Se engañan quienes perciben las recientes sanciones del gobierno de Estados Unidos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como a individualidades de su régimen y a determinadas actividades de la economía, como una iniciativa exclusiva del Partido Republicano, actualmente mayoritario en el Congreso de Estados Unidos. Son expresión de un consenso bipartidista. La verdad es que Donald Trump ha escalado pero dado continuidad, desde la Sala Oval, a una política en desarrollo desde la administración de Barack Obama. Lo que sí constituye un cambio concreto –y no necesariamente positivo– es la desactivación de los procesos encaminados a lograr una negociación política a partir del esquema y escalamiento de las sanciones.
De hecho, todas estas nuevas medidas están enmarcadas en el Decreto Ejecutivo y primeras sanciones que dictó Obama en 2014, con base en la ley promovida por los senadores de origen cubano Bob Menéndez y Marco Rubio (el primero demócrata de Nueva Jersey, y el segundo republicano de la Florida), como expresión de un consenso bipartidista, articulado con lo dispuesto por la legislación de Facultades ante Emergencias Económicas Internacionales. En este punto es bueno recordar que, en diciembre de 2016, en plena transición para entregar la Casa Blanca a su sucesor, el presidente Obama renovó por dos años la vigencia de su orden ejecutiva de 2014, marcando una nítida línea de acción en pleno respaldo a la gestión que ya perfilaba el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Por esas razones, la tolda demócrata ha respaldado las últimas sanciones económicas y ha planteado evaluar su impacto antes de recurrir a otras. Pero ha ido más lejos en sus iniciativas, efectuadas, por cierto, sin la torpeza que caracteriza la conducta del magnate actualmente en el poder. Baste apuntar, por aludir a uno de los más prominentes desaciertos de Trump, que al presidente Obama jamás se le ocurrió “la intervención militar” como opción para resolver la dolorosa crisis de Venezuela, afirmación que provocó un contundente rechazo en todo el hemisferio.
Prueba de la persistencia y solidez del compromiso del Partido Demócrata con la causa de los venezolanos es la reciente carta enviada por 22 congresistas demócratas a Elaine Duke, secretaria de Seguridad Nacional, en la que estos parlamentarios exponen “la cada vez más grave situación en Venezuela, donde las condiciones continúan deteriorándose a manos del dictador Nicolás Maduro”, y la instan a otorgar “el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) a todos los venezolanos elegibles para tal concesión, que residen actualmente en Estados Unidos”.
En su misiva, los legisladores norteamericanos recuerdan que ese beneficio fue creado en 1990 “con el fin de proporcionar refugio en Estados Unidos a personas cuyos países de origen sufrieran conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias que les impidieran un retorno con seguridad”. “La situación en Venezuela –añadía la comunicación– es grave, por lo que cumple con los estándares del mecanismo”.
Dos cosas llaman la atención de la carta, fechada el 29 agosto. La primera es la claridad con que los tribunos norteamericanos abordan la tragedia de nuestro país. “Maduro –señalan sin titubeo– persiste en su deliberada marcha hacia la imposición de una dictadura corrupta, de partido único; y el pueblo venezolano sigue sufriendo de extrema escasez de alimentos, suministros médicos y otros productos básicos. Además, el régimen de Maduro rutinariamente acusa a los venezolanos en Estados Unidos de ‘traidores’ e ‘imperialistas’, lo que plantea preocupación real por su seguridad si decidieran regresar. No es de extrañar que los venezolanos se convirtieran en los principales solicitantes de asilo de Estados Unidos en 2016”.
La otra consideración que resalta de manera muy positiva en la misiva de los demócratas es la manera como se refieren a la calidad de la emigración venezolana. Según los legisladores, la concesión de TPS a venezolanos que ya viven en Estados Unidos está en línea con el interés nacional. Porque, según afirman, “los venezolanos en Estados Unidos no solo se han convertido en una parte vibrante de nuestras comunidades, sino que también han hecho contribuciones importantes como abogados, doctores y propietarios de pequeñas empresas”.
Este juicio, emitido desde la posición de quien tiene la potestad de solicitar la concesión de un beneficio, supone un importante reconocimiento a los valores y a la educación propagados por la democracia venezolana antes de las dos décadas que lleva el oficialismo en el poder, que tiene en su diáspora la carta de presentación más cabal. La elogiosa mención de los congresistas demócratas viene a reafirmar el prestigio de las universidades venezolanas, así como el espíritu emprendedor de nuestros connacionales que, en condiciones de libertad y respeto a la normas, florece y redunda en riqueza y creación de puestos de trabajo.
Lo afirmativo venezolano, las virtudes de nuestro gentilicio, ha pervivido pese a los crueles embates de la dictadura que oprime a Venezuela. Esto ha sido ponderado, con generosidad que mucho nos honra y satisface, por el Congreso del país más poderoso de la Tierra.
Los congresistas demócratas se despiden en su misiva aplaudiendo las decisivas acciones de esta administración para enfrentar al régimen de Maduro, y añaden una advertencia crucial al atribuirse el deber de “abordar los desafíos humanitarios planteados por la crisis venezolana”.
Parece difícil, en el actual entorno antinmigrante latino promovido por la administración Trump, que asuman esta necesaria medida humanitaria propuesta por los demócratas, en medio de la polémica provocada por la intención del actual presidente de clausurar los beneficios de la orden ejecutiva DACA del presidente Obama, que extendió alivio migratorio a los jóvenes soñadores o «dreamers», quienes a todas luces son de facto ciudadanos americanos sin un documento que lo reconozca.
Con independencia del destino de esta acertada propuesta de alivio migratorio temporal para los venezolanos, capitaneada por el senador Bill Nelson, demócrata de la Florida, como venezolano-americano, como ex diputado de mi país de origen, y como emprendedor social y activista del empoderamiento hispano, no puedo sino expresar mi gratitud ante este gesto, propio de la gran democracia que es Estados Unidos, y mi orgullo por la excelente valoración del país de esfuerzos y excelencia del que me honra provenir.
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