El título de este artículo trata de reflejar la disyuntiva que vive el país por estos días. La larga permanencia del chavismo-madurismo en el poder indica que la Venezuela de hoy es un país dividido, gobernado por una pretensión hegemónica que ignora a los millones de ciudadanos que la adversan e insiste en imponer un modelo de sociedad radical en el cual una mayoría circunstancial y fuertemente cuestionada en su ética administrativa y legitimidad política trata de rechazar, prescindir y desconocer a la nueva diversidad del país que ha surgido en los últimos 20 años. En todo ese tiempo, el régimen ha destrozado los lazos y vínculos entre los diversos componentes del todo social, ha diseminado la miseria y la desesperación, ha roto las normales relaciones entre la ciudadanía y el Estado; ha hecho mucho daño sin lograr alcanzar, ni siquiera mantener, la mayoría aplastante de la que se ufanaba disponer. Ahora amenaza a la disidencia que lo enfrenta, con la posibilidad de abrir un proceso en contra de la Asamblea Nacional legítima, los partidos políticos y su liderazgo, igualmente a los líderes de la sociedad civil y a cualquier otra persona o institución que se enfrente a las arbitrariedades gubernamentales; utiliza la violencia física e institucional para tratar de imponer por otras vías lo que no ha podido alcanzar, a pesar de las perversas artimañas que ha utilizado para tal fin.
El debate, sin duda, está sobre la mesa, pues la pretendida radicalización del modelo gubernamental, entendido como proyecto dictatorial, no puede dar lugar a improvisaciones de nuestra parte, pues son muchos los actores e intereses que están en juego. Por ello, este es un tema que no se puede ignorar y debe discutirse en todos los escenarios posibles y con la inclusión de la mayor parte de sectores sociales, en los que se exponga la visión de cada uno para procurar un consenso real vinculante que refleje la complejidad de la sociedad que se enfrenta a la dictadura que nos oprime y el peso de nuestras razones para oponernos a tan descabellada pretensión. Los odios ideológicos, los recelos y el miedo deben ser excluidos de nuestro talante; hay que trabajar en la construcción de un nuevo consenso social de aceptación y reconocimiento del disenso promoviendo la comprensión mutua, la tolerancia y el respeto entre nosotros.
La convivencia nacional se ha visto deteriorada por discursos gubernamentales que ensalzan la violencia, la separación y un camino de destrucción de la realidad político-social. Ha sido tan grande y dolorosa la conmoción social causada por este proceder gubernamental que hace dudoso que pueda hallarse cualquier salida racional mientras que los causantes de tales circunstancias permanezcan en el poder. Lo que se impone en esta coyuntura es un proceso continuo de fortalecimiento de la unidad opositora para hacer frente a la violencia política que ha desatado el gobierno.
Aparecen nuevos líderes que llaman a la búsqueda de soluciones expeditas para buscar soluciones a los problemas estructurales de fondo sin que se produzca correlato alguno de parte del gobierno, entonces comienzan a pasar otra vez a primer plano las heridas nunca cicatrizadas de los anteriores enfrentamientos. Asimismo, la falta de cohesión entre las demandas del pueblo y la dirigencia opositora ha determinado una aparente omnipotencia de la dictadura madurista que es ejercida sobre un país políticamente triturado, y desintegrado económicamente; los que actualmente detentan el poder continúan haciendo lo posible por mantener a la nación en esa dolorosa situación. La burocracia del régimen trabaja febrilmente para despojar a los opositores de sus derechos y privilegios ciudadanos, convertirlos en parias y arrojarlos al olvido y ostracismo; sin embargo, estos burócratas no deben olvidar que no están exentos de sufrir también los efectos de la trituradora mano de este régimen autoritario. Así ante la creciente concentración de poder en los grupos vinculados con el dictador y al conformismo cada vez mayor de los militantes y seguidores del partido de gobierno, las esperanzas y expectativas de estos sobre la manera de conducir al país se ven frustradas y postergadas sistemáticamente y si aparecen algunas voces de desacuerdo estas son y han sido objeto de acoso y persecución política por parte de su propio gobierno.
El régimen es una amalgama sin cohesión de grupos fragmentarios y ávidos de la riqueza fácil y el cohecho delictivo es dirigido por un líder mediocre, sin ascendiente sobre su propia facción que no logra consolidar, de una vez por todas, su autoridad y el respeto a su investidura al interior de sus seguidores y una y otra vez, para permanecer al frente del gobierno, debe repartir cuotas de poder y dispensar favores y complicidades; sin embargo, y muy a su pesar, mayor es el vacío que lo rodea y es más numerosa la masa de quienes le odian y le temen. Maduro percibe, no sin razón, a todos sus seguidores como una coalición potencial contra él y tiene que utilizar toda clase de artimañas, calumnias absurdas, indignidades, y mucho más aún, para impedir que lo potencial se vuelva real.
De un gobierno así nada podemos esperar de él para enfrentar adecuadamente los problemas planteados y las nefastas consecuencias de su errático andar. No es posible pensar en el avance de un proceso de desarrollo sustentable cuando no se reconoce la diversidad política y el inalienable derecho de la sociedad a oponerse a las acciones del régimen.