Recientemente ocurrieron tres eventos que continúan evidenciando la diferencia entre las conductas manifestadas por los ciudadanos de este país y su gobierno. En primer lugar, la XVIII edición del Simposio sobre Responsabilidad Social Empresarial de Venamcham, De responsabilidad social empresarial a la corresponsabilidad, que se realizó el pasado 25 de octubre de 2018. En segundo lugar, la publicación digital No. 360 de la revista Business Venezuela, el pasado 6 de noviembre, con su edición “Top 100 Companies 2018” referida al año 2017. Finalmente, y en tercer lugar, está el Informe de la organización Transparencia Venezuela sobre la corrupción en las empresas estatales venezolanas.
En el mencionado XVIII Simposio, Luis Maturén, gerente general de Datos, expuso su estudio “Pulso Social 2018” donde, entre otras cosas, dio a conocer las cifras actualizadas del Índice de Responsabilidad Social Empresarial (IRSE). Dicho índice mide las iniciativas de responsabilidad social de las empresas del país y su alcance en los venezolanos, y en el año 2014 alcanzó su máximo reciente de 130. En 2015 bajó a 122, luego subió a 125 en 2016 y a 127 en 2017.
El anterior comportamiento también es recogido en la data suministrada por la edición digital de las “Top Companies 2018”. En esta oportunidad la muestra estuvo constituida por un total de 275 empresas participantes: 26,27% lo fueron del sector Servicios; 20%, del sector Manufacturero; 19,61%, del sector Financiero Asegurador; 12,16% fueron empresas del sector Financiero Bancario; 9,02%, del sector Comercial; 1,96%, del sector de la Construcción y 10,98% de otros sectores.
De estas 275 empresas, 76,47% sí realizó responsabilidad social en 2017 en comparación con 74% en 2016 y lo cual significa un ligero incremento en empresas haciendo responsabilidad social en la antesala de una severa crisis de desgobierno que ha desembocado en hiperinflación, depresión económica, escasez y crimen, crisis que dificulta la inversión social: de ese total de empresas que sí materializó responsabilidad social el año pasado, 69,23% señaló que su inversión social había sido igual o menor que la verificada en 2016.
Como siempre, uno de los aspectos interesantes del estudio son las cifras de inversión en responsabilidad social empresarial que, según la ficha del mismo, se presentan siempre en bolívares constantes de la fecha, lo cual permite, al menos, la interesante serie de tiempo que presento en el párrafo que sigue.
Resumido para ustedes, amigos lectores: por cada 10.000 bolívares en ingresos, la inversión en responsabilidad social, en promedio, pasó de 149 bolívares en 2014, a 66 bolívares en 2015 a 50 bolívares en 2016 y a 94 bolívares en 2017. Que no se le escape al lector la coincidencia en tendencia de esta serie de tiempo y la del IRSE, con una correlación de Pearson igual a +0,86. Si bien la variación de 44 bolívares (94 – 50) entre 2017 y 2016 significó un incremento de 88% que no superó la inflación de 619,20% del mismo período (medida con la canasta básica familiar que reporta Cendas, septiembre a septiembre), no deja de evidenciar el titánico esfuerzo de los empresarios privados venezolanos en el mantenimiento de una inversión social dirigida a los ámbitos interno y externo de las empresas.
Por su parte, el informe de Transparencia Venezuela recién publicado, corrobora que la mencionada severa crisis que padece Venezuela está, y cito, “íntimamente ligada al mal manejo y a la corrupción en las empresas propiedad del Estado (EPE), un conglomerado que creció vertiginosamente durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y en el que predominan rasgos propios del modelo cleptocrático”.
El estudio que desemboca en el citado informe se realizó en 2 fases: en su primera fase de 2017 se contabilizaron 526 empresas estatales. En esta segunda fase de 2018 se llegó a las 576, y evidenció que la mayoría de esas EPE tiene resultados operativos negativos. No cubren las necesidades de los ciudadanos y no contribuyen con el pago de impuestos o regalías a la tesorería nacional. De tales 576 empresas se seleccionaron 160 en 4 sectores directamente vinculados con la calidad de vida de los venezolanos (agroalimentario, minería y metalurgia, servicios públicos e hidrocarburos). Pues bien, 74,4% tiene denuncias públicas por corrupción o malas prácticas: mala gestión, caída de la producción y conflictos laborales.
La información plasmada en los párrafos anteriores es pública, verificable y perfectamente ubicable a voluntad en la Internet en un buscador como Google y constituye la evidencia de un formidable contraste: mientras nuestros gobernantes se deshacen en corrupción, cleptocracia e incompetencia, las tres características descriptivas del socialismo del siglo XXI, los empresarios privados venezolanos hacen esfuerzos extraordinarios para sobrevivir y, adicionalmente, cumplir con su responsabilidad social.
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