Han surgido, en estos tiempos de debacle nacional, importantes opiniones, de distintas instituciones nacionales e internacionales, que han señalado, con propiedad y fuerza, las causas jurídicas y políticas que transforman el acto de juramentación de Nicolás Maduro, realizado el 10 de enero de 2019, en una usurpación de la Presidencia de la República, dado que la elección presidencial del 20 de mayo no estuvo ajustada al ordenamiento legal vigente y tampoco fue un proceso realmente democrático, transparente y equitativo. Entre las numerosas observaciones realizadas se encuentran las siguientes: la existencia de presos políticos, la parcialización de los ilegítimos TSJ y CNE, la convocatoria por la írrita asamblea nacional constituyente de dichas elecciones, la falta de presencia de observadores internacionales independientes, la ausencia de todos los actores políticos al inhabilitar, arbitrariamente, a varios partidos de oposición y a posibles candidatos presidenciales.
La usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro producirá muy graves consecuencias que influirán gravemente en el destino de Venezuela y en el de sus futuras generaciones. Su sola presencia al frente de la Presidencia de la República impedirá encontrarle cualquier solución a la inmanejable crisis nacional y a la tragedia social de nuestro pueblo. Trataré en este artículo de señalar algunas circunstancias que comprometerán la seguridad interna y externa de Venezuela poniendo en peligro sus vitales intereses nacionales. En la rueda de prensa que ofreció Nicolás Maduro a los medios internacionales expresó que “con la unión cívico-militar derrotaremos el pretendido golpe de Estado que ha puesto en marcha el Cartel de Lima y el imperialismo norteamericano”. También envió un amenazador mensaje al gobierno estadounidense y a la Exxon Mobil al señalar que su gobierno “no permitirá abusos sobre aguas territoriales venezolanas” y agregó: “Si nosotros permitimos este abuso vendrían luego por todo el territorio nacional”.
Esas patrioteras palabras no tienen credibilidad en los venezolanos ni mucho menos en los cuadros militares. No olvidemos que Hugo Chávez, en el año 2004, declaró que: “Venezuela no se opone a ningún proyecto de desarrollo en el Esequibo, autorizado unilateralmente por el gobierno guyanés, si es en beneficio de su pueblo”. De inmediato, Guyana empezó a dar concesiones en el Esequibo, en su mar territorial y plataforma continental. Para colmo, en el año 2007, descalificó la histórica reclamación venezolana cuando afirmó que esta se había iniciado por presiones de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Cheddy Jagan. Nicolás Maduro, siguiendo sus pasos, aceptó una invitación a Guyana días después de que su ministro del ambiente había firmado en San Diego una concesión petrolera a la empresa Anadarko en el bloque Roraima, la cual afecta la fachada Atlántica de la zona en reclamación y la de Venezuela. Sin inmutarse guardó silencio, creando un posible stoppel de aquiescencia.
Esa traidora política exterior le ha causado un inmenso daño a Venezuela. Por suerte, los funcionarios de carrera de la Cancillería han respondido con acierto, aunque con algún retardo, a las acciones de los países del Caribe. Es interesante darse cuenta de la cercanía de las fechas (2004 y 2007), cuando ocurrieron las antipatrióticas declaraciones de Hugo Chávez, y los años (2006 y 2007) en que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dictó las sentencias arbitrales para establecer el límite marítimo entre Barbados y Trinidad y Surinam y Guyana. En los dos casos se soslayaron el Tratado de Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas entre Venezuela y Trinidad y el Acuerdo de Ginebra, comprometiendo así nuestros intereses vitales. Justamente, la actual crisis venezolana es lo que ha impulsado a Guyana a acudir al Tribunal Internacional de Justicia conociendo que un gobierno como el de Nicolás Maduro, totalmente deslegitimado, no está en capacidad ni tiene la voluntad de defender los derechos de nuestra patria.
