Como es sabido, un Estado es una organización administrativa creada por una nación mediante un proceso constituyente que finaliza en un texto supremo llamado Constitución.
La nación palestina redactó una constitución en 2003, pero está actualmente en una encrucijada al estar dividida en al menos tres partes, ubicadas en Cisjordania, Gaza y el mismo Israel.
Pero veamos qué dice un extracto del preámbulo de la Constitución de Palestina que fue modificada en 2005: «En la Declaración de Independencia, emitida por el Consejo Nacional Palestino en 1988, se insta al mundo a reconocer los derechos del pueblo árabe palestino y de su entidad nacional en pie de igualdad con otras naciones.
El nacimiento de la Autoridad Nacional Palestina se inscribe en el contexto de una lucha continua a fin de lograr los derechos nacionales de los palestinos, en particular, el derecho a la libre determinación y el derecho a establecer un Estado palestino independiente, con Jerusalén como capital, bajo la dirección de la Organización de Liberación de Palestina, único y legítimo representante del pueblo árabe palestino».
Siendo coherente, lo que el gobierno de España, Noruega e Irlanda han reconocido ha sido el derecho de autodeterminación y el de establecer un Estado por parte de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) creada en 2004 bajo la dirección de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
Naturalmente no han reconocido un Estado que no existe, sino el derecho a serlo. Este reconocimiento ya lo hicieron las Cortes españolas en 2014, aunque su materialización en el BOE se realizará una década después, el 28 de mayo de 2024.
El problema surge cuando se observa que sólo 35% de los palestinos está bajo la autoridad de la ANP/OLP ubicados en Cisjordania, territorio salpicado de asentamientos israelíes. Otro 30% está bajo el control total de Hamás en Gaza y el resto viven en Israel como ciudadanos israelíes. Cuentan profesores españoles que han dado clase en la Universidad de Tel Aviv que está llena de estudiantes palestinos.
Hamás y Al Fatah (OLP) lucharon en una cruenta guerra civil por el control de Gaza a partir del 2006. En 2014 firmaron un acuerdo de reconciliación. Aunque no parece claro su vigencia pues Hamás es un movimiento de resistencia islámico, derivado de los Hermanos Musulmanes y pivote estratégico de Irán, como lo es Hezbolá en Líbano, y Al Fatah es un movimiento independiente de Liberación de Palestina.
En palabras de un diplomático de Estados Unidos sobre los intentos de paz entre Israel y Palestina desde Madrid en 1999, «la OLP no ha perdido una oportunidad de perder todas las oportunidades» lo que pone de manifiesto la dificultad por ambas partes en llegar a acuerdos.
En definitiva, el gobierno de España le da un espaldarazo a Mahmud Abas, presidente de la ANP respaldado por Al Fatah y la OLP. En absoluto a Hamás. El presidente del Gobierno ha trasladado este reconocimiento a Mahmud Abas, (ANP) a Jordania y a Egipto, además de al Secretario General de Naciones Unidas, organización de la que Palestina es «estado observador, no miembro», y representado por la OLP.
Jordania y Egipto, países limítrofes con Israel, al igual que Líbano, tienen diferencias insalvables con Hamás y con los Hermanos Musulmanes, al igual que con Irán. A la vista de los silencios egipcios y jordanos sobre la intervención israelí en Gaza, parecen estar esperando la eliminación total de Hamás para buscar una solución duradera después del conflicto que pasa por la ANP y no por Hamás. Emiratos Árabes, Bahréin e incluso Marruecos parecen estar en esa línea.
Pero todo ello ha parecido una ceremonia de la confusión al ser Hamás el protagonista actual de la causa palestina y no la ANP y también de todos los movimientos de protesta.
Para que la solución de los dos Estados sea posible es preciso que la ANP controle Cisjordania, Gaza y quizá parte de la orilla del Mar Muerto y que la yihad islámica y Hamás desaparezcan. El problema es que esta desaparición es muy complicada.
Por desgracia, el reconocimiento formal se ha producido en medio de un proceso electoral en España, que lo contamina todo. Espero que al final del camino, Israel y la ANP lleguen a una solución viable.
Artículo publicado en el diario La Razón de España