Privatizar es necesario en Venezuela, es fundamental. Es imposible pensar que el experimento chavista de disminuir casi al mínimo la presencia del sector privado en la economía pueda mantenerse en el tiempo (asumiendo que quienes estén en el poder busquen formas de aumentar la generación de bienestar en la población).
Hay innumerables ejemplos de empresas e industrias en Venezuela en las que la propiedad pública debe ser revisada y cambiada. Un primer ejemplo es la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Un reconocido economista venezolano siempre decía que en la CVG no se sembró el petróleo, se enterró. La CVG vivió momentos estelares mientras estuvo en manos privadas, luego de su nacionalización cayó en una depresión que la ha llevado a prácticamente paralizar sus operaciones. Otros ejemplos son las cementeras. En Venezuela hasta hace algunos años se conseguía con mucha facilidad cemento de buena calidad, hoy ni de mala calidad es sencillo encontrar. La Cantv y la Electricidad de Caracas también constituyen ejemplos al respecto. Hasta sus días de empresas privadas el servicio que prestaban era inclusivo, de calidad, pero en plena borrachera petrolera al gobierno de turno se le ocurrió que eran “empresas que deben pertenecer al Estado venezolano” y a partir de ese momento la calidad del servicio fue cayendo de manera sostenida (mientras sus tarifas se mantenían estancadas en términos nominales, y desaparecían en términos reales). Hoy los venezolanos tenemos graves problemas con los servicios públicos, además de contar con el Internet más lento de la región y tal vez del mundo. Y así pudiéramos ir revisando: cafeteras, Agroisleña, empresas petroleras y un largo etc.
Privatizar impone desafíos políticos, económicos y sociales. Los políticos deben comprender que no es sano (menos en un país con las debilidades institucionales que padece el nuestro) tener Estados paquidérmicos, susceptibles al populismo y donde la estructura tributaria y mentalidad rentística los hace inviables. La sociedad debe valorar lo conveniente de tener más empresas privadas que públicas, alentar el fortalecimiento de las instituciones y también la creación de correctos incentivos para el desenvolvimiento de ese sector privado.
Hay empresas públicas hoy en Venezuela que, regaladas, serían de gran ayuda a la gestión financiera pública. El Estado venezolano debe revisar sus atribuciones, sus competencias y sus alcances. No vale la pena estar en tantos sectores con resultados tan mediocres.
Un proceso importante de privatizaciones impondría una reducción interesante y necesaria en el déficit fiscal. Según el mismo gobierno, en la actualidad el sector público tendría más de 1.000 empresas, de las que la inmensa mayoría (para no decir todas) presentan pérdidas que debe financiar el gobierno, sea con ingresos petroleros o con emisión monetaria del BCV. Se debe tener claro que privatizar no es la solución final a nuestros problemas, es simplemente una herramienta más que debe utilizarse en la búsqueda de la estabilidad económica y en la generación de las bases para una economía que crezca y genere oportunidades de mejores condiciones de vida para los venezolanos. No le tengamos miedo a la privatización, al contrario, tratemos de que nuestros políticos entiendan que es algo necesario y que debe ocurrir más temprano que tarde en Venezuela.