Tal como se esperaba se ha comenzado una nueva ofensiva política de forma muy precisa contra una enorme cantidad de funcionarios de alto nivel, políticos y sus familiares, amigos y testaferros, de forma de ir generando una lista global de responsables políticos y operadores financieros que seguramente será asumida por más de los 60 países que respaldan a Juan Guaidó y que seguramente será ampliada en las próximas semanas.
El hecho concreto, que no se reseña en los medios audiovisuales por la implicación que conlleva, es que no son 29 personas ya señaladas anteriormente en múltiples listas, sino que esta vez se está construyendo una amplia base de datos sobre este particular, como señala el diario El Nuevo Herald:
“Los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) acordaron el martes en Bogotá estrechar el cerco al régimen de Nicolás Maduro adoptando una lista con los nombres de 2.000 personas vinculadas al gobernante de facto a quienes se les prohibirá el ingreso a las naciones firmantes y hasta podrían ser sancionados. La resolución —que comenzaría a extender a gran parte de América Latina las restricciones ya aplicadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea— fue adoptada al término de un encuentro inaugurado por el presidente colombiano, Iván Duque, quien advirtió sobre la amenaza de seguridad regional que representa el control que ejerce el narcotráfico sobre las estructuras de poder en Venezuela”.
La lista adoptada por el TIAR incluye a los principales jefes del régimen bolivariano de Caracas, como Maduro, Diosdado Cabello, Tareck el Aissami, Vladimir Padrino, Iván Hernández Dala, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Maikel Moreno, Jorge Arreaza, Raúl Gorrín, Alex Saab y sus respectivos familiares, amigos y socios comerciales.
Es esta última lista de familiares, amigos y socios comerciales lo que va a originar una verdadera crisis personal y familiar a cada uno de los afectadas directamente por aparecer en la lista. Recordemos que ser familia de un político o un empresario no implica necesariamente que esté beneficiado o incluso relacionado con él, pero lo cierto es que hermanos, hijos, cuñados y suegros van a sufrir limitaciones en sus viajes por el mundo, cierre de sus operaciones comerciales y laborales, así como severas limitaciones financieras y crediticias en el ámbito latinoamericano y posteriormente global por esta situación, en la que seguramente serán sancionados culpables e inocentes y cuidado si incluso novias o esposas de estos ciudadanos que no tienen relación directa con los mismos. La intención evidente es convertirlo en personas “indeseables” en cualquier ámbito y con ello generar una crisis personal inmanejable especialmente en aquellos que tienen hijos en el exterior.
El caso de los amigos y conocidos es mucho más delicado en estos tiempos de redes sociales (2.0), dado que en dicha lista pueden caer por revisión de las agencias policiales desde los amigos de Facebook hasta los seguidores en Twitter e Instagram, por lo cual no será de sorprender que esta situación termine derivando en un ciberbullying digital contra los afectados, que pueda llevar al suicidio a personas sensibles emocionalmente a estos acosos a través de la manipulación de gráficas con las personas acusadas, y la utilización de propaganda y otros mecanismos de guerra psicológica.
En cuanto a la denominación de socios comerciales, el daño ocasionado por este tipo de persecución puede ser inmensa y, sobre todo, irreparable desde el punto de vista moral y psicológico, pues los empresarios en cuestión tienen múltiples socios que a veces tienen décadas de ejercicio comercial o profesional en su campo y que se hundirán para siempre por su vinculación con ciertas determinadas figuras de dicha lista. En ella pueden estar desde artistas, modelos, camarógrafos, técnicos, secretarias, animadores, modelos, periodistas, hasta abogados, contadores, contratistas y proveedores de renombre nacional, por lo cual estamos en ciernes de una “cacería de brujas” que muchas personas se niegan a creer, pero que las 2.000 personas de esta lista sí sabrán que es verdad y que no es ninguna manifestación de propaganda o paranoia política.
Recordemos que existe una plantilla de 307 alcaldes, 20 gobernadores, 35 ministerios, más de un centenar de viceministros, centenares de institutos autónomos, servicios o fundaciones, además de más de mil instituciones descentralizadas, sumando alcaldías y gobernaciones, por lo cual la cantidad de personas en esta lista puede ascender a centenares de miles en un ambiente de persecución total que podría desatarse si esta situación llega a sus últimas consecuencias.
La Lista Tascón, que muchos quieren olvidar, es un recordatorio de que los castigos colectivos terminan siendo extremadamente agresivos por ir más allá de lo estrictamente personal y tienen un efecto permanente en el núcleo familiar del afectado, por lo cual veremos en las próximas semanas múltiples situaciones noticiosas e incluso de corte trágico por las redes sociales.
La batalla política que se lucha entre sombras, ocultas a la gran mayoría de la opinión publica entre la propaganda oficialista y la autocensura de los pocos medios, pasa inadvertida por las denuncias realizadas por periodistas digitales de que un grupo minúsculo de diputados que supuestamente estaría involucrado en operaciones de encubrimientos de hechos de corrupción, mientras que situaciones más complejas como la Operación Alacrán, que denuncia Jon Goicoechea, en la que se estaría repartiendo 1 millón de dólares a cada diputado que venda su voto para sacar a Juan Guaidó de la presidencia o la paralización indefinida de un proyecto de reparación parcial del sistema eléctrico nacional, se suspende por el mismo conflicto político.
Para quienes desean saber sobre este último punto, especialmente si viven en estados donde se suspende el servicio eléctrico de forma consuetudinaria, el relato es el siguiente:
Existe un proyecto para un préstamo de la CAF que tiene el respaldo de Maduro, pero necesita también la aprobación de la Asamblea Nacional. Los fondos se emplearían para reconectar 1.206 megavatios de electricidad −casi la mitad de la producción actual en plantas de petróleo y gas− en cuatro zonas muy castigadas, además de generadores de emergencia para hospitales en todo el país, lo que implica un debate sobre un crédito de 350 millones de dólares que, de ser aprobado, tendría que ser publicado en Gaceta Oficial y, por ende, conlleva a que el Tribunal Supremo de Justicia termine con la sentencia judicial del desacato que afecta a la Asamblea Nacional desde hace años.
Para abordar esas preocupaciones, la agencia de desarrollo de la ONU sería la responsable de administrar los fondos con una junta independiente formada por representantes tanto de Maduro como del líder opositor Juan Guaidó. La empresa estatal Corpoelec, que está gestionada por leales a Maduro y es considerada la responsable del colapso de la red eléctrica, no recibiría directamente la financiación. Según Smilde, un experto en Venezuela de la Universidad Tulane, si la iniciativa sale adelante podría ayudar a fomentar una cooperación más cercana entre los dos bandos para poner fin a una crisis que ha llevado a más de 4,6 millones de venezolanos a abandonar el país, incluso el apoyo a un acuerdo de “petróleo por alimentos” que está siendo planteado cada vez más por políticos y analistas.
El problema, como siempre, es que la lucha política implacable entre radicales de la política, no parece admitir términos medios ni “taima” en esta batalla particular…