El título del artículo, per se, es una afirmación en sí. Esto aplica para todo el andamiaje del país que en estos momentos atraviesa una crisis general agudizada por la radicalización de un gobierno que parece no importarle cuidar las formas sino, todo lo contrario, el ser descarados en el rompimiento institucional parece que los hace pensar que son poderosos y tienen el control de la debacle en la que han sumido al país y a su propio “proyecto ideológico”. Esto lo podemos constatar cuando personajes representativos del chavismo, como Jorge Rodríguez y Pedro Carreño, entre otros, critican abierta y destructivamente a la Fiscal General de la Nación cuando de forma objetiva –no entro en el análisis de si es a destiempo o no, si es suficiente o no su actuación o si se trata de cuidar su “pellejo” o no– ha fijado firme posición en cuanto al rompimiento del orden constitucional en Venezuela y respecto a la violación de derechos fundamentales de la población a partir de los sucesos recientes en los que muchos venezolanos han perdido la vida en esta “batalla de la razón” por la recuperación de la democracia y la libertad, que está dando la mayoría del pueblo en las calles del territorio nacional, liderada por jóvenes valientes que ansían un país mejor. Lo cierto es que la actuación de la abogado Ortega Díaz sorprende, pero al mismo tiempo alivia, porque se comienzan a ver visos de institucionalidad y de aplicación de justicia.
Yendo a la raíz de lo que es el espíritu de esta columna –las ciudades–, es evidente que la afirmación antes dicha abarca este importante aspecto del desarrollo del país, entendiendo que justamente es la pérdida de la institucionalidad lo que ha generado la desarticulación de las actuaciones que han quedado evidenciadas en la ineficiencia del resto de dimensiones que componen al sistema de movilidad–física y operacional– en todas las modalidades y la infraestructura de apoyo a estas. Así mismo, es posible entender que hay un problema de institucionalidad, en la incapacidad de ejecutar buenas prácticas por parte de los organismos que tienen delegadas las facultades por ley para planificar, diseñar, ejecutar, operar y mantener con los estándares normativos y con sentido común, ajustado a las necesidades de los usuarios del sistema, sin exclusión, que permita orientarse a brindar calidad de vida en nuestras ciudades. ¿Es esto mucho pedir? Parece que para los que ideólogos del “socialismo del siglo XXI” sí…
Sin caer en la pérdida de objetividad, con estos antecedentes se puede decir que debemos darnos a la tarea de reconstruir la institucionalidad perdida.
Solo para tenerlo en cuenta y contextualizar lo que les menciono, tomando como referencia la información publicada por el diario El Impulso (periodista Julio B. Salas, 25 de mayo de 2017) según el ICU –Índice de Calidad Institucional– en su versión 2017, Venezuela se ubica entre los 25 países con la peor institucionalidad del mundo, dado que sus instituciones, tanto políticas como de mercado, son las más débiles y viciadas de toda la América Latina, de acuerdo con la información dada a conocer el 24 de mayo, a partir del estudio realizado por el economista argentino Martin Krause y difundido por el Centro de Investigación del Conocimiento Económico para la Libertad –Cedice Libertad– como miembro de la Red Liberal de América Latina.
Este estudio arroja que Venezuela se ubicó en el puesto 184 de 191, por debajo de países en guerra o con situaciones dramáticas, como Siria o Zimbabue. En el caso latinoamericano, incluso Cuba (aliado ideológico del gobierno) se ubicó varios puestos por encima de Venezuela. Llama la atención en este estudio que el análisis de las posiciones arroja que en 20 años –coincidente prácticamente con la presencia del chavismo en el gobierno– Venezuela cayó 75 puestos en su calidad institucional, caída similar a la que experimentaron países “ideológicamente” afines, como Ecuador, Bolivia y Argentina. Esto evidencia la carencia en el país de instituciones fuertes que garanticen la vida, la liberad y la propiedad, que constituyen la base del Estado de Derecho y explica en buena parte los momentos críticos que vive el país en la actualidad.
En el caso del transporte, la actuación en movilidad y accesibilidad, al menos en la ciudad de Caracas, se sustenta en que la misma ha sido delegada por ley, en la Alcaldía Metropolitana y el resto de alcaldías que integran el área metropolitana de Caracas, lo cual viene conferido en el marco jurídico que otorga la competencia en materia de transporte urbano a las localidades, que da legitimidad a las medidas aplicadas. Esto devenido de la Constitución Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 178, numeral 2, que reza: “Son de la competencia del municipio: el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación establecida en la ley que rige la materia, la promoción de la participación y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas: (…) 2.- Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras.
Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 56, numeral 2, literal b, estipula: “Son competencias propias del municipio las siguientes: (Omissis) 2. La gestión de las materias que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la promoción de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en las áreas siguientes: b. La vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales y los servicios de transporte público urbano”.
Por su parte, la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, en su artículo 5, establece: “La prestación de los servicios públicos de agua, luz, teléfonos, transporte y gas podrá ser administrada por empresas venezolanas de carácter mixto, bien sean regionales, estatales o municipales”.
