La violación sistemática de los derechos humanos, la pérdida del Estado de Derecho y el establecimiento de un sistema represivo y autoritario tienen una relación directa con la paz y la seguridad internacionales, lo que legitima y justifica el accionar adecuado de los órganos internacionales, especialmente del sistema de las Naciones Unidas, cuando se constata tal alteración, como lo planteó al secretario general de la ONU hace algunos días el grupo de doce cancilleres de la región liderado por Perú y Canadá que respaldan la democracia y el proceso de cambio en el país.
El régimen venezolano desde sus inicios, en 1999, ha llevado a cabo reprochables políticas injerencistas que han afectado las relaciones con los países de la región y de fuera de ella. La confrontación con gobiernos democráticos americanos y europeos ha sido una constante en su proceder externo desde entonces, que en algún momento habrían podido favorecer sus pretensiones políticas pero que, en definitiva, en el largo plazo ya cumplido, sus efectos han resultados negativos o más bien aislacionistas.
Igualmente graves han sido sus coincidencias manifiestas con grupos terroristas y la participación directa o indirecta que habrían tenido personeros del régimen en la realización de otros crímenes internacionales como el narcotráfico y el lavado de dinero, reflejo de una corrupción sin precedentes que, como los otros delitos transnacionales, no son más del exclusivo interés de los Estados, sino de toda la comunidad internacional en su conjunto.
Para muchos y por sobradas razones, el régimen de Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en un Estado forajido, cuyo actuar internacional colide con las normas internacionales y con todas las reglas de convivencia reguladoras de las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados. La condición de Estado forajido no responde a un simple lenguaje mediático; sino que es una realidad que tiene importantes implicaciones jurídicas y políticas.
La ruptura del orden constitucional y las políticas represivas, violatorias de todos los derechos humanos, evidentes, desde luego, los civiles y políticos, expresados en la detención injusta y contraria a derecho de los opositores y de todos aquellos que ejerzan su derecho a la protesta pacífica y en las aberrantes prácticas de tortura y otros tratos degradantes e inhumanos, la persecución, los ataques a la libertad de expresión, entre otros, muestra la naturaleza y el carácter del régimen venezolano, lo que preocupa a la comunidad internacional que responde cada vez más enfáticamente a tales atropellos.
El régimen madurista pone en juego la paz y la seguridad internacionales, pero también la estabilidad y la tranquilidad de los países vecinos, especialmente los limítrofes, que se han convertido en receptores de importantes flujos migratorios, de cientos de miles de venezolanos que han huido de la inseguridad, de la persecución y del terror que impone toda dictadura, en la búsqueda de una vida mejor, esa que es imposible encontrar en un país destruido por las políticas canallas de un grupo de fariseos anclados en el siglo XIX.
La gravísima crisis que afecta al país, con rasgos incluso de carácter humanitario en el sentido estricto de la expresión, ha provocado el desplazamiento hacia el exterior de un enorme grupo de compatriotas, lo que no solamente afecta el crecimiento y el desarrollo del país que sufre el éxodo de jóvenes y adultos, hombres y mujeres, profesionales y trabajadores, sino que generan preocupación a los países vecinos, especialmente los limítrofes, aunque la corriente migratoria se ha desplazado por todos los continentes.
Para los países con capacidades limitadas, la recepción de flujos migratorios afecta el funcionamiento de sus instituciones y de su economía y el desenvolvimiento social en términos generales, ello independientemente de la calidad y los niveles de los flujos recibidos, lo que genera serios problemas a los países receptores. El desplazamiento de venezolanos hacia el exterior, en efecto, ha generado situaciones difíciles para los venezolanos y para los países receptores, lo que muestra, como también lo planteara el grupo de cancilleres en su Declaración del pasado 25 de octubre, la complejidad de tales movimientos provocados por crisis internas, más cuando estas se agravan progresivamente.
Es el momento para la comunidad internacional de adoptar medidas preventivas de cooperación y solidaridad con Venezuela antes de que la crisis política que ha provocado el irresponsable régimen chavista se convierta en una seria amenaza para la región y el mundo, con las consecuencias que de ello se derivan. Las posturas del Grupo de los 12 y de los ministros de la Unión Europea van en esa dirección, lo que no podría considerarse, como lo pretende deliberadamente la banda opresora, de una injerencia en nuestros asuntos internos.