Los regímenes totalitarios, de ideología marxista y fascista, se caracterizaron, durante el siglo XX, por utilizar el terror y la represión para imponer, a través de la fuerza, su visión de la sociedad y del Estado. Fue, fundamentalmente el marxismo, un sistema político con una oferta de hermosas utopías que empezó a perder, con el tiempo, su aceptación ante los pueblos de los países en donde lograron controlar el poder, como consecuencia de sus fracasos y la realidad social cada vez más injusta que produjeron. En los regímenes marxistas, el fenómeno totalitario no es parte intrínseca de su doctrina; pero parece ser una consecuencia necesaria de su aplicación práctica. Siempre se termina con la vigencia de un partido único, el culto a la personalidad, la permanencia eterna en el poder, y el arbitrario control militar y policial de la sociedad. La dictadura del proletariado se ejerce como forma de discriminación y persecución política contra las “clases sociales” enemigas, permitiendo que el proletariado y el campesinado, supuestos aliados de clase, puedan actuar con cierta libertad. Los críticos del marxismo consideran que esa ideología conduce a que “la conciencia de clase” se imponga coercitivamente por aquellos grupos partidistas que terminan controlando el poder.
Comparar estos dieciocho años de tragedia nacional con las formas históricas del marxismo, expresadas en el estalinismo, el maoísmo y el castrismo, permite entender la esencia y la praxis de los regímenes chavista y madurista. Ellos contienen todos los elementos existentes en cualquiera de esas manifestaciones históricas: un fuerte Estado centralizado que planifica, dirige y controla la economía, un marcado culto a la personalidad, una fuerte hegemonía política, un restringido pluralismo ideológico, una marcada resistencia a la alternancia republicana, y un criminal control policial y militar de la sociedad. Es verdad, que en la Venezuela, después de 1998, se convocan elecciones y se permite una siempre amenazada libertad de opinión, pero al no respetarse el equilibrio y autonomía de los poderes, al existir una constante violación de los derechos ciudadanos y un permanente desacato a la Constitución, además de utilizar el terror y la represión como política de Estado: el chavismo y el madurismo constituyen excelentes ejemplos de socialismos reales del siglo XXI, como también parece que van a terminar siendo Bolivia y Nicaragua.
La mentalidad represiva de estos dos regímenes se conoció desde el mismo inicio del gobierno de Hugo Chávez. Al caer significativamente su popularidad en el año 2002, las fuerzas políticas y sociales comenzaron a reaccionar. Los hechos del 11 de abril de ese año y el paro petrolero constituyeron la máxima expresión de esa reacción. La criminal represión contra la multitudinaria marcha de protesta de ese día, con un trágico saldo de muertos y heridos, demostró claramente hasta dónde estaba dispuesto el régimen a llegar para impedir cualquier manifestación de rechazo que pudiera amenazar la permanencia del régimen. Pues bien, esa vocación represiva se ha incrementado vertiginosamente en el gobierno de Nicolás Maduro. La respuesta dada a las protestas ciudadanas durante los años 2014 y 2017, y más recientemente el conjunto de medidas extrajudiciales en contra de dirigentes opositores y oficiales que se insurreccionaron el 4 de febrero de 1992, pero que cuestionan severamente los desastrosos resultados de su gobierno, lo evidencian claramente. No existe ninguna voluntad de rectificación. Otro hecho a destacar, fue la victoria opositora en las elecciones parlamentarias de 2015, la cual fue prácticamente desconocida por su gobierno, reaccionando no solo con todos los intentos por anularla, sino con el asalto al recinto protocolar de la Asamblea Nacional por bandas armadas al servicio del gobierno, con un lamentable saldo de parlamentarios y empleados heridos. Ese acto, indicó claramente hasta dónde estaba dispuesto a llegar Nicolás Maduro con su criminal política de terror y represión.
Entre esas acciones intimidatorias, creo necesario mencionar especialmente el cobarde asesinato del comisario Oscar Pérez y su grupo irregular. Esa acción, no me cabe la menor duda, tuvo por objeto infundir mayor terror en los sectores sociales que, desesperados por el sufrimiento que se les ha infligido, pudieran tomar un camino similar. El evidente fracaso de la solución en la cual creyó el comisario Pérez puso en primer plano nacional la salida militar, ya sea mediante una intervención interna o una intervención militar multilateral que empezó a tomar cuerpo, en la opinión pública, como el escenario más probable. En consecuencia, Nicolás Maduro decidió golpear con gran fuerza al sector militar: expulsó y degradó inconstitucionalmente a un numeroso grupo de oficiales, se produjeron las recientes detenciones del mayor general Miguel Rodríguez Torres, de un número desconocido de generales de todas las fuerzas y de un grupo de comandantes de importantes unidades. Lo curioso es que los detenidos son oficiales afectos a la memoria de Hugo Chávez. Aquí surge una nueva hipótesis: ¿será lo ocurrido un reflejo de la lucha interna entre el chavismo y el madurismo?
Los deplorables resultados de la gestión de Nicolás Maduro y su camarilla, aunados a su criminal política represora que violenta los más elementales derechos ciudadanos como respuesta a los justificados reclamos que se le hacen ante su negativa, e incapacidad, para resolver la tragedia que sufrimos, nos han conducido a concluir que si el triunfo en las elecciones de mayo lo obtuviera Nicolás Maduro, como en varios de mis artículos lo he señalado, se estarían abriendo las posibilidades de tres inevitables escenarios de probabilidades crecientes: la protesta popular violenta, la salida militar y la intervención militar multilateral. Reflexione presidente Maduro. Tome la misma y valiente actitud del presidente Pedro Pablo Kuczynski de renunciar a su cargo al ser acusado, de manera injusta o no, de corrupción, pero entendiendo el daño que podía hacerle a Perú, si insistía en mantenerse en el poder. Ante el caos generado por su gobierno, siga ese ejemplo por el bien de los venezolanos. Además, igual que con lo ocurrido en Perú se escuchan acusaciones en la opinión pública, sin una convincente respuesta en contrario, de que usted recibió 35 millones de la empresa Odebrecht para su campaña electoral del año 2013. Oiga mi consejo. Escuche el clamor general de rechazo a su persona y a su gobierno. Renuncie.
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