El proceso electoral regional en el que hoy participamos es particularmente significativo como ilustración de la perseverancia de los venezolanos en el ejercicio y defensa del voto universal directo y secreto. Este, en medio nuestras actuales y calamitosas circunstancias, se puede considerar extensión y parte de las llamadas “acciones contenciosas” con las que las sociedades reclaman atención a sus derechos y necesidades. No creo que al considerarlo así se distorsione lo esencial de la propuesta de Charles Tilly (Contentious Performances, Cambridge, 2008), que considero adecuada para nuestro momento, con su análisis sobre los repertorios de acciones políticas con las que los ciudadanos reafirman sus derechos y reclaman atención a sus necesidades.
La defensa y ejercicio de la participación democrática ha sido parte del conjunto de acciones orientadas al cambio en varios momentos críticos de la historia política venezolana. El ejercicio efectivo del derecho al voto se convirtió en pieza central en el repertorio democrático que los venezolanos hemos demostrado tener voluntad de sostener desde mediados del siglo pasado.
Sin abundar en argumentos no permitidos un día como hoy, recordemos otro octubre, el de 1945, en el que la causa del sufragio universal directo y secreto llegó de facto con el discurso y compromiso político de legitimarse electoralmente, y así ocurrió. Para ello fue acordado y aprobado un estatuto que permitió convocar la elección de una Asamblea Constituyente, debatir y aprobar democráticamente una Constitución esencialmente democrática y convocar las elecciones presidenciales que ganó Rómulo Gallegos.
Sabido es que el experimento duró poco más de tres años seguidos por diez de dictadura militar, pero no fue poco lo aprendido. La pronta organización de un proceso electoral presidencial y legislativo que reflejara fielmente la voluntad libremente expresada por los venezolanos sentó las bases para la gobernabilidad democrática. Así, de elección en elección llegamos a las de 1998, con una propuesta de democracia participativa que multiplicó las consultas electorales, pero no su sentido democrático a medida que de una a otra se fueron reduciendo las posibilidades de la alternabilidad por un cúmulo de razones que no es este el momento de revisar.
El punto es que ir a votar hoy, superando dificultades sin precedentes, es para los venezolanos mucho más que el ejercicio de un derecho indiscutible, consagrado constitucionalmente. Es una acción política de enorme significación. El proceso electoral mismo, antes y después del muy crítico momento de la votación y el escrutinio, reclama y alienta la reconexión de intereses y necesidades de la sociedad toda; exige y contribuye evidenciar y promover cambios en la sociedad, a identificar opciones y fortalezas para ajustar y diversificar el repertorio democrático.
Y sí, votar, velar por el proceso de escrutinio, defender el respeto a los resultados y a las competencias de los gobernadores, son apenas parte de ese repertorio en el que el proceso electoral como un todo es un componente muy importante: no suficiente pero sí muy necesario en nuestro arduo camino de reclamar y recuperar derechos.
¡A votar, pues!
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