La preocupación por Venezuela en los ámbitos regional y mundial no cesa de crecer. Dos son los temas que permanentemente inquietan a la comunidad internacional, ambos relacionados con los derechos humanos. Uno de ellos alude a las razones que inducen a la migración masiva de una población que huye desesperadamente de la miseria extrema y sus efectos en los países vecinos receptores: un desbordamiento que se suma a sus propios problemas sociales y económicos y que ha requerido ya de la ayuda de organismos internacionales, la Unión Europea y Estados Unidos.
Son innumerables las declaraciones de países y organismos multilaterales al respecto; las más recientes y significativas son las medidas conjuntas adoptadas por los países afectados con ocasión de una reunión de la OEA para abordar la crisis migratoria venezolana; el primer discurso de Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que señala que no se conoce en el continente una migración como la venezolana que afecta ya a 7% de su población, y la de la Agencia de la ONU para los refugiados , de gran trascendencia por tratarse de la organización más calificada internacionalmente sobre estos temas, que comparó la migración venezolana con la de Siria en guerra.
Extrañamente hasta el momento en que escribo estas líneas el gobierno de Venezuela no ha emitido ningún comunicado oficial acusando ni haciendo reclamos a esta organización, pero en ninguna circunstancia ha mostrado la menor intención de modificar ni un ápice su desconocimiento de esta crisis humanitaria ni de su negativa a permitir la ayuda ofrecida por otros países y organizaciones.
La otra materia que ocupa la atención global es la que tiene que ver con la grave violación de los Derechos Humanos, recogida de manera exhaustiva por los informes elaborados por la Secretaría General de la OEA que, a su vez, encomendó su profundización a un grupo de expertos y que ocupará la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a realizarse esta semana en Nueva York. Cinco países latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú denunciarán al gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Le solicitarán a la fiscal de esta que inicie una investigación plena de los responsables de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tormentos, torturas, encarcelamientos por razones políticas y el uso de la desaparición forzada como táctica represiva. Si la fiscal, sobre la cual hay serias sospechas de parcialización, acoge las denuncias, cualquier decisión de la corte demorará en tomarse. Conocida es la lentitud del sistema internacional y especialmente de la CPI.
Es importante destacar el papel jugado por Luis Almagro como secretario general de la OEA en motorizar el rescate de la democracia en Venezuela, así como también lo es reconocer la importancia de la creación del Grupo de Lima y sus gestiones en la misma dirección. Resulta por ello, a mi manera de ver, contraproducente que Almagro haya asomado una posibilidad inconveniente y sin respaldo institucional multilateral de una posible intervención armada, acogida con beneplácito por sectores de la opinión pública nacional y por algunos agrupaciones políticas como Vente Venezuela, a la vez que rechazada por muchos otros sectores y también por la mayoría de los países integrantes del Grupo de Lima y otras instancias internacionales.
Es más que comprensible la desesperación por encontrar una solución que libere a Venezuela de la tiranía de Maduro, sostenida en contra de la mayoría de Venezuela y el mundo, que asfixia a los venezolanos y motiva esta intensa movilización internacional, pero no está de más recordar que a veces los remedios son peores que la enfermedad, que es hora de prudencia y cálculo frente a decisiones extremas. No olvidemos sin ir muy lejos, que sectores calificados del país votaron un día por Chávez para “sanar” los males del puntofijismo.