Nunca antes desde que Hugo Chávez diera inicio a este penoso proceso, se habían transgredido tan abiertamente los límites de lo tolerable por las normas más elementales de la democracia previstas en las distintas instancias multilaterales regionales y universales, como desde que en 2015 la oposición venezolana ganó las elecciones legislativas.
El riesgo de perder el poder en la contienda presidencial de este año ha llevado al gobierno de Maduro a jugarse todas las cartas, la última, el desenmascaramiento ante los países garantes, incluyendo los suyos propios, y ante una comunidad internacional atenta al resultado del prolongado proceso de negociación de Santo Domingo con tal de no ceder en ningún aspecto que hiciera de las elecciones un acontecimiento transparente y competitivo. Es de suponer que este resteo apuesta a la lentitud e inoperancia de los mecanismos internacionales frente a un gobierno que tiene todos los órganos de decisión blindados, inspirado en la experiencia cubana.
Nunca tampoco tantas instancias internacionales habían confluido tan firmemente en el repudio a un gobierno latinoamericano, por distintas razones, desde las relacionadas con la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos, hasta las vinculadas con la emergencia humanitaria que alarma al mundo y afecta especialmente a los países fronterizos como Colombia y Brasil, hasta razones geopolíticas de parte del gobierno de Estados Unidos, en su preocupación por el posicionamiento de Rusia, China e Irán; la simbiótica relación con Cuba y la infiltración del Hezbolá, que afectan su influencia en la región. Preocupaciones expresadas en el informe de febrero de este año del Comando Sur, y en el énfasis puesto por el canciller Tillerson y distintos voceros del gobierno norteamericano en el caso de Venezuela, que parece hacer tan urgente como para nosotros una solución política.
Si se atiende a lo dicho, debería ser más digerible para algunos sectores y respetables opinadores la decisión de los partidos de la MUD, así como de importantes agrupaciones de la sociedad civil de no participar en unas elecciones que no ofrecen ninguna garantía de un resultado equilibrado y democrático. Los argumentos más esgrimidos aluden al gravísimo error de la abstención en las elecciones parlamentarias de 2005 que dejó el terreno libre al autoritarismo de Chávez para acaparar todo el poder; también se argumenta que pudimos ganar el referéndum de 2007, así como las elecciones parlamentarias de 2015.
Quienes argumentan de buena fe contra la abstención, no me estoy refiriendo por supuesto a Henri Falcón y sus tristes acompañantes, pierden de vista que las condiciones de esta contienda electoral son otras, desde que el gobierno de Maduro arriesgó el escaso prestigio internacional que le quedaba con tal de no ceder en ninguna de las condiciones para unas elecciones que guardaran un mínimo de condiciones competitivas. El dilema en este momento no es el de participar para ganar o no participar y perder, el dilema es el de participar para perder o no participar para luchar por unas condiciones que permitan la alternabilidad.
Estamos en una encrucijada con caminos inéditos en el que las salidas son solo incógnitas, está por verse hasta dónde le alcanza al gobierno de Maduro la cobija de la ilegalidad, si las fuerzas que lo apoyan son inamovibles, cuál será el alcance de la movilización que logrará la lucha organizada de los sectores democráticos venezolanos en el rechazo a unas elecciones írritas y hasta dónde puede alcanzar e influir la presión internacional.