de Justicia, sus Salas y dependencias desaparecían y pasaban a conformar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (“TSJ”). A continuación, se designaron a los nuevos magistrados que pasaron a integrar la nueva cúspide del sistema judicial, para lo cual la ANC se apartó de la normativa constitucional que preveía los requisitos para ser magistrado a fin de permitir que otros abogados no calificados para esa investidura pudieran asumir sus respectivos cargos; y éstos flamantemente asumieron la magistratura, sin el más mínimo rubor.
La debacle total culminó con la espuria tesis del “colaboracionismo” para sustituir el principio de la colaboración de poderes, propugnada por dos inefables mujiquitas de cuyo nombre no quiero acordarme que fungían de magistrados del Supremo, y que fue la puntilla que puso fin al equilibrio de los Poderes Públicos, mientras unos dóciles y sedicentes jueces y magistrados, con emoción y lagrimeo, practicaban la proskynesis en las aperturas del Año Judicial entonando un procaz canto: «Uh, ah, Chávez no se va«.
Al comparar este largo rosario de lamentables eventos acaecidos en Venezuela para demoler el Estado de Derecho con lo sucedido en el Congreso de los Diputados del reino de España, debo con tristeza advertir que, de consumarse la pretendida reforma del CGPJ, se habrá dado el paso definitivo para enterrar a la democracia mediante la implantación de las torticeras y obsoletas ideas del comunismo y sus adláteres.
Quiera Dios que los demócratas y los no demócratas españoles entiendan que España está en camino de convertirse en Venezuela.