COLUMNISTA

Veto migratorio

por Oscar Hernández Bernalette Oscar Hernández Bernalette

Fue un triunfo para el gobierno de Trump la decisión de la Corte Suprema con relación al veto migratorio que incluye a varios países musulmanes, a Corea del Norte y a Venezuela. Esta decisión, con toda razón, despierta pasiones, especialmente entre los defensores de los derechos humanos y derechos civiles en Estados Unidos. Muchos la consideran inapropiada, como la decisión de la Corte por allá en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando autorizó la creación de los campos de retención de japoneses en California y que en la práctica no fue otra cosa que centros de concentración de ciudadanos norteamericanos de origen japonés. Hay quienes consideran que esta decisión abre el camino para mayor discrecionalidad, racismo, xenofobia y, por ende, una mayor división entre los ciudadanos de ese país.

Ahora bien, si ponemos en contexto esta decisión aprobada por solo 5 de los 9 magistrados y que corresponde al ala republicana del Supremo, encontramos que consideran que no se vulnera la primera enmienda de la Constitución que impide al gobierno favorecer una religión sobre otra y lo que hace es ratificar el poder del Ejecutivo para decidir quién entra a Estados Unidos, basándose en razones de seguridad pública. El gobierno intenta bajarle el tono a las denuncias de islamofobia y lo demuestra cuando excluye a otros países musulmanes de la lista original e incluyen a Norcorea y a Venezuela. En la práctica, esta opción le brinda mayor maniobra para aplicar restricciones unilaterales para el ingreso a Estados Unidos, medidas que con distintas tonalidades las aplican la mayoría de los 193 miembros de las Naciones Unidas. En el caso de los venezolanos, se mantendrán restricciones que corresponde a los requisitos para otorgamiento de visas, exceptuando a los funcionarios del gobierno responsables por falta de cooperación en verificar si hay ciudadanos que representan una amenaza para su seguridad nacional al “no compartir información relacionada con seguridad pública y terrorismo”, tal como lo indica la tercera orden ejecutiva relacionada con este tema.