El mundo está observado con justificada alarma la impresionante estampida humana que se ha venido originando desde el territorio de nuestra amada Venezuela hacia el mundo en general, pero muy especialmente hacia el sur del continente latinoamericano.
Más de tres millones de seres humanos han decidido abandonar familia, amigos, bienes, trabajos, tierra y paisaje para ir a buscar una nueva vida en otros confines del globo, con todas las consecuencias familiares, psicológicas, sociales y económicas que ello significa.
Las motivaciones son diversas, pero en su inmensa mayoría esos venezolanos huyen del “paraíso socialista”, que instauró a comienzos del presente siglo el comandante Hugo Chávez.
Perder más de 10% de la población en menos de cuatro años constituye una tragedia para cualquier nación que se precie de serlo. Esto nos ha ocurrido y nos está ocurriendo a nosotros, a los venezolanos.
La comunidad internacional registra a diario, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, el drama de la multitud que se moviliza de diversas formas, incluso caminando, hacia los países vecinos en el sur de nuestro territorio.
Los organismos especializados de Naciones Unidad, de la OEA y de los países vecinos se han visto sobrepasados por el volumen creciente de compatriotas que deciden huir del infierno bolivariano.
Si bien es cierto que al comienzo nuestros vecinos en el sur del continente, vale decir Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina han estado dispuestos a recibir y ofrecer oportunidades a nuestros compatriotas, también es cierto que en la medida que el fenómeno ha venido complejizándose por el volumen y por los problemas que una población tan numerosa genera, en las últimas semanas han venido surgiendo señales preocupantes de intolerancia y decisiones de los gobiernos, buscando frenar la marea humana que se mueve cada día hacia el sur latinoamericano.
Surgen en segmentos de dichas sociedades, conductas xenofóbicas, expresiones y comportamientos humillantes de personas y autoridades locales que van dejando heridas en el alma venezolana.
Hace apenas unos días, el gobierno de Chile estableció la obligación de visa previa para ingresar a su territorio, y más recientemente Ecuador y Perú han decidido exigir pasaporte para que nuestros compatriotas puedan ingresar en sus respectivas jurisdicciones.
Conocen las autoridades de esos países la política de la dictadura venezolana, de limitar severamente la emisión y entrega de pasaportes a nuestros compatriotas. Saben perfectamente que una forma de sancionar esa voluntad de huir de la tragedia socialista es no otorgando el pasaporte a los ciudadanos que osan emigrar de nuestra tierra.
De modo que al colocar esa exigencia nuestros vecinos están cerrando puertas para nuestros compatriotas emigrantes, generando un problema de mayor monta, tanto a las personas afectadas, como a los pueblos fronterizos que viven estás dificultades junto a ellos.
Es una injusticia cerrar las puertas a un pueblo que huye de una camarilla corrupta, ineficiente y perversa. Una camarilla que ha originado un caos de hambre, insalubridad, violencia y muerte.
Si bien es cierto que ese contingente humano, tan numeroso, está generando graves dificultades sociales, políticas y económicas, también es cierto que estos países desestimaron, en su momento, todas las denuncias que formulamos muchos dirigentes de este país, del camino a la tiranía y a la miseria, por el que nos estaban empujando las políticas absurdas, entonces puestas en marcha, por el funesto comandante Chávez.
Pocos actores políticos en el continente oyeron nuestras alertas en aquellos tiempos. Por el contrario, los gobiernos de esos países estaban más interesados en adularle y celebrarle las ocurrencias al locuaz militar golpista, para aprovecharse, entonces, de nuestra voluminosa bonanza petrolera que, en observar y cuestionar los pasos preparatorios a la autocracia que se fueron desarrollando a lo largo de una década. Eran los tiempos en los que la chequera bolivariana hacía de las suyas en los gobiernos latinoamericanos y todos buscaban congraciarse con el teniente coronel que lanzó el fallido golpe de Estado aquel 4 de febrero de 1992.
Los últimos días y acontecimientos han generado una movilización de los gobiernos latinoamericanos, y precisamente hoy, 5 de septiembre de 2018, se llevará a cabo una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA para debatir este drama y sus efectos en el continente.
Espero que estudien también sus causas. Hay muchas para examinarla en un trabajo como este, pero es menester que se tenga presente como la causa fundamental, el quiebre del Estado de Derecho, la instauración de una dictadura militarista, centralista y estatista.
Si Hugo Chávez no hubiese desconocido el principio de separación de poderes, y no se hubiese propuesto, como en efecto lo logró, el control absoluto, férreo y acrítico de todas las ramas y niveles del poder público, Venezuela no hubiese desembocado en esta camarilla delincuencial que hoy controla esos poderes, ni se hubiesen robado la cuantiosa suma de miles de millones de dólares que se llevaron de nuestras arcas, no se hubiese destruido la economía privada de la forma cómo lo han hecho, no se hubiese desarrollado la connivencia de la dictadura con la delincuencia permitiendo impunemente su actuación y convirtiendo a nuestro país en el más inseguro de todo el continente. Por supuesto que no estuviésemos asistiendo a este dantesco drama de miles y miles de venezolanos abandonando nuestro suelo.
Ya es típico de estas dictaduras comunistas empujar hacia el mundo exterior a los contingentes humanos que le son incómodos, para así lograr más y mejor control social y político sobre la población empobrecida que se queda en su territorio. Es precisamente lo ocurrido en Cuba. Millones de sus ciudadanos prefirieron lanzarse al mar para huir de los horrores de la dictadura de Fidel, que quedarse para perder libertad, dignidad y vida en sus manos. Y ahora nosotros, los venezolanos, somos las víctimas de la implementación de su modelo en nuestra nación.
Quiera Dios que esta tragedia, mostrada en vivo y directo en todos los países vecinos de sur América, sirva de motor a toda la comunidad internacional para que acompañen nuestra lucha y podamos rescatar la patria venezolana de manos de la camarilla criminal que nos oprime.
La dictadura no acepta la existencia del caos por ellos creado. La banaliza y pretende presentarse como víctima por los reclamos de la comunidad internacional. En nombre del principio de no intervención quieren siempre evadir el tema y esconder la verdad de la tragedia humanitaria que sufrimos.
Lo cierto es que en pleno siglo XXI no se puede alegar un principio, como si fuera un dogma, para sostener una dictadura violadora de los más elementales derechos humanos.
Venezuela está obligada por tratados internacionales, como la convención interamericana de los derechos humanos, y por la carta democrática americana, a admitir las exigencias de la comunidad internacional, y a restituir la plena vigencia de la Constitución, regresando a la senda de la democracia. De lo contrario, esa misma comunidad internacional debe encontrar la fórmula que los obligue a respetar esas normas para poder detener la tragedia que sufrimos.