El señuelo de las garantías electorales

La decisión de la camarilla político-militar que controla el poder en nuestro país, de lanzar sobre nuestra sociedad democrática una emboscada política y electoral, ha quedado claramente develada. Hace tiempo que salimos del debate político democrático. La política fue sustituida por la polemología. Terminaron los procesos democráticos normales, donde se tenía certeza y seguridad de un calendario electoral, y donde la elección se hacía en cumplimiento de lo establecido en la ley.

La dictadura convirtió la vida política y electoral en un elemento de hostigamiento y confrontación permanente. Los hechos están a la vista. No pueden ser ocultados. Cientos de ciudadanos asesinados por ejercer el derecho a la protesta, cientos de presos políticos, exiliados, inhabilitados y hostigados. Partidos políticos sometidos a persecución, validación, intervención judicial y clausura.

La camarilla roja sabe que los dirigentes de los partidos democráticos somos luchadores en el campo de la civilidad. Que hemos afrontado toda su soberbia, ventajismo y corrupción desde la ruta electoral. Que solo actuamos en el campo de la política porque para ello nos preparamos. Somos ajenos a la violencia, a la guerra y al terrorismo. Por eso nos quieren llevar a una elección precipitada, sin tener certeza de la verdadera fecha de su realización.

Una elección para presidente de la República, al cumplirse el fin del período constitucional, se hace al final del año en que termina su mandato, y debe convocarse por lo menos con seis meses de anticipación.

Las fechas de los procesos electorales deben conocerse con suficiente anticipación, y deben efectuarse en el periodo legal que corresponde.

La dictadura ha convocado los procesos electorales de acuerdo con sus intereses, y en una clara estrategia de agotar física, política y materialmente a los sectores de la oposición. Sin escrúpulo ni limitación alguna, utilizan los recursos financieros, materiales, humanos, comunicacionales y militares del Estado para cada evento político y electoral; mientras que las fuerzas de la oposición no solo carecen de acceso a cualquier recurso público, sino que son víctimas de toda una operación para bloquearle cualquier tipo de apoyo financiero o logístico que el sector privado puede ofrecer. Se llega hasta el extremo de impedir el uso de aeronaves privadas para el desplazamiento en el territorio nacional de los agentes políticos, e incluso hasta de acceso a la aviación comercial. Y cuando se hace desplazamiento por tierra, entonces se recurre a buscar impedirlo o limitarlo, con el hostigamiento de organismos de seguridad o con bandas paramilitares (colectivos), que atacan al liderazgo opositor para impedir su movimiento.

Luego de la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, la dictadura lanza su plan de desconocimiento del Poder Legislativo. Con descarado abuso confisca y niega el referéndum revocatorio en 2016. En paralelo ilegaliza los partidos políticos sometiéndolos durante todo el año 2017 a un proceso de relegalización. No efectúa, como era su deber, por mandato legal, la elección de las autoridades regionales (gobernadores de estado y consejos legislativos regionales) en diciembre de 2016. Termina convocando subrepticiamente y de manera precipitada solo la elección de los gobernadores, en octubre de 2017, no así la de los órganos legislativos de los estados. Todo porque les interesaba hacerlo rápidamente. Termina ese proceso, y de inmediato, y sin dar tregua, se convoca elección de alcaldes para seis semanas más tarde. No se convoca la elección de los concejos municipales, todo por la premura en aprovechar el estado de ánimo de la sociedad y el agotamiento de las fuerzas políticas. Al fin y al cabo, los partidos políticos son estructuras de seres humanos. Como tales, se agotan física, emocional y materialmente.

Para continuar ese proceso de demolición de la sociedad democrática, al terminar la elección de alcaldes, comienza la guerra psicológica para anunciar para febrero o marzo de este 2018 la elección presidencial. El objetivo es claro. Tomar a la oposición desarticulada, agotada y desmoralizada.

Por presión de la comunidad internacional se instala una mesa de diálogo en República Dominicana, con el objetivo de lograr la participación de los partidos de la oposición en la temprana cita electoral. Los representantes de la dictadura no ofrecen las garantías básicas necesarias y no hay acuerdo. Entonces convocan la elección para el 22 de abril. La oposición decide no concurrir al proceso en esas circunstancias. Ante el rechazo global de nuestra sociedad, y muy especialmente por el rechazo de la comunidad democrática internacional, la dictadura busca comprometer con su estrategia a unos pocos actores políticos.

Al percatarse del rechazo interno, y de la poca capacidad de legitimación que los acompañantes ofrecen, entonces deciden posponer el proceso para el 20 de mayo de 2018. Pero ya no es para elegir al presidente de la República. Ahora sí van a elegir a los concejales y diputados regionales. Y se anuncia que dicha postergación tiene como objetivo ofrecer las famosas “garantías electorales”.

Lo cierto es que las garantías electorales han terminado siendo un señuelo para justificar el atraso de la fecha, con el único objetivo de darle tiempo al organismo electoral de armar la elección de los legisladores locales y regionales, como estrategia para comprometer un conjunto de actores locales que les ayuden a llevar ciudadanos a los centros de votación. Solo buscan elevar la participación electoral.

De modo que el tema de las garantías electorales, y la consiguiente modificación de la fecha de la elección, ha terminado siendo el señuelo para extorsionar a partidos y dirigentes locales con esa elección de concejales y legisladores. Es una muestra más de la perversión de un sistema político sin escrúpulos y sin reglas, que opera solo de acuerdo con sus bastardos intereses, y para nada buscando el normal desenvolvimiento de la vida institucional de nuestra nación.