Venezuela se encuentra sumida, quizás, en la más grave crisis de nuestra historia, sin que ninguno de los factores políticos, económicos y sociales en el poder haya demostrado voluntad alguna, para reorientar el régimen político, mal llamado “revolución bolivariana”, el cual ha sumido a nuestra sociedad en una dolorosa tragedia. Esta situación tiene su origen en una perversa estrategia, implementada desde 1998, para, sin haberlo logrado aún, establecer una hegemonía política del chavismo, ahora madurismo e impedir a otras organizaciones políticas o actores sociales, mediante el uso de la fuerza y el cohecho, el acceso a importantes posiciones de poder, que permitieran la necesaria alternancia republicana. Para ello, se ha irrespetado flagrantemente la Constitución de 1999 violando sus principios fundamentales que le garantizan al venezolano la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Nicolás Maduro y su régimen totalitario son los grandes responsables del colapso que vive Venezuela. Sus arbitrariedades tienen su origen, fundamentalmente, en el desprecio que sienten por la legitimidad de origen y de ejercicio que deben caracterizar a un gobierno democrático.. De hecho, su ascensión a la Presidencia fue precedida por una cantidad de irregularidades harto conocidas por la opinión pública. Desesperado por conquistar el apoyo de las grandes mayorías, se dedicó a mantener la misma orientación populista, derrochadora y corrupta del gobierno de Hugo Chávez, a través de la cual se granjeó el apoyo incondicional de los mandos de la Fuerza Armada y de la nomenclatura del chavismo. Por si eso fuera poco, ocurrió la baja de los precios petroleros y la destrucción de la capacidad operativa de Pdvsa, en medio del mayor saqueo de las finanzas públicas de nuestra historia.
Tan inaceptable situación produjo un descomunal rechazo y el ferviente deseo de los venezolanos de desembarazarse, a la brevedad posible, de tan desastroso gobierno. Ese rechazo condujo al arrollador triunfo opositor en las elecciones parlamentarias de 2015. Sin embargo, su respuesta fue el desconocimiento de la voluntad popular y la elección inconstitucional de una “asamblea nacional constituyente comunal”, a través de la cual ha exacerbado la violación permanente de la carta magna. Además, se inventó una convocatoria a elecciones presidenciales para el 20 de mayo pasado, cuya realización y sus resultados fueron desconocidos, no solo por la opinión pública nacional, sino por Europa, Estados Unidos, Canadá y la inmensa mayoría de los países latinoamericanos. Por otra parte, la dictadura madurista ha dado fehacientes demostraciones de no querer una negociación transparente y respetuosa con los sectores democráticos, y no aceptar la celebración de elecciones transparentes y equitativas apegadas estrictamente a la ley.
La respuesta que Nicolás Maduro ha pretendido darle a los venezolanos, para justificar los sufrimientos a los cuales los ha sometido, ha sido la invención de una supuesta “guerra económica” en contra del país y una desbocada emisión de dinero inorgánico, generando una terrible hiperinflación que ocupa holgadamente el primer lugar en el mundo y crece aceleradamente con el paso de los días. Además, esta catastrófica situación social y económica ha conducido a una diáspora de venezolanos por todo el mundo, con mayor incidencia en los países vecinos y el resto de Latinoamérica, que con el correr de los días ha generado una gran alarma para los gobiernos de esos países que se ven agobiados por la cantidad abrumadora de migrantes que, huyendo de la crisis, buscan refugio en otras latitudes. En pocas palabras, el problema ha dejado el espacio nacional, para convertirse en internacional y los gobiernos afectados están reclamando acciones que conduzcan a su solución.
Esas acciones no son posibles porque, como afirmé anteriormente, el gobierno ha rechazado consistentemente cualquier solución en la cual se reconozca y se solucione la actual crisis humanitaria y se acepte su posible salida del poder mediante la realización de un evento electoral transparente y equitativo, con presencia de observación internacional calificada e imparcial. Lamentablemente, el problema no termina allí. La oposición democrática se encuentra dividida desde el triunfo de las elecciones parlamentarias, entre los que abogaban por la celebración del referéndum revocatorio y los diferentes diálogos y los que planteaban la salida del gobierno mediante la protesta ciudadana. El actual momento político venezolano obliga a reconocer que el gobierno de Nicolás Maduro es incapaz de resolver la crisis nacional, como también aceptar que la oposición venezolana presenta actualmente tal debilidad que no se encuentra en condiciones de alcanzar el poder.
A este respecto, se escuchan insistentes comentarios sobre la existencia de conversaciones entre gobierno y oposición, auspiciadas por gobiernos extranjeros. En consecuencia, es imperativo que la dirigencia opositora deponga sus posiciones irreductibles y alcance acuerdos que permitan, inclusive, la designación de interlocutores válidos respaldados unánimemente por todas las organizaciones políticas y sociales. De hecho, se observa que actores internacionales de la importancia de Estados Unidos, Europa y el Grupo de Lima mantienen, en este momento, una decidida y firme posición de respaldo a esas conversaciones. Mike Pompeo declaró recientemente que “Estados Unidos es consistente en la identificación de sanciones que creemos producirán un resultado democrático. Espero que el pueblo venezolano restaure la democracia en su país… Estos planteamientos sutilmente confirman que Estados Unidos respalda el recién iniciado diálogo en Venezuela”.
Por otra parte, la firme posición mantenida por Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, al precisar que un escenario de intervención internacional solo profundizaría los problemas en Venezuela es muy significativo y muestra el interés de Europa en respaldar una solución de la crisis pacífica y democrática. “Solo pedimos al gobierno del presidente Maduro que emprenda pasos unilaterales que refuercen la confianza y relajen la tensión, que restituya los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y respete la inmunidad de sus miembros, libere a los presos políticos y dé pasos concretos para restablecer el pluralismo político y garantizar el respeto a las libertades de la persona. Europa considera crear un grupo de contacto para promover el diálogo político”. Las restantes alternativas a una negociación gobierno-oposición son: la asonada militar o la intervención militar extranjeras. Ambas muchísimo más costosas y traumáticas que la negociación.
Afortunadamente, se sienten vientos de negociación en Venezuela. Una negociación exige de inteligencia, moderación y prudencia. Ya han empezado a circular rumores sobre las posiciones del gobierno y de la oposición. Se dice que el madurismo aspira a que la oposición reconozca el funcionamiento de la asamblea nacional constituyente y que apruebe el proyecto de Constitución Nacional. Si ese planteamiento es cierto, estoy seguro de que surgirá un fuerte rechazo en la opinión pública. Hay que tener suficiente sangre fría y empezar las negociaciones. El tiempo flexibilizará muchas cosas. La oposición parece que planteará el establecimiento de un cronograma para unas elecciones generales con suficiente garantía de equidad y transparencia, la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados, el reconocimiento de la Asamblea Nacional y de los partidos políticos ilegalizados. Es decir, cumplir con lo establecido en la Constitución. Solo eso y nada más. Sin duda, una negociación difícil y compleja. Ojalá, por el bien de Venezuela, que logre tener éxito.