El respeto a los derechos humanos, la inclusión social, la estricta observancia de la Constitución y el cumplimiento de las leyes, la independencia y pulcritud institucional del sistema judicial, entre otros, son principios básicos que deben ser observados por todos los países del orbe para consolidar la paz, la gobernabilidad en democracia y ser partícipes de pleno derecho en la comunidad internacional.
Salvo algunas excepciones, en el mundo actual se ha venido construyendo un sólido cuerpo de principios éticos para la observancia de los derechos humanos, institucionalizado a través de instancias, entre otras, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Corte Penal Internacional, Tratados y Protocolos Internacionales, las Convenciones de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este cuerpo doctrinario, a su vez, está íntimamente ligado con el tema de la inclusión social para legitimar la democracia y que esta se coloque al servicio de los grupos sociales más vulnerables y evitar así la explicable y extendida insatisfacción que existe sobre la eficacia de sus acciones y está ligado también con el establecimiento y vigencia de la garantía de libertad política para que sea el pueblo el que decida quién ha de gobernarlo. En síntesis, la búsqueda de la equidad, sin distingos ideológicos, se ha convertido en un objetivo fundamental para fortalecer los sistemas democráticos, procurar una adecuada redistribución del ingreso, y una eficiente y efectiva protección social.
Igualmente, el buen funcionamiento e independencia del Poder Judicial es la respuesta que el mundo moderno actual está tratando de dar a las amenazas que se vislumbran sobre la gobernabilidad como, por ejemplo, la aparición y sostenimiento, a cualquier costo, de regímenes forajidos y autoritarios; el inusitado auge de la violencia urbana; las arremetidas del narcotráfico y del terrorismo que pretenden controlar y corroer la acción de los Estados y debilitar la estabilidad institucional de los países.
El desarrollo de programas para promover la democracia como forma de gobierno, asegurar la vigencia de los derechos humanos y crear más legitimidad a través de adecuados y bien focalizados programas sociales constituyen los aspectos más destacados que la comunidad internacional ha venido asumiendo multilateralmente. Ya no es posible proceder a actuar de forma diferente; el aislamiento internacional es la secuela de tal actitud.
Los miembros de la comunidad internacional están hablando entre ellos de sus diferencias y problemas comunes: democracias representativas, economías de libre mercado, gobiernos relativamente poco intervencionistas y protección de libertades fundamentales son algunos de los temas que integran la agenda para la estabilidad internacional necesaria para el progreso y el desarrollo. Se trata de una fuerte acción multilateral para aislar a determinados países que incumplan con estos principios, garantizar elecciones limpias y transparentes, fortalecer los sistemas políticos y el establecimiento de efectivos y no discriminatorios programas para la lucha contra la pobreza.
La búsqueda de un común ideario es compleja. Es difícil encontrar identidades y aproximaciones que sustituyan las confrontaciones y rupturas que han caracterizado, durante los últimos años, las relaciones internacionales. Sin embargo, la primera gran tarea que ha venido paulatinamente realizando la comunidad internacional será la de actuar solidaria y coordinadamente para contribuir pragmáticamente a construir un nuevo modelo social de desarrollo que convoque a la unidad y al ejercicio de la corresponsabilidad colectiva y la observancia de las reglas multilaterales para la convivencia pacífica. Esos son los temas del derecho internacional que irresponsablemente la forajida dictadura venezolana desdeña e incumple y que han hecho que se profundice su aislamiento creciente de los centros del poder mundial, y que algunos países y organizaciones multilaterales le hayan aplicado legítimas y selectivas medidas unilaterales a determinados funcionarios al servicio de la satrapía de Maduro. El estrepitoso y costoso fiasco para el gobierno que ha significado el rechazo de los organismos multilaterales a sus gestiones; las dificultades que confrontamos en los mercados financieros externos para obtener financiamientos o reordenamientos del pago de nuestra deuda externa; las manifestaciones de crítica y rechazo al régimen por un gran número de personalidades, organizaciones y parlamentos del mundo; el repudio de los países del Mercosur a la dirección y membresía venezolana en ese esquema de integración; el rechazo del Congreso del Perú a la presencia de Maduro en su territorio; el desinterés de los inversionistas internacionales ante las convocatorias del régimen a participar en la explotación de nuestro recursos naturales son, entre otras, las pruebas tangibles que nuestro país, por efectos de los sistemáticos, incontables y garrafales errores y exabruptos del régimen, cada vez tiene menos importancia, peso político e influencia en la comunidad internacional. Poco a poco este perverso régimen ha contribuido a perfilar a nuestro país como un nuevo paria de la Tierra, sombrío, rígido, anticuado y testarudo.