Tendencias: La precariedad laboral

La Organización Internacional del Trabajo, entidad que cumplirá un siglo en 2019, presentó el pasado mes de enero el Informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2018. Es un meritorio trabajo que, a pesar de la dificultad que representa la falta de estadísticas confiables en algunos países –básicamente de África y algunos de América Latina–, ha encontrado soluciones metodológicas que le permiten ofrecer una visión amplia del estado de las tendencias del empleo en el mundo. En este artículo me referiré de forma específica a la cuestión de la precariedad laboral.

La noción de precariedad laboral es compleja. En su enunciado más general se refiere al trabajo mal o pésimamente remunerado, que no le sirva al trabajador ni siquiera para atender las más básicas de sus necesidades. En los países en que existe el salario mínimo, el empleo precario es todo aquel que se remunera por debajo de ese límite.

A lo anterior se añaden otros elementos que conforman un cuadro de precariedad: total ausencia de garantías laborales, incluyendo las relativas a salubridad y seguridad; contrataciones por horas o períodos de tiempo muy limitados; trabajo esclavizante cuyas jornadas se extienden hasta 14, 16 y 18 horas diarias; vínculos entre patrones y trabajadores que se establecen fuera del marco legal; exigencias que, a veces, incluyen la realización de tareas que contravienen la ley, vinculadas a las industrias de lo ilícito. Baste con recordar que, en miles de industrias especializadas en falsificaciones, la tasa de precariedad laboral con frecuencia es superior a 90% de los trabajadores.

Dice la OIT que, a pesar del crecimiento que experimentó la economía mundial en 2017 –entre 3,2 y 3,8, según las distintas metodologías–, el desempleo mundial alcanza a 190 millones de personas, equivalente a 5,5%. Durante 2018, la estimación es que bajará una décima. De mantenerse esta tasa, en 2019 el número de desempleados habrá aumentado en 1,3 millones de personas.

Lo que la OIT llama empleo vulnerable –insisto, empleo precario y desprotegido– es una cifra que causa asombro: 42% de los trabajadores del mundo, es decir, entre 1.400 y 1.500 millones de trabajadores. Este porcentaje se mantiene, con mínimas alteraciones, desde 2012 y es probable que continúe así en el futuro inmediato.

Pero este 42% es un promedio. En el caso de los países en desarrollo (que incluyen a la casi totalidad de los países de África, a la mayoría de América Latina y a países de Asia y Europa Oriental), la precariedad alcanza 76%. En el caso de los países emergentes –en América Latina la categoría incluye a Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Perú– el promedio es de 46%.

De los 1.400 a 1.500 millones mencionados, alrededor de 20% tiene ingresos menores a 1,90 dólares diarios. Suman 300 millones de trabajadores cuyas capacidades adquisitivas ni son regulares ni les permiten adquirir lo mínimo necesario para alimentarse y garantizar los estándares básicos de salud. La cifra de pobreza laboral moderada, que se refiere a los que devengan entre 1,90 y 3,10 dólares por día, agrupa a 430 millones de trabajadores. Si a todo lo anterior se le añade la perspectiva de género, el resultado es todavía peor: los porcentajes de desempleo y precariedad son más acusados en las mujeres.

Si vamos a la situación de América Latina, la expectativa de la OIT es que la recuperación de la economía de 2017 se proyecte hacia los años 2018 y 2019: 1,8 y 2,4, respectivamente. Brasil, Chile y Argentina serán los países que muestran un mejor potencial de desempeño. México, por el contrario, presenta cifras que anuncian líneas hacia la baja.

La tasa de empleo vulnerable en América Latina fue de 32,2%, en 2017. La expectativa para los años 2018 y 2019 es que se reduzca una décima: a 32,1%. Es importante añadir que se proyecta una pequeña pero significativa reducción de la tasa de pobreza laboral extrema: de 8,7 en 2017 pasaría a 8,5 en 2018, y a 8,1 en 2019.

De acuerdo con la OIT, el empleo informal sigue siendo “generalizado” en América Latina y el Caribe. En conjunto, 58% de los empleos son informales. Bolivia (83%) presenta el peor desempeño, seguida de Honduras, Nicaragua y Guatemala, con tasas mayores a 60%. En el lado opuesto de la tabla, solo Uruguay y Costa Rica presentan cifras por debajo de 30%. El informe llama la atención sobre los casos de Chile, Brasil, Argentina, México y Colombia, países cuyos niveles de informalidad podrían ser menores que los actuales.

Pero el asunto de la precariedad laboral también se manifiesta en países desarrollados como Estados Unidos y se encuentran en el centro del debate nacional. El salario mínimo federal en Estados Unidos no mejora desde hace más de dos décadas y las formas de tercerización dominan la contratación laboral, debilitando la contratación colectiva como medio de lucha por mejoras y garantías laborales. Por otra parte, la ausencia de una reforma migratoria integral, con un claro camino a la ciudadanía para millones de trabajadores hispanos y otras minorías indocumentadas, añade un ingrediente que no contribuye a la solución del problema y el estancamiento que perciben millones de ciudadanos a pesar de las mejoras relativas en el campo económico de los últimos 8 años. De hecho, estudios independientes de prestigiosos “think thanks” demuestran que una reforma migratoria integral aceleraría el crecimiento económico en al menos 1,5% adicional, e impactaría de forma definitiva en mejoras salariales y condiciones en el mercado laboral de Estados Unidos.

La cuestión de la precariedad tiene, de acuerdo con los expertos, consecuencias que sobrepasan la injusticia socioeconómica y se diseminan hacia la política. En estudios de opinión realizados a lo largo de la última década, tanto en América Latina como en Europa, hay un claro vínculo entre empleo precario y populismo. La persona que tiene un empleo cargado de incertidumbre, que no recibe la recompensa que merece por su trabajo, que vive bajo la sensación de estar siempre a punto de quedar en la calle, que se ve obligado a aceptar condiciones laborales que violan leyes y reglamentos, esas personas desarrollan una clara tendencia antisistema, antipolítica, favorable a las propuestas políticas demagógicas y destructoras de las instituciones.

La lucha contra la precariedad laboral no es solo legal y limitada a la acción de las autoridades. Hay una cuestión que debe ser abordada con seriedad y rigor: la contribución de los empresarios al objetivo de lograr en todo el planeta un estatuto de empleos de calidad. Hacer llamados a la conciencia es riesgoso y puede entenderse como una postura retórica y moralizante. Pero la cuestión, en su fondo, excede lo legal: lo que se está poniendo en riesgo es la sostenibilidad de un sistema productivo liderado por el sector privado, generador de empleo y riqueza, en el que se funda la lógica del capitalismo. Si el sector empresarial rompe con una de sus promesas fundamentales, la de ser fuente de beneficios y progreso para quienes trabajan, entonces el riesgo de provocar políticas de intervencionismo estatal será cada vez mayor.

@lecumberry