Está avanzando en el planeta una tesis que propone el establecimiento de la llamada renta básica universal –RBU– o renta básica incondicional –RBI–. En la promoción de esta idea participan académicos –de forma destacada, académicos europeos–, ONG, expertos en el tema del trabajo y hasta algunos conocidos empresarios de Sillicon Valley. Esta idea está siendo revisada más allá de lo que normalmente percibimos. Por ejemplo: organizaciones católicas de obreros, en varios países europeos, la han estado estudiando. En América Latina, nada menos que la Cepal ha incorporado la cuestión como uno de sus debates principales. Durante este 2018 han aparecido libros, en varias lenguas, que analizan esta posibilidad.
La renta universal básica puede entenderse como un mecanismo de seguridad social que, en forma de prestación monetaria –dinero depositado en una cuenta–, el Estado le entregaría a cada ciudadano del país correspondiente, solo por el hecho de serlo. No estaría sometida a ninguna condición: no importa si es rico o pobre, si tiene trabajo o no, si tiene cargas sociales o no. En el caso de los menores, las propuestas varían, de entregarles entre 20% y 50% de lo que recibirían los adultos. Los montos que se proponen también varían. Pero en el caso de Europa, se habla de una cifra alrededor de los 750 euros. En el caso de Estados Unidos y América Latina, se repite la cifra promedio de 1.000 dólares.
La renta básica universal aparece como la respuesta a dos fenómenos. El primero de ellos, la clara tendencia a la precarización del empleo que está ocurriendo en las grandes economías del mundo. Contratos por horas, por demanda de servicios o por períodos de tiempo muy corto –lo que llaman la uberización del empleo–, en tiempos en que la economía experimenta vientos favorables, no garantizan ni los ingresos mínimos suficientes para vivir, ni tampoco la posibilidad de ahorrar para el futuro.
El segundo fenómeno se refiere a la cuestión del desempleo, que aumenta en buena parte del mundo, y que crecerá todavía más, en la medida en que la revolución digital avance e incorpore cada vez más robots que ocuparán puestos de trabajo que, hasta ahora, eran ejecutados por personas. La robotización de la producción y los servicios es ya un proceso imposible de revertir, por lo que la aparición de un desempleo de características estructurales no podrá ser evitada. Los expertos coinciden en esto: es cierto que se crearán nuevos empleos, pero su cantidad será inferior a los empleos que serán ocupados por robots. Hay cálculos que señalan que, en los países de economías más avanzadas, en unos 30 años se perderán entre 40% y 50% de los empleos.
Las voces y advertencias en contra de esta idea también son diversas. El argumento principal se refiere a una cuestión esencial: que tener un trabajo es más que asegurar un ingreso. El trabajo permite al ser humano probar sus capacidades, crearse metas que le otorguen valor a sus vidas, relacionarse con otras personas y, sobre todo, concretar con hechos el deseo de ser útil a los demás, que tiene un importante significado para muchas personas en cualquier cultura.
De forma más profunda, hay quienes sostienen que la renta básica universal tendería a producir un sujeto político conformista y dependiente, incapaz de cuestionar las estructuras del poder. Hay quienes se preguntan qué garantía existe de que, en un futuro no muy lejano, entre generaciones enteras de jóvenes no predominen las conductas anticiudadanas, destructivas y delincuenciales que surgen entre comunidades donde no hay trabajo y sí mucho tiempo libre. Hay quienes dicen que la RUB permitiría que personas jóvenes puedan dedicar más tiempo a sus hijos y a cultivarse a sí mismos.
Sam Altman, famoso inversionista de Sillicon Valley –Dropbox y Air Bnb están entre sus logros– ha financiado una investigación ahora mismo en curso: 1.500 personas están recibiendo ya alrededor de 1.200 dólares mensuales, por 5 años. Otras 1.500, solo 50 dólares. Altman espera aportar un conocimiento de carácter científico (el estudio está supervisado por la Universidad de Stanford) sobre los posibles cambios que experimentarán las vidas de estos beneficiados, así como sobre el modo como usarán los recursos recibidos.
La posición de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, tiene otra perspectiva. Tal como afirmó en un encuentro que tuvo lugar en noviembre de 2017, en Ciudad de México, la cuestión de la RUB en Latinoamérica no se puede comparar con la posible RUB en Europa. Mientras aquellas son economías avanzadas, en nuestros países ella tendría un carácter “emancipador”, impactaría de inmediato en la calidad de vida y en la respuesta a necesidades básicas. El argumento de Bárcena parte de un hecho indiscutible, el que los sistemas de seguridad social no proveen a las personas y a las familias las prestaciones mínimas a las que están obligados. Su impacto en la reducción de la desigualdad y la pobreza serían beneficios que no han podido alcanzarse, a pesar de los pasos que el continente ha dado en muchos de los países, salvo en Cuba y en Venezuela.
La complejidad del tema no se agota en lo dicho. Hay quienes sostienen que la RBU debe dirigirse a los jóvenes, que son las primeras víctimas de las corrientes de desempleo que viven las economías del planeta. Otros señalan que no debería incluir a quienes tienen trabajo. Opiniones más radicales sostienen que todo este debate es inútil, puesto que no hay elección: la renta universal básica será el fruto de las conquistas de la tecnología y de la economía impuesta por Sillicon Valley. Derivado de lo anterior, está la cuestión del financiamiento de una operación de estas magnitudes, que obligaría a diseñar un nuevo sistema impositivo que, por ejemplo, cree tasas especiales para las empresas tecnológicas, que cobre impuestos por robotizar puestos de trabajo o, lo contrario, que cree estímulos para que las reducciones de puestos de trabajo sean las menores posibles.
En todo caso, lo que es previsible es que, en pocos años, el tema de la renta universal básica se estará discutiendo en todos los países. Pero no es algo que debamos dejar para después. Desde ahora mismo hay que ir pensando y asumiendo una posición ante su debate. Muchos de los niños de hoy, posiblemente, serán desempleados crónicos al cabo de dos o tres décadas. En América Latina esta cuestión apenas se debate. La clase política parece no advertir o no estar interesada en lo que viene. A los ciudadanos toca despertar la atención de los dirigentes hacia este decisivo asunto público.