Desde finales del siglo XX el tema migratorio ha ocupado un espacio preponderante en las agendas políticas de nuestro continente suramericano, para todos los países tanto en su análisis y enfrentamiento de las situaciones unilateralmente, como en el ámbito regional, uniendo criterios y alcanzando acuerdos para actuar en forma conjunta, y hasta compromisos suprarregionales a través de contactos y convenios con naciones de otros continentes. En España especialmente, y en otros países europeos en menor grado, se ha incrementado sustancialmente la inmigración de ecuatorianos y colombianos desde finales del siglo XX y a partir de los primeros años de este siglo se han sumado masivamente migrantes procedentes de Argentina, Bolivia y Paraguay, y ahora una gran cantidad desde Venezuela por la situación crítica que se vive.
Mercosur, como instrumento de integración regional, aun cuando su creación tuvo carácter de cooperación económica, dio origen a cambios de normas y regulaciones en las políticas migratorias de los países con respecto a las personas provenientes de la región. Surgieron así los inmigrantes de países del Mercosur con derechos y condiciones diferentes a los demás, no obstante ser también suramericanos.
La Ley de migraciones, sancionada en Argentina en 2003 y reglamentada siete años más tarde, representó un gran avance respecto de la legislación anterior, heredada de la última dictadura militar. La legislación se transformó en una referencia internacional al reconocer la migración como un derecho humano y garantizar a los inmigrantes derechos educativos, sanitarios y laborales sin importar la condición reglamentaria en que se encuentren.
En Chile, la institucionalidad migratoria data de 1975, por lo que se volvió urgente reformularla y modernizarla para dar cuenta de las necesidades reales del país para comienzos de siglo, y así enfrentar el alcance del fenómeno de la migración en ese país. El presidente Sebastián Piñera presentó modificaciones al proyecto de Ley de migración y extranjería ingresado en 2013, el cual considera, además, mejoras al contenido del proyecto de 2017 como una forma de dar respuestas modernas a los desafíos del fenómeno migratorio.
El caso de Brasil, sexta economía mundial y destino de extranjeros provenientes tanto del norte (por ejemplo, los europeos) como del sur (el caso de los haitianos), es sintomático de la tensión entre ética y política a la hora de definir las políticas migratorias.
Asimismo, todos y cada uno de los países suramericanos reformularon sus políticas más temprano o más tarde; sin embargo, el comportamiento de las corrientes migratorias es otro factor a considerar a la hora de pensar en el fenómeno y sobre todo en el control migratorio.
En estos últimos cinco años América del Sur se ha convertido en receptora importante de migrantes de África y del Caribe, especialmente de República Dominicana y Haití, así como el incremento de llegada de países y zonas en conflicto como Siria, Irak, Afganistán y Yemen, que al querer ir a Estados Unidos y Canadá utilizan a Suramérica como escala. Paralelamente, la emigración colombiana, y más recientemente la voluminosa diáspora venezolana, incrementaron considerablemente los flujos migratorios regionales. Por ejemplo, Chile, en el último año, ha sido testigo del aumento exponencial de extranjeros que ingresan con visa de turista y terminan quedándose en el país en situación irregular. Se calcula que en Chile hoy existen aproximadamente de 300.000 extranjeros indocumentados, una preocupante realidad social, pues va asociada a situaciones de precariedad habitacional, abusos laborales y un incremento de la trata de personas.
Este año, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, sancionó un decreto que modificó sustantivamente el marco jurídico de la Ley de migraciones de 2010, revirtiendo o suprimiendo algunos de sus aspectos más significativos, creando más controles y restricciones.
Organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de un importante número de organizaciones de migrantes, consideraron el nuevo decreto presidencial “una iniciativa que no respeta los derechos humanos” y lo calificaron como una “política regresiva”. La reforma impuesta por el presidente argentino dilata el plazo necesario para acceder a la ciudadanía nacional, amplía las causas de denegación y de cancelación de residencia en el país y amplía las de expulsión, debilita el derecho a la defensa, y extiende o acelera notablemente las posibilidades de detención de migrantes sujetos a un trámite de expulsión.
Todo parece indicar que en esta tensión, los Estados tienden a poner límites y condiciones a la ética, principalmente los principios de solidaridad y hospitalidad, y a adoptar políticas basadas sobre la lógica de costo-beneficio.
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