Y a esta justificación jurídica debe sumársele lo que al respecto faculta la Ley de Transporte Terrestre de 2010, que luego se le desvirtuó el enfoque metropolitano en el accionar directo de parte de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, cuando se aprueba la Ley de Gobierno a Dos Niveles, solo por “patulequera” política para evitar que el alcalde Antonio Ledezma pudiera llevar a cabo una gestión amplia y coherente, como se planteaba de forma planificada, a partir del Plan Caracas 2020, que no es más que el Plan Estratégico que se construyó con una amplia visión y debidamente consultado con todos los sectores que hacen vida en la ciudad. Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo que en este momento contienen las ordenanzas municipales sobre la materia “Tránsito, Transporte y Circulación”, como suele conocerse comúnmente, y finamente las pautas generales que debe dictar el Instituto Nacional de Transporte Terrestre.
Es decir, el marco jurídico está, pero hay que hacerlo cumplir ejecutando los ajustes y revisiones a las que haya lugar, para echar a andar a la ciudad capital y luego replicar al resto del país. Pero con un gobierno que boicotea cualquier iniciativa dentro del marco constitucional, resulta prácticamente imposible.
Sin embargo, no nos podemos paralizar. Todo lo contrario. Con esto ahora debemos procurar enfocarnos en establecer los pilares sobre los cuales se sustente un futuro Plan de Políticas Públicas de Transporte Urbano Metropolitano cuya imagen objetivo debe ser la de integrar una ciudad que propicie la inclusión social, la accesibilidad universal y la resiliencia urbana. En esto se debería destacar a Caracas –en primer término por ser la capital de la República y el epicentro de todas las acciones gubernamentales que se dan el país, para luego replicarlo al resto de ciudades capitales de estado–, teniéndose esta oportunidad para delinear las estrategias para lograrlo, creándole un marketing que sea cónsono con la aplicación de las acciones que se emprendan, induciendo a tener un área metropolitana reconocida como una “Caracas Inclusiva”, una “Caracas Accesible” y una “Caracas Resiliente”, pudiendo destacarse en el ámbito mundial y con ello poder obtener recursos de distintas fuentes de financiamiento internacional, que auspician proyectos de esta naturaleza en ciudades. Esta visión tiene como eje transversal la seguridad (vial y pública), pensando siempre en las personas como eje fundamental sobre el cual se tomen decisiones, que finalmente son transcendentes pues fijan el patrón de evolución para los próximos 20 años.
En este momento, que se marca un punto de inflexión, revisando los avatares con los que nos ha tocado hacer vida en los últimos casi 20 años, destaca la ineficiencia en la gestión del sistema de transporte urbano (rodado y ferroviario), suburbano e interurbano existente y los crecientes niveles de contaminación atmosférica producto de las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de fuentes móviles poco o nada reguladas, además de la contaminación sónica.
Pudiera entenderse que el Pptum viene a ser el reacondicionamiento a la situación actual y a las necesidades propias de una dinámica urbana diferente, de lo que fueron las políticas esbozadas con el Programa Nacional de Transporte Urbano que impulsó Fontur en los años 90 del siglo pasado, derivado de la denominada Política Nacional de Transporte Urbano que en su momento contó con recursos que aportaba el Ejecutivo, a través del impuesto a la gasolina así como las regalías y donaciones, además de recursos internacionales a través de préstamos de la Banca Multilateral. El PNTU luego se intentó complementar en la primera década del siglo XXI, ya con un modelo un poco diferente, en el que se utilizaban recursos propios de la renta petrolera que manejaba de forma directa el Ministerio de Infraestructura (y sus equivalentes en todas las denominaciones que ha tenido durante los períodos de gobierno del chavismo), que decantó en una inentendible y ya fracasada “Misión Transporte” que, por cierto, nadie nos ha podido aclarar de qué se trata…
Entre las lecciones aprendidas en distintas ciudades del mundo, a partir del compartir de distintos proyectos de ciudad que se han ejecutado y luego se les ha hecho seguimiento para entender cómo han resultado y qué beneficios tangibles se han obtenido, queda claro que para lograr la modificación de las urbes es necesario transformar el transporte público.
Entonces, si es por el transporte público que se debe iniciar la reconstrucción, avancemos en vislumbrar cómo se hará el fortalecimiento institucional que merece este segmento de las muchas materias a abordar en nuestras ciudades, cuando nos toque dejar atrás el error histórico en el que nos sumió el chavismo. De esta forma, se visualiza que las propuestas para abordar la problemática del sistema de transporte se orienten a favorecer un modelo de desarrollo armónico y sustentable, tanto en lo ambiental como en lo social y lo económico, en el que cohabiten todos los actores sociales que componen la “idiosincrasia urbana” y se pretenda elevar el nivel de calidad de vida de los residentes y visitantes de este hermoso, pudiente y prometedor país que, por cierto cabe destacar, tiene mucho futuro y seremos testigos del renacer de una nación que sentará la bases de una vida próspera para nosotros y las próximas generaciones.
El éxito de cualquier política pública, al margen de los criterios políticos sobre los que se fundamenta, reclama gran atención para los aspectos de diseño, formulación, implantación, seguimiento y evaluación de las tantas decisiones que toman las instituciones gubernamentales, que finalmente pasa por el tamiz de la recuperación de la institucionalidad, como premisa fundamental. ¡Hasta la próxima entrega!
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