Con el triunfo del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones del 6 de noviembre, se restaura la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos en el sistema político norteamericano, elemento crítico para la salud de la democracia de Estados Unidos.
Ni su intensa campaña antinmigrante y nacionalista, ni la prosperidad económica existente salvó al presidente Trump de su derrota en diputados. Esta fue la única elección realmente nacional: estuvieron en juego las 435 bancas de esa Cámara. Los demócratas lograron quitarles 23 bancas a los republicanos y ganarles 11 adicionales para lograr hasta ahora una mayoría de 229 escaños contra 198.
Los demócratas lograron 7 millones de votos más que los republicanos en esta contienda. Los republicanos perdieron en 90 de 150 distritos electorales suburbanos –su tradicional base electoral al igual que Estados con zonas rurales predominantes y con mayoría de votantes blancos de menor nivel educativo y poder adquisitivo.
En el Senado se disputaron 35 de las 100 bancas de esa Cámara, 26 de las cuales pertenecían a los demócratas, quienes perdieron solo 2 bancas. Los republicanos probablemente aumentarán su pequeña mayoría de 51 a 53 senadores, pero perdieron importantes senadurías en Nevada y Arizona. En esta elección los demócratas lograron 12 millones más de votos que los republicanos. Señal de para dónde va el voto popular.
Con la derrota en la Cámara de Representantes, Trump perdió la libertad y el control absoluto que tenía de los resortes de gobierno.
Los demócratas usarán su poder en la Cámara de Representantes para contener y resistir la ola minoritaria y las iniciativas conservadoras de Trump. No aprobarán legislación alguna que tenga que ver con la construcción de un muro en la frontera con México o subsidios al sector agrícola-ganadero (base electoral de Trump) y rechazarán intentos de desregular aún más las políticas de medio ambiente o debilitar el seguro de salud aprobado durante la administración Obama (Affordable Care Act), así como de terminar con el programa de protección para jóvenes indocumentados que llegaron con sus familiares cuando niños (DACA). Pero no podrán revertir ni pasar nueva legislación porque requerirá la aprobación del Senado.
Con los comités pertinentes (Asuntos Jurídicos, de Supervisión –Oversight– y otros) los demócratas ejercerán el poder constitucional de supervisión e investigación que tiene la Cámara de Representantes; solicitarán información al Ejecutivo y realizarán audiencias públicas, cuestionando la legalidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas (accountability) de la administración Trump.
Los demócratas cuestionarán en voz alta cualquier intento de Trump de frenar la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la cooperación ilegal (interferencia) de Rusia con su campaña electoral de 2016.
También examinarán las políticas de detención y separación de familias inmigrantes, y cualquier iniciativa sospechada de abuso de poder para perjudicar a los medios críticos de su administración.
Investigarán el involucramiento personal de Trump en pagos para evitar la publicación de relatos de sus dos ex amantes durante la campaña de 2016 –pagos que habrían violado reglas de gastos electorales y de impuestos–.
Intentarán acceder a su declaración de impuestos, que ha rehusado hacerla pública, e investigarán los beneficios colaterales que ha obtenido de sus hoteles y campos de golf, de los cuales no se ha separado como exige la ley; y su fundación no escapará del examen que le harán por supuesto fraude en su financiamiento y operación.
En política exterior, las comisiones relevantes (Asuntos de Inteligencia y de Asuntos Externos) tendrán en la mira la relación de Trump con el príncipe Mohammed bin Salmán de Arabia Saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi; así como su cuestionada relación con el presidente Putin; examinarán el retiro del Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermedio con Rusia, así como del Pacto Antinuclear con Irán, y pedirán información sobre las negociaciones antinucleares con Corea del Norte.
Las Comisiones investigarán la imposición de tarifas al comercio con China, Canadá, México y Australia; la presencia militar en Afganistán, Siria y Yemen; las tensas relaciones con la OTAN y las políticas para prevenir ataques cibernéticos.
Y no faltarán investigaciones y audiencias sobre las negociaciones con México y países centroamericanos para contener el flujo migratorio hacia el Norte, y sobre las relaciones con Cuba, Nicaragua y Venezuela –focos de tensión y de sanciones políticas.
Todos temas controvertidos y sensitivos que hasta ahora el Poder Legislativo no ha indagado suficientemente con ojo crítico, y que han sido manejados por la Casa Blanca de manera secreta, errática, contradictoria, unilateral y personalista.
También cuestionarán el abandono del multilateralismo y de la política de promoción de la democracia y los derechos humanos, en vista del avance del nacionalismo y el autoritarismo.
Si las investigaciones revelan conductas ilegales y/o criminales, la Cámara de Representantes podrá iniciar un proceso de enjuiciamiento (impeachment) contra el presidente, que eventualmente el Senado tendrá que juzgar culpable o no.
El triunfo de los demócratas, el retorno a un gobierno dividido y la restauración del sistema de pesos y contrapesos auguran tiempos de turbulencia, tensión y polarización, y probablemente parálisis gubernamental en temas cruciales. Pero bienvenida sea la nueva dinámica de gobernanza que vigoriza los valores y las prácticas de la democracia norteamericana.
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