El usurpador tira la parada en “las oposiciones” a ver quién la agarra y cae en el juego de participar en unas elecciones legislativas, como ya lo hizo en mayo de 2018 Henri Falcón, en la farsa electoral donde sirvió de esquirol para darle viso de legalidad a una reelección presidencial en la que 80% de la población demostró su repulsa unánime.
Los resultados de esa patraña, convocada por la ilegítima asamblea nacional constituyente fueron desconocidos por la comunidad internacional, que de forma determinante reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.
En su intento desesperado de disolver al único poder legítimo en Venezuela lanza esa propuesta indecorosa de hacer elecciones legislativas. Maduro se comporta como lo que es, un dictadorzuelo que hace mal uso del poder, que persigue, secuestra, encarcela, tortura, logra que se asilen en embajadas o abandonen el país a más de 30 diputados, entre ellos, el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, quien se negó a bajarse de su automóvil para ser detenido y de forma brutal fue arrastrado en una grúa hasta su sitio de reclusión. Así el usurpador le demuestra al mundo que es capaz de ejecutar cualquier acto de barbarie.
En su intento por aislar y aniquilar a Juan Guaidó -que se mantiene como la esperanza de todos los venezolanos y la única oportunidad de cambiar ésta trágica historia-, pretende recortarle su mandato y se «bypassea» la Constitución al intentar adelantar las elecciones legislativas con el concurso de un tramposo Consejo Nacional Electoral, que fue capaz, entre otras muchas tropelías, de arrebatarle descaradamente la Gobernación del estado Bolívar al dirigente político Andrés Velásquez.
El régimen viene desconociendo al Poder Legislativo (no podemos olvidar cómo impidieron la incorporación de los diputados electos y proclamados por el estado Amazonas), irrespeta la inmunidad parlamentaria, para eso cuenta con el auxilio de un Tribunal Supremo de Justicia en manos de un ex presidiario que autoriza enjuiciar a los diputados sin la aprobación de la Asamblea Nacional, que tiene en exclusividad esa competencia. Además de las atrocidades judiciales, los diputados están siendo víctimas -incluso en sus residencias- de actos de repudio por parte de grupos paramilitares conocidos como colectivos, unos facinerosos cargados de odio que son capaces de los actos más abominables y viles. También se les impide el acceso a la sede del Capitolio, como lo hacen con la prensa y los empleados de la Asamblea, a quienes se les niega el paso con prácticas rocambolescas, como las supuestas desactivación de bombas, con la toma por parte de contingentes de la GNB, o con la violencia verbal o física de sus colectivos.
Es toda una odisea, sortear esos desafueros para sesionar en la cámara, como lo hicieron ayer los valientes diputados, encabezados por su presidente Juan Guaidó, para rechazar el fraude electoral del 20 de mayo de 2018 que ha provocado la crisis política, social y económica más devastadora y sin precedentes en la historia del país.
El intento de usurpar el Poder Legislativo empeora la situación del tambaleante dictador, le ocasiona un alto costo político que solo refuerza el clamor de su salida inmediata. En cualquier tipo de negociación su desalojo del poder es la única opción para salvar al país de la debacle que ha producido. Maduro y sus secuaces, cada vez más crueles y erráticos no dejan otra alternativa que el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.