Comparando las inhabilitaciones de Marcos Pérez Jiménez y María Corina Machado

Foto: EFE / Miguel Gutiérrez

 “Las promesas que hicieron ayer los políticos son los impuestos de hoy”

William L. Mackenzie King

Salvando las distancias, las inhabilitaciones de Marcos Pérez Jiménez y María Corina Machado hacen ver esas acciones como una interferencia arbitraria en el derecho a la participación política, con mayor razón tratándose de dos polos opuestos y épocas históricas distantes. Y es que las inhabilitaciones son inconsistentes con los estándares regionales de derechos humanos y solo pueden ser impuestas por un tribunal judicial en un proceso penal, como lo establece claramente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ante la posibilidad de que un candidato inhabilitado, por vía administrativa, gane las primarias presidenciales en Venezuela, habría que liderar un proceso de presión nacional e internacional para restituir las condiciones electorales. En caso de que todos los candidatos sean inhabilitados, se impone definir un candidato por mecanismos alternativos o implementar una estrategia de presión. Por ello, la primaria es importante para unificar a la oposición y determinar la estrategia que acompañará a la ciudadanía ante los eventuales escenarios antes esbozados.

Tanto Marco Pérez Jiménez como María Corina Machado fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos, en el caso de la dama que ha roto todos los pronósticos electorales, el efecto deseado no estaría del todo asegurado. Si bien es cierto que las inhabilitaciones son utilizadas como una herramienta política para excluir a líderes de la oposición y limitar su participación en el proceso electoral, en el caso de María Corina aparentemente estaría ocurriendo lo contrario. Al plantársele de frente a Maduro, invalida, de hecho, el mecanismo de las inhabilitaciones políticas impuestas por autoridades administrativas, como el contralor general de la República, sin un debido proceso judicial.

La inhabilitación política de Pérez Jiménez podría cuestionarse desde el punto de vista de los derechos políticos de un ciudadano, aunque también se podría argumentar que fue una medida necesaria para evitar la perpetuación en el poder de personas involucradas en actos despóticos. Además, se podría argumentar que esta medida envió un mensaje claro a la sociedad de la época sobre la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción en la política. Sin embargo, también pueden existir críticas que consideren que dicha medida vulneró los derechos políticos de los ciudadanos y restringió la participación ciudadana. En todo caso, el paralelismo de ambas inhabilitaciones, deja claro que es un mecanismo signado por el menoscabo de los derechos políticos, en un contexto en el cual mientras los líderes de la oposición han estado inhabilitados, ningún candidato del oficialismo ha enfrentado esta medida, lo que sugiere un sesgo político en la aplicación de estas sanciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado estas inhabilitaciones y ha instado a Venezuela a modificar la ley que permite estas acciones.

El derecho a ser elegido es un derecho político que sólo puede restringirse de acuerdo con la Constitución de 1999 y con la Convención Americana de Derechos Humanos, mediante sentencia judicial dictada en un proceso penal conforme a las normas del Código Orgánico Procesal Penal. En materia penal, la inhabilitación política no es una pena principal, sino accesoria, y ciertamente está dirigida a impedir el desempeño del penado en cargos públicos, sean de elección popular o no, así como también se refiere a la suspensión del derecho al sufragio. Aspectos legales y procesales de la inhabilitación política, así como también su alcance en cuanto al derecho al sufragio, a los cuales muy poco se le presta atención en la cúpula gubernamental y partidista oficial, por lo que la inhabilitación política se ha prestado para abusos y manipulaciones por parte del poder ejecutivo, cohonestado por el poder judicial.

Desde una perspectiva política en una revisión retrospectiva del caso de María Corina Machado se pueden apreciar varias contradicciones. En primer lugar, la destitución de Machado como legisladora opositora por la Asamblea Nacional de Venezuela plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y la autonomía del Poder Legislativo en el país. Además, la imputación de Machado en diciembre de 2014 por supuesta conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro, a pesar de la falta de evidencia creíble según documentos oficiales del caso consultados por Human Rights Watch, sugiere motivaciones políticas detrás de las acusaciones y puede ser vista como un intento de reprimir la disidencia política en Venezuela. Por otro lado, la inhabilitación de Machado por no declarar los bonos de alimentación (llamados «cesta tickets») que ella afirma nunca haber recibido en su declaración jurada patrimonial, parece ser una contradicción en sí misma, ya que no justifica la prohibición de Machado para salir del país y podría ser vista como una medida punitiva arbitraria. En general, estas contradicciones sugieren problemas políticos y legales en Venezuela y cuestionan la independencia y legitimidad de las instituciones del país ¿Entonces, debería sorprendernos que la hayan inhabilitado una vez más?

Es evidente que el gobierno de Venezuela está más interesado en obstaculizar a aquellos que se oponen a ellos de cualquier manera posible, en lugar de seguir un proceso legal justo y equitativo. Sin embargo, al menos la candidata María Corina Machado ahora tiene más posibilidades de convertirse en la primera mujer presidente de Venezuela, ya que la forma contradictoria en que fue inhabilitada no necesariamente la hace inapta, como lo demostró en su visita a Barinas el 30 de junio, casualmente el día de Barinas. Fue ese día cuando se enteró, según Brito, de que la habían inhabilitado nuevamente. Desde entonces, la inhabilitación de María Corina Machado ha tenido implicaciones políticas preocupantes para el régimen, ya que en la comunidad internacional la inhabilitación de Machado ha sido vista por muchos como una maniobra política para reprimir la oposición y perpetuar el poder del gobierno actual en Venezuela. Algunos comentaristas también han sugerido que la inhabilitación de Machado podría disuadir a otras voces de la oposición de hablar en contra del gobierno. Parece que la inhabilitación de Machado tendrá implicaciones políticas más amplias.

La inhabilitación de María Corina Machado tendría implicaciones significativas desde el punto de vista electoral, pues ella es una líder destacada de la oposición y ha sido candidata en varias elecciones. Su inhabilitación en lugar de afectar la capacidad de la oposición para presentar una candidatura competitiva en futuras elecciones y en lugar de limitar las opciones para los votantes que desean apoyar a la oposición, favorecería ambos aspectos. Eso sí, la inhabilitación de Machado podría aumentar la polarización política en Venezuela, algo que el régimen podría aprovechar para mantenerse en el poder.

Después de ser inhabilitada por el gobierno venezolano a finales del mes de junio del presente año, la valoración o percepción de María Corina Machado varía dependiendo de la perspectiva. Sus seguidores y los líderes de la oposición la ven como una figura de liderazgo valiente y comprometida que lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, mientras que sus detractores la consideran una figura divisiva y polarizadora que busca desestabilizar el país. Además, la inhabilitación de Machado ha generado controversia y críticas a nivel nacional e internacional, y ha sido vista como un acto autoritario del gobierno actual.

María Corina Machado ha recibido varios respaldos de líderes políticos y partidos de oposición en Venezuela y de otros países, especialmente en respuesta a su inhabilitación por parte del gobierno venezolano a finales del mes de junio de 2023. Por ejemplo, el partido Alianza Bravo Pueblo y otros partidos y líderes de la oposición han manifestado su apoyo a Machado en su lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Además, el expresidente colombiano Álvaro Uribe y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también han respaldado a Machado. Principalmente, los ciudadanos comunes y corrientes que apoyan su lucha cada día son más.

@robertveraz