Nicolás Maduro, temeroso ante las consecuencias que tiene la usurpación de la Presidencia de la República, amenazó de una manera inaceptable a los miembros activos de la Fuerza Armada Nacional durante la rueda de prensa ofrecida a los medios internacionales, el 9 de enero de 2019, cuando planteó la posibilidad de un golpe de Estado dado por un sector de la Fuerza Armada, similar al del 11 de abril, resaltando que, en caso de ocurrir, se le combatiría, en unión cívico-militar, para después aplicarles sanciones penales por insurreccionarse en contra de la Constitución Nacional. El origen de esa conspiración, la cual Maduro considera inminente, puede tener varios motivos: ser consciente de su falta de legitimidad para ejercer la Presidencia de la República, el estruendoso e injustificable fracaso de su primer gobierno, el desprestigio de la Fuerza Armada Nacional ante los venezolanos, por la complicidad de sus altos mandos con el régimen chavista-madurista, el elevado nivel de corrupción en todas las instancias del Estado y fundamentalmente el hambre y la inseguridad que azotan a nuestro pueblo.
A este respecto, creo conveniente aclararle al señor Maduro algunos aspectos doctrinarios de la Fuerza Armada Nacional. El militar profesional al insurreccionarse contra un régimen constitucional comete un grave delito e irrespeta su juramento de soldado. Solo se puede justificar éticamente un golpe militar si dicha insurrección se produce contra un régimen ilegítimo, que usurpa el poder; con la única finalidad de contribuir a restaurar el orden constitucional y restablecer el Estado de Derecho. Las insurrecciones militares se presentan, casi siempre, en medio de graves circunstancias políticas, económicas, sociales y profesionales. En ese momento tan complejo, los cuadros militares deben tener presente lo pautado en el artículo 16, aparte 5, de la Ley de Disciplina Militar, la cual copia una importante norma del viejo Reglamento de Castigos Disciplinarios No. 6, el cual dice: “…En todas las ocurrencias imprevistas, los militares deberán tomar el partido más conveniente a sus banderas y elegir siempre, en caso de dudas, al que sea más digno del honor militar y más favorable a la Fuerza Armada Nacional”.
El señor Maduro se equivoca. Los militares venezolanos no estamos al servicio del “imperialismo norteamericano” ni del Grupo de Lima. Lo que ocurre es que él, después del 10 de enero de 2019, usurpa la Presidencia de la República y los miembros de la Fuerza Armada Nacional tienen la obligación, como todo venezolano, de cumplir y coadyuvar en la restitución de la vigencia de la Constitución Nacional, cuando esta sea desconocida por quienquiera que sea. El militar venezolano al iniciarse en el ejercicio de su profesión hacía un trascendente juramento que se iniciaba de la siguiente manera: “Prometéis a Dios, en presencia de la bandera, defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuere necesario y no abandonar jamás a vuestros superiores…”. Sin embargo, el contenido de ese juramento fue aviesamente cambiado por Hugo Chávez, transformándolo en una parodia del juramento del Libertador sobre el Monte Sacro, con una significación ideológica, para una vez más satisfacer sus intereses políticos particulares.
También existe un aspecto que debe causar gran preocupación en los cuadros militares. Ellos conocen perfectamente bien que la Fuerza Armada no está en capacidad, como sostienen, irresponsablemente, el señor Maduro y el general Padrino, para enfrentar una posible intervención multilateral de una alianza militar conformada por Estados Unidos, Brasil y Colombia, con el respaldo de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía y posiblemente Europa. El apoyo de Rusia, China, Turquía, Irán o cualquier otra potencia, por razones de orden logístico, de ubicación geográfica y de equilibrio militar, es imposible que pueda ocurrir en una confrontación de carácter convencional. La causa de esta grave amenaza es una sola: la obscena ambición de Nicolás Maduro y de su camarilla de permanecer en el poder ilegítimamente con la consecuente desestabilización continental, la cual pone en riesgo intereses vitales de otros países de la región. La responsabilidad histórica de esa dolorosa tragedia, si eso llegare a ocurrir, recaerá en Nicolás Maduro y en los actuales altos mandos de la Fuerza Armada Nacional.
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