Más allá de mis desacuerdos sobre la conducta de algunos actores de la oposición venezolana, los condenables por su colusión desenfadada con la narcodictadura de Nicolás Maduro, no me siento con autoridad para criticar los tropiezos del conjunto de la Unidad y hasta el presente. Tacharla, sin más, equivale tanto –que nadie lo hace– como demonizar a la oposición cubana que no logra deslastrarse de su tragedia comunista tras casi 60 años; o acaso preguntarse sobre el absurdo, como lo es la unidad y organicidad de lucha de los pueblos que sufrieran los rigores del totalitarismo tras la Cortina de Hierro, mientras duró.
Todo secuestrado o rehén es un ser inhábil, mediatizado, urgido de comprensión y necesitado de tutela, hasta superar su condición de minusválido. Y los actores y pueblos que sufren las dictaduras, como en Venezuela, son, a fin de cuentas, eso, secuestrados, sufrientes.
No dialoga, menos negocia políticamente, entonces, quien se encuentra tras las rejas o con un arma sobre la sien; solo adhiere, acepta. Y quien, aún así, dice negociar –como lo hace la MUD con la dictadura venezolana en Santo Domingo– solo simula, burlonamente; ya que lo pertinente, en la circunstancia, es la negociación policial, la que realiza el guardián del orden –léase la comunidad internacional– con el secuestrador, para salvar a la víctima, al secuestrado, sin pedirle a esta que se salve por sí sola y ante su mirada.
No exagero. Quienes lo crean, por ignorancia, por falta de memoria, por moralmente reblandecidos, les dejo a mano los “honrosos antecedentes” de esa dictadura que representan los hermanitos Jorge y Delcy Rodríguez; a la que ayudan o por la que median ante la oposición venezolana y el mundo el presidente de la otrora Hispaniola, Danilo Medina, y el ex presidente de España, Rodríguez Zapatero.
Cahiers de doléances
Se inician con el pacto de Hugo Chávez con las FARC, que incide en la conformación de su narcogobierno y en el incremento demencial de las muertes por homicidio como en la corrupción del mundo militar y policial venezolano (1999), y siguen con la confiscación de fundos agrícolas y pecuarios (2001); la masacre del 11 de abril o masacre de Miraflores (2002); las listas Tascón y Maisanta, declarando la “muerte civil” de millones de venezolanos (2003-2004); el despido de 20.000 trabajadores de Pdvsa y la expulsión de sus familias de las casas que habitan en los campos petroleros, lo que lleva a la quiebra actual de la industria (2003); la represión popular por las firmas que peticionan el referéndum revocatorio (2004); el caso de soldados calcinados en Fuerte Mara (2004); la masacre de Turumbán, estado Bolívar (2006); las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría contra la oposición (2007, 2008); la condena arbitraria e ilegal de los comisarios de la PM, entre ellos Iván Simonovis (2010);la masacre de El Rodeo y el pacto de Diosdado Cabello con los pranes (2011); la extradición de Makled y el descubrimiento del Cartel de los Soles (2011); las declaraciones de los magistrados Aponte Aponte y Velásquez Alvaray, advirtiendo la colusión del Ejecutivo con el narcotráfico (2012); la tragedia de Amuay (2012); el caso de las narcomaletas de Air France (2013); la masacre de febrero o del Día de la Juventud (2014); la expulsión masiva de la población civil colombiana, mediante una inconstitucional suspensión de garantías (2015); la masacre de Barlovento (2016); la masacre de los escuderos (2017).
Y si no les basta, recuerden las 11 sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaran internacionalmente responsable por violaciones al régimen de Venezuela, palmariamente desacatadas y objetos de burla por este, desde el caso Apitz y otros (2008) hasta el caso RCTV (2015). O la zaga de exilados o de presos políticos –suman 645 según la OEA– como los alcaldes Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, el diputado Freddy Guevara y párese de contar.
Se obvian, por su extensión sideral, cuya punta de iceberg emerge ahora con los casos de Pdvsa y Odebrecht, la enunciación del cúmulo continuado de delitos de corrupción que arrancan con la financiación electoral de la banca española (2002); el caso del Fonden (2005-2013), que dilapida más de 116.000 millones de dólares, en una línea de comportamiento consustancial al propio régimen. Se inaugura con los escándalos de Cavendes y el Plan Bolívar 2000; pasa por los casos Nóbrega y Smartmatic (2003-2004); de Juan Barreto en la Alcaldía Metropolitana (2004-2008), Cabello con el puente Nigale, y Antonini Wilson (2006-2007), el mismo Cabello durante su gobierno en Miranda (2009), pasando por los bonos argentinos (2007), Derwick, Andrade y la Tesorería Nacional, Bancos de Madrid y Andorra, con Aguilera y Rafael Ramírez a la cabeza, entre 2011 y 2015. Son centenares de miles de millones de dólares los que suman ese albañal de peculados, deslaves de impudicia.
Claman al cielo, finalmente, los asesinatos “de Estado”, en no pocos casos originados en la mutación de este como narcoempresa criminal y que los silencia, los tira a la fosa común que confunde despojos. Tanto que, cuando se abran los expedientes, hasta las piedras llorarán.
El fiscal Danilo Anderson, Antonio López Castillo y Juan Carlos Sánchez (2004); el ex fiscal nacional de aduanas, Gamal Richani, quien investiga a Makled, cabeza visible del narcotráfico oficial (2005); Arturo Erlich y Freddy Farfán, tras el “extravío” de 45 millones de dólares pertenecientes a Fogade (2006 y 2009); los sindicalistas del régimen Richard Gallardo y Luis Hernández (2008); el periodista Orel Zambrano y el veterinario Francisco Larrazábal, testigos en contra de Makled (2009); el gobernador de Guárico, Willian Lara (2010); Lina Ron (2011); Nelly Calles Rivas, jefe del PSUV en el estado Sucre (2011); el ex gobernador apureño y capitán Jesús Aguilarte (2012); la embajadora Olga Fonseca (2012); el general Wilmer Moreno, subdirector de inteligencia militar (2012); la familia Pérez Pacheco, en Falcón (2013); el diputado Omar Guararima, jefe del PSUV en el estado Anzoátegui (2013); Juan Montoya, jefe del colectivo Secretariado Revolucionario (2014); el estudiante Bassil Da Costa (2014); el capitán Eliézer Otaiza, ex jefe de la policía política (2014); el diputado Robert Serra (2014); José Miguel Odremán, líder del colectivo 5 de Marzo (2014); y la consiguiente investigación de Diosdado Cabello y otros generales por parte de la DEA (2015).
“Estamos dispuestos a negociar y evitar una cacería de brujas”, recomienda un líder insospechado, de buena fe, por rehén y a pesar de los pesares. ¡Dios!
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