Seguimos con el análisis de los cinco poderes en los que se asienta la institucionalidad política en Venezuela y que requieren una urgente transformación para la búsqueda de políticas públicas exitosas, que permitan construir una sociedad estable desde todos los indicadores sociales y económicos. Después de ver el Poder Ejecutivo la semana pasada, se apunta esta semana a la gran novedad constitucional que rompió con los esquemas tradicionales de los tres poderes de Montesquieu. Me refiero al Poder Ciudadano y al Poder Electoral.
- El Poder Ciudadano: creado a partir de las ideas de Simón Bolívar sobre un Poder Moral que ejerciera funciones de rectoría y guía de la conducta republicana, ha sido con pocas dudas la mayor decepción para aquellos que soñaban con un nuevo país y una justicia imparcial, accesible a los ciudadanos, defensora de sus derechos humanos y celosa guardiana de los recursos públicos, azotados por siglos de corrupción administrativa, que empieza desde el inicio de la República en 1830. Veamos en concreto dichos casos:
- Contraloría General de la República: sin duda alguna, el primer organismo que debe cambiar en Venezuela, si se pretende salvar a la república, dado que desde su fundación ha fracasado en el control de los fondos públicos, tal como lo demostró el actual fiscal Tarek William Saab al detener a más de 70 altos gerentes de Pdvsa y hacer pública la destrucción de la empresa, por lo que Nicolás Maduro puso el nombre de Mafia Italiana, esta situación se agrava si atendemos las denuncias de ex ministros como Jorge Giordani, quienes hablan de hechos de corrupción por decenas o centenas de miles de millones de dólares. Esto se ha denunciado muchas veces en los medios de comunicación social desde el caso Micabú, de impresión de millones de copias de proyectos de la Constitución de 1999, hasta los más escandalosos casos de Odebrecht y otros del presente.
Es mi opinión que la solución a este problema es una enmienda constitucional que permita la elección por votación popular de todos los contralores y elimine el control partidista de la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo y el Concejo Municipal en sus niveles nacional, estadal y local. Igualmente el Sistema Nacional de Control Fiscal jamás va a poder funcionar si no se aplican los estándares internacionales de transparencia administrativa, cuya difusión en Venezuela ha sido masiva, gracias al brillante trabajo de la doctora Mercedes de Freitas y la organización Transparencia Venezuela. Con esto se haría sumamente complicada la práctica de la corrupción administrativa en el país, debido a la multiplicidad de controles ciudadanos, a los que unos llamaron contraloría social y que quedó en promesas huecas, por lo que se cerró el círculo de la lucha contra la corrupción administrativa. Ello también después de que se dispuso la obligación anual de hacer la declaración del impuesto sobre la renta y declaración jurada de patrimonio a todas las personas naturales (mayores de 18 años), jurídicas (tengan o no ejercicio económico), y con esto que se acabe para siempre con los testaferros que pululan en la historia nacional.
- El Ministerio Público (Fiscalía General de la República): es sin duda alguna la parte más controversial de este poder, ya que si atendemos lo que dice la oposición, jamás ha funcionado desde Isaías Rodríguez hasta el presente, y si atendemos lo que dice el gobierno, durante muchos años este organismo fue secuestrado por la corrupción, la extorsión y el chantaje hasta la llegada del actual fiscal Saab.
Lo que es indudable es que los escándalos han sido abundantes desde el asesinato de Danilo Anderson hasta el presente, y como no se puede generalizar y enlodar a todos los fiscales, es menester irse directamente a la solución, como es la elección directa del fiscal general de la República por votación popular (vía enmienda constitucional), que, a su vez, permita darle independencia política y hacer mucho más estricto el ejercicio de esta función pública, con mayores requisitos académicos y profesionales, que sean un filtro ético y profesional que conlleve la depuración y el escalar en un sentido piramidal dicha actividad fundamental para la aplicación de la justicia.
- La Defensoría del Pueblo: siendo el sueño de los defensores de los derechos humanos que lograron insertar esta institución en la Constitución de 1999, se ha convertido en la burla, pesadilla y decepción de muchos de sus antiguos defensores, que hacen un esfuerzo por entender la utilidad de dicho organismo en un país donde ocurren fenómenos sociales de vastas violaciones de los derechos humanos de todos los tipos, sin que este se pronuncie.
Desde aquellas épocas nada gratas en las que los medios señalaban satíricamente el cargo como el de “defensor del puesto”, pasando por las admisiones públicas de la anterior defensora del Pueblo, de que debió ser más “enérgica”, hasta el mutismo mediático de la actual gestión, es un hecho indudable que la eliminación de esta institución sería posible por la deficiente gestión que no ha logrado ningún tipo de apoyo o reconocimiento popular a su labor. Opino que la institución debe ser reestructurada y asignarle directamente poderes de fiscalización de protección al consumidor y atención al ciudadano en los organismos públicos, a la vez que crear mecanismos digitales para su auditoría.
- El Poder Electoral: la mayor novedad y esperanza política de la Constitución de 1999, debido al ofrecimiento de la democracia participativa y protagónica, como fórmula para cambiar la cultura política de los venezolanos y crear una especie de “Suiza criolla”, donde las elecciones y referendos fueran normales y comunes, y sin ningún tipo de alteración de la vida cotidiana.
Lo cierto es que desde las denominadas firmas planas, pasando por la lista Tascón, la suspensión de elecciones sindicales, gremiales y universitarias; las graves denuncias de violación de resultados electorales contra los partidos políticos LCR y PCV en comicios regionales y locales; la desaparición legal de los principales partidos políticos de oposición por trámites e interpretaciones para su legalización, incluyendo en este aparte la traumática renovación de las autoridades nacionales del histórico partido Copei; el desconocimiento de los resultados de comicios presidenciales por Capriles Radonski y Henri Falcón en 2013 y 2018, y muy especialmente la paralización de las elecciones más simples de los consejos comunales son la demostración más evidente de que no se han logrado los cambios políticos y electorales que se prometían con la sustitución de la democracia representativa.
Es absolutamente necesario reestructurar este poder de arriba abajo, creando un nuevo Registro Electoral Permanente que sea automático en su funcionamiento y