Las últimas sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al círculo cercano de Nicolás Maduro, que incluyen al ministro de la Defensa, reducen la salida negociada –como la ha venido haciendo el régimen bolivariano– a la crisis de gobernabilidad y humanitaria en Venezuela.
En este sentido, hoy, los gobiernos de Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay envían una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que piden que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
La solicitud para la investigación en La Haya está acompañada de dos informes. Uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos. Y el otro es un informe redactado por un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que concluyó que existe un “fundamento razonable” para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de la Fuerza Armada, supuestamente han cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la CPI.
El informe de la OEA fue remitido a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en mayo pasado para pedirle que abriera la investigación.
Ante la solicitud de la OEA, la CPI no tiene la obligación de terminarla ni de comunicar las conclusiones. Sin embargo, cuando un país la pide, la Corte tiene el deber de presentar resultados, porque la demanda de uno de los países miembros del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, activa el artículo 14 que permite a los Estados miembros denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en terceros países.
Por otra parte, se discutió en la Asamblea General de la ONU la “Responsabilidad de Proteger (R2P, siglas en inglés) que tienen los Estados miembros a su población del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y las depuraciones étnicas”.
Bajo esta doctrina, “la comunidad internacional tiene la responsabilidad de alentar a los Estados y ayudarlos a cumplir el cometido señalado. Si los Estados, en forma manifiesta, no protegen a sus ciudadanos de los mencionados crímenes, y las medidas pacíficas para contenerlos han fracasado, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar a través de medidas colectivas y coercitivas como las sanciones económicas o las diplomáticas e, incluso, aunque solo como último recurso mediante el uso de la fuerza armada de conformidad con la Carta de Naciones Unidas”.
Por lo tanto, la acción de los cinco gobiernos latinoamericanos ante la CPI y la aplicación de la doctrina de R2P de la ONU permitirían la fundamentación para la intervención humanitaria en Venezuela.
El vicecanciller de Perú, Hugo de Zela, expresó que “la impunidad [del régimen de Maduro] ha llegado a un extremo que ya se hace insostenible, ya en este momento de manera racional nadie puede negar que en Venezuela hay un abuso de poder diario y que la gente está sufriendo, y es obligación humanitaria de los países poner en marcha todos los mecanismos legales de los que disponemos para tratar de impedir que esto continúe».
Por ello, el régimen venezolano utilizó al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para evadir su R2P, culpando a Estados Unidos del éxodo venezolano.
Zapatero, en una entrevista con Efe la semana pasada, dijo: «Como siempre ocurre con las sanciones económicas que producen un bloqueo financiero, quien, en definitiva, en última instancia, lo paga no es el gobierno sino los ciudadanos, es el pueblo. Esto debería dar lugar a una cierta reflexión y consideración».
Zapatero eximía a Maduro y la nomenclatura de toda responsabilidad de la crisis humanitaria en Venezuela.
Sin embargo, los informes de septiembre de Codevida y de la Organización Internacional para las Migraciones muestran todo lo contrario. “Venezuela está inmersa en una emergencia humanitaria compleja de gran escala por sus extensos y múltiples efectos regresivos en el plano institucional y jurídico, y en los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. La principal causa de esta emergencia ha sido un contexto de larga inestabilidad política y autoritarismo de Estado que entre los años 2016 y 2017 desembocó en el quiebre definitivo del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas”.
En conclusión, la acción del gobierno de Trump, la solicitud ante la CPI de los países latinoamericanos y la doctrina de Responsabilidad de Proteger hacen que Venezuela esté en tiempos decisivos para la salida de la crisis humanitaria y de gobernabilidad.
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