Dice la sentencia popular que “no hay que dejarse llevar por las apariencias”. Tampoco por los nombres con que se identifican a las instituciones públicas. Por ejemplo, “el Seguro Social”. Si nos atenemos a las revelaciones del general Rotondaro, a quien se le encomendó la tarea de administrar ese ente gubernamental por muchos años, lo menos “seguro” eran los medicamentos, insumos y los equipos para habilitar los centros hospitalarios. Es evidente que para nada estaban pendientes allí de los enfermos renales ni mucho menos de los millones de ancianos que dependen de las relaciones con ese órgano asegurador.
La preocupación era por los negociados, por las tajadas que quedaban de las asquerosas operaciones con los millones de dólares que se desviaban para todo tipo de vagabunderías, menos para garantizar la vida de los enfermos. Es que la herida de la corrupción en la piel del país es muy profunda. No hay cuerpo sano, siguiendo la secuencia de este escrito, nada está seguro de no estar en la lista negra de la corrupción. Porque la verdad es que ninguna institución se salva de ser señalada como centro de las irregularidades que han servido para saquear al país, como el caso de Pdvsa, donde con los recursos asignados a los trabajadores, vía fideicomiso, se montó una irregular operación bursátil.
Mas allá, en los predios de la Organización Internacional del Trabajo, ni los intereses de los trabajadores ni de los empresarios venezolanos se ventilan, porque el régimen, en manos primero de Chávez y ahora de Maduro, no respeta los derechos laborales, las convenciones colectivas están en desuso y la propiedad privada es una cosa rara en medio de una dictadura arbitraria como la que padecemos en nuestro país.
No es seguro ejercer el periodismo, si no vean la lista de comunicadores sociales perseguidos, detenidos y torturados. No es seguro invertir en un negocio porque cuando no es el funcionario envalentonado que se lo cierra por cualquier pretexto rebuscado, es la ventolera de las protestas de un pueblo indignado que se lo lleva por delante.
No es seguro tener un celular porque por quitárselo también le arrebatan la vida. No es seguro criar unos cochinos porque después de engordarlos llegan unos “empistolados colectivos” a llevárselos en nombre de la revolución. Menos seguros son esos bolívares soberanos que no le aguantan un segundo a la hiperinflación que los convierte en “agua y sal”. En definitiva, nadie está seguro ni en su casa. La verdad es que sobre todos los venezolanos pende una amenaza porque no hay seguridad jurídica.
Por esa patética realidad se llegaron a expropiar, malamente, más de 5 millones de hectáreas que, entre otras razones, es la causa de la pérdida de nuestra soberanía alimentaria. Por eso en Venezuela no es segura la comida porque las instituciones del país se manejan a capricho de los caudillos que aúpan montoneras. Esa es la triste realidad.