Las votaciones del 20 de mayo de 2018 dan muchas posibilidades de interpretación y asoman salidas a la crisis venezolana, si privan criterios más politológicos e históricos que los tradicionales juicios políticos interesados y banderizos. Lo primero es entender que el conflicto no ha terminado ni hay ganadores, ni siquiera el abstencionismo mayoritario de 54% representa en sí mismo una opción política, solo es el reflejo de un malestar profundo y no canalizado hacia opciones políticas y electorales válidas. Apenas se puede decir con certeza que la mayoría de los venezolanos no apoya al actual presidente, lo que lo deja en una peligrosa situación de inestabilidad sin base popular ante amenazas internas y externas potenciales. Lo segundo es que si las fuerzas políticas actuantes, gobierno, fuerzas sociopolíticas de oposición, la Iglesia, la Fuerza Armada y la comunidad internacional, que ya es de hecho y de derecho parte del conflicto, no activan un mecanismo de encuentro de alto nivel para llegar a una transición racional, que conduzca a un acuerdo o tratado interno, vamos entonces hacia una disolución en la que todos seremos perdedores, como sociedad y Estado fallido.
Los venezolanos de 1863 comprendieron esto hace más de un siglo y pusieron fin a la Guerra Federal con el Tratado de Coche concluido el 23 de abril de 1863, firmando como representante del general Páez Pedro José Rojas y del general Juan Crisóstomo Falcón el licenciado y general Antonio Guzmán Blanco. Luego de cinco años de guerra innecesaria y evitable, con decenas de miles de muertos y la devastación de nuestra economía agrícola, ambos bandos comprendieron la necesidad de los cambios y, entre otras cosas importantes, convocaron una Asamblea Nacional de 80 miembros, paritariamente compuesta por ambos bandos y que sería el primer paso hacia la reconstrucción nacional y la nueva Constitución Federal de 1864. Un acuerdo que pudo realizarse antes de la guerra y no se hizo por los intereses obscuros de ambos bandos y los radicalismos estériles que siempre hacen el peor de los daños en un conflicto.
El propio Antonio Guzmán Blanco, en un editorial publicado en el periódico El Porvenir de Caracas en 1867, señalaba a Ezequiel Zamora como alguien para quien “la arbitrariedad era el camino más corto para sus propósitos”, un radical que había sucumbido en la guerra, de quien se preguntaba: “Bien, suponga usted, que este Zamora hubiera sido el jefe de la Revolución Federal, ¿cree usted que habría habido Tratado de Coche?”. En consecuencia, el general Falcón fue un estratega político que supo calcular el momento de los acuerdos que estaba tanteando desde 1862; Guzmán Blanco un operador político, civil y militar, de grandes dotes; el general Páez, acorralado en Caracas y rechazado por las mayorías, supo entregar el poder en las condiciones adecuadas.
Sabemos que la historia no se repite con exactitud, pero sí nos enseña el camino de la experiencia en situaciones extremas. ¿O preferimos primero una guerra civil o una posible intervención externa, en lugar de lograr acuerdos antes de la profundización de un costoso conflicto? No se trata solamente de acuerdos para repartir la torta de nuestros recursos entre los venezolanos, tan codiciada desde el exterior, sino para salvar nuestra continuidad histórica como nación y como república. Elegir un nuevo Poder Legislativo en condiciones justas y con todos los partidos participando, post A.N. y post A.N.C., sería un primer paso hacia el entendimiento y el futuro, en un momento en el que el petróleo sube nuevamente y los venezolanos no tenemos ni para comer ni para comprar el aceite de motor para nuestros vehículos derivado de nuestro petróleo. Signos de un pre-Estado fallido que, si lo evitamos, va a molestar a muchos intereses externos que nos necesitan divididos.