La semana anterior recibimos con satisfacción el informe oral presentado por la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la ex presidente de Chile Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización mundial. Este informe es un avance al que debe presentar por escrito el venidero mes de junio ante la máxima instancia mundial que conoce estos temas.
El informe es una sentencia condenatoria contra la dictadura de Nicolás Maduro. Su contenido es claro y contundente. El régimen del socialismo del siglo XXI es un violador contumaz de los derechos humanos. La Oficina de la Alta Comisionada, que había sido parca en relación con nuestra tragedia, no se fue por las ramas. Presentó un avance sustancioso, sobrio y veraz. Habían venido haciendo seguimiento y documentando todas las denuncias que, desde diversos sectores de nuestra sociedad, se han venido presentando en torno a la naturaleza criminal de la camarilla roja.
La sentencia de la ONU resume toda la conducta criminal de la dictadura: persecución política, encarcelamiento a la disidencia, hostigamiento a los partidos y sus dirigentes, crímenes y torturas a los opositores, exilio, inhabilitaciones políticas, discriminación política, control social, negación de los derechos a la protesta, al libre tránsito, a la opinión e información. Negación de los derechos a la alimentación, a la salud y a la educación. En fin, una declaración contundente e indubitable de la existencia de un Estado forajido.
Como era de esperarse, los voceros de la dictadura saltaron a descalificar, negar y pretender restarle valor al Informe Bachelet. La brutal soberbia que les caracteriza no les permite ofrecer un compromiso de rectificación, ni mucho menos admitir la veracidad de las conclusiones del informe.
La camarilla repite su estrategia de burla y manipulación. Decir al mundo que ese informe es una copia de la “campaña mediática de los centros del poder de la derecha internacional”, ya no pasa de ser un cliché sin credibilidad en el seno de gobiernos, organismos internacionales, universidades, y diversos centrosde estudio de la realidad latinoamericana.
Por mucho que Maduro y su camarilla traten de descalificar la sentencia, nadie duda de su seriedad. La señora Bachelet no puede ser acusada de agente del imperio, ni de operadora de “la derecha internacional”.
Es un informe basado en la verdad. Y estoy seguro de que el documento de junio será aún más riguroso. La visita realizada a nuestro país por la comisión especial, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ha permitido profundizar sobre los hechos, y han tenido la oportunidad, de ver y oír en el sitio de los acontecimientos y las violaciones de los derechos citados; y han podido sentir en carne propia la inmoral forma, cómo la dictadura trató de ocultar una realidad que está a la vista del mundo.
Ese drama no tiene matices ideológicos. No puede ser ocultado, edulcorado o suavizado por afinidades ideológicas. Ninguna ideología, en estos tiempos, puede justificar bajo ninguna forma una situación tan dolorosa y dramática como la que vive nuestra Venezuela.
La sentencia deberá ser utilizada por la comunidad internacional para fortalecer e impulsar el conjunto de iniciativas que, en diversos organismos y gobiernos, se está formulando para proteger a toda una nación de la creciente tragedia, que cada día cobra vidas, arruina la paz, y las condiciones en que vivimos los ciudadanos de este país.
La comunidad internacional y el derecho internacional deben evolucionar a la definición de un marco normativo respecto de los limites en los cuales un Estado se convierte en una agencia del mal, en un ente destructor de la vida humana de grandes contingentes de personas, y los mecanismos mediante los cuales deben actuar para proteger los derechos humanos fundamentales de dichas comunidades.
La situación venezolana es una clara evidencia de cómo los pueblos llegan a una situación, en la cual les resulta imposible, por medios pacíficos y democráticos relevar del poder a una banda criminal. La sociedad venezolana ha transitado todos los caminos que el derecho, la lógica y la política ofrecen para lograr un cambio político. La camarilla gobernante ha burlado, adulterado y confiscado esos procesos.
Es este el momento en que la comunidad internacional debe actuar para proteger a una nación. Los partidarios abiertos o encubiertos de estos regímenes acuden a argumentos, principios e ideas obsoletas para tratar de impedir la protección que la comunidad internacional está obligada a ofrecer a una nación secuestrada, sometida y humillada.
El sacro santo dogma de la no intervención no puede ser el burladero con el cual justificar una dictadura criminal. Por el contrario, hoy existe y debemos promoverlo, el deber de protección humanitaria, ya formulado a finales del siglo pasado por la misma doctrina social de la Iglesia. En efecto, su santidad Juan Pablo II lo sostuvo en varias ocasiones, para clamar por el fin a situaciones de violación masiva y dramática de los derechos humanos, tal como ocurrió en la guerra de los Balcanes.
La sentencia de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos de la ONU hecha pública el pasado miércoles 20 de marzo de 2019 debe convertirse en un instrumento para ser presentado a la comunidad internacional, con el propósito de impulsar iniciativas que finalmente logren el establecimiento de una democracia.