El 23 de febrero pasado los venezolanos esperanzados con una solución que ponga fin a la tragedia que sufre nuestro pueblo, tuvimos sentimientos francamente antagónicos. Desde tempranas horas experimentamos un moderado optimismo, ante la posibilidad de que la tan ansiada ayuda humanitaria pudiese ingresar, sin mayores dificultades, a nuestro territorio. Sin embargo, no fue así.
Nicolás Maduro y sus hordas salvajes se encargarían de impedir, a sangre y fuego, que una inmensa cantidad de ciudadanos tuviese acceso a un paliativo, que ellos le han negado, para al menos mitigar sus penurias. Muy pronto comenzamos a recibir con angustia y preocupación las noticias de los brutales ataques que estaban recibiendo las poblaciones fronterizas de San Antonio en Táchira y Santa Elena de Uairén en Bolívar. No era posible que el inmenso esfuerzo realizado, en el cual estaban comprometidos todas las organizaciones democráticas venezolanas, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Colombia, Chile y Paraguay, pudiera fracasar.
Durante la noche escuché las intervenciones de los presidentes Iván Duque y Juan Guaidó y el detallado informe de Luis Almagro, secretario general de la OEA, sobre repudiables hechos de violencia ocurridos durante el día. En todas se criticaba con dureza, desde un punto de vista moral, la posición asumida por el usurpador Maduro y la injustificable represión que, tanto la Guardia Nacional, la intervenida policía del estado Táchira y los colectivos armados, habían ejecutado a fin de impedir el ingreso de la ayuda humanitaria.
He reflexionado sobre el contenido de esas intervenciones, el cual fue discutido previamente con los presidentes Piñera y Abdo Benítez. Estoy convencido de que la absurda decisión tomada por Nicolás Maduro de impedir el ingreso de la ayuda humanitaria mediante una criminal e innecesaria represión, provocando el repudio mundial, contribuirá, de manera determinante, al cese de la usurpación de la presidencia y de su contumacia en la violación de derechos humanos. La frase del presidente Duque reafirma este convencimiento: “Maduro ha sellado su derrota moral y diplomática”.
Inmediatamente después se desarrolló en Bogotá la reunión del Grupo de Lima. La presencia en ella del vicepresidente Mike Pence evidencia la importancia que ha tomado, en la política norteamericana, el caso Venezuela. En dicha reunión surgieron dos posiciones: una, que consideró inconveniente una intervención militar multilateral en Venezuela; otra, que mantuvo la necesidad de presionar a Nicolás Maduro mediante duras medidas económicas a fin de que acepte la convocatoria a elecciones presidenciales justas y equitativas. Además, decidieron, unánimemente, solicitar a la Corte Penal Internacional que considere “la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen crímenes de lesa humanidad, en el curso de los procedimientos que adelanta en virtud de la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú el 27 de septiembre de 2018, y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia, y bienvenida por Alemania”.
El impacto que tuvo a nivel internacional la conducta criminal de Maduro de atacar a nuestro pueblo con “colectivos armados” es simplemente devastador para la estabilidad de su gobierno. El firme rechazo de António Guterres, secretario general de la ONU, se manifestó en un terminante comunicado: “Debe evitarse la violencia a toda costa y en ninguna circunstancia se debe utilizar fuerza letal en contra de los ciudadanos. Veo con preocupación la escalada de tensiones en Venezuela y me ha conmocionado y apenado la pérdida de vidas de civiles”. Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, sostuvo: “La negativa del régimen a reconocer la emergencia humanitaria ha producido una escalada de tensiones. Hay informes preocupantes de disturbios, actos de violencia y un número creciente de víctimas. Los orígenes de la crisis venezolana son políticos e institucionales, por lo tanto, la solución solo puede ser política. Reiteramos nuestro firme rechazo a la violencia. El pueblo venezolano ha sufrido mucho. Es hora de dejar que ellos decidan su futuro. Renovamos nuestro llamado a la restauración de la democracia, a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles”.
Al mismo tiempo que se emitieron estas fuertes pero moderadas declaraciones, se han venido escuchando posiciones más extremas de actores políticos venezolanos. Esto ha llegado a tal gravedad que la írrita vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, luciendo una bufanda del grupo terrorista Hamas, se atrevió a expresar, después de los deplorables hechos de violencia ocurridos contra ciudadanos inermes, lo siguiente: “Esto es solo una pequeñita muestra de lo que podemos hacer”. Tan grosera declaración ameritaba una respuesta. Julio Borges, convencido de que las soluciones políticas se encuentran cerradas ante la intransigencia de Nicolás Maduro y su corrupto entorno, manifestó, antes de iniciarse la reunión del Grupo de Lima, que Venezuela exigirá “una escalada en la presión diplomática y el uso de la fuerza contra la dictadura de Nicolás Maduro”. Esta posición fue respaldada por el presidente encargado de la República Juan Guaidó, al mantener que “todas las opciones están sobre la mesa”. Para no quedarse atrás, Nicolás Maduro amenazó con detener a Juan Guaidó al regresar a Venezuela.
Estoy convencido de que en caso de ocurrir esa detención se activaría de inmediato el doloroso, pero inevitable, escenario de la invasión militar multilateral. Los sectores más responsables y sensatos en Venezuela no dejan de expresar su preocupación ante esta posibilidad. Me imagino que la misma preocupación la comparten el general Vladimir Padrino López y los mandos militares. En medio de tan grave situación nacional Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez se han dedicado, de manera imprudente e irresponsable, a crear un ambiente de confrontación que nos puede conducir a un derramamiento de sangre inocente como consecuencia de los necesarios combates que una acción militar de ese orden tiene que producir y en los cuales ellos, con absoluta certeza, no participarán al asilarse rápidamente en alguna embajada de los gobiernos cercanos al régimen. La única solución posible, ante los graves hechos ya ocurridos, es aceptar la realización de unas elecciones presidenciales competitivas, democráticas, transparentes y equitativas como lo sugieren amplios sectores nacionales y de la comunidad internacional. No es posible que los miembros de la Fuerza Armada Nacional acepten que la ambición de Maduro y de su corrupta camarilla conduzca a Venezuela a un enfrentamiento militar de consecuencias claramente previsibles. No creo que los cuadros militares puedan estar realmente convencidos de que la Fuerza Armada Nacional es capaz de enfrentar, exitosamente, las acciones militares de una alianza formada por Estados Unidos, Brasil y Colombia. Por el bien de Venezuela reflexionen y actúen antes de que ocurra tan dolorosa tragedia.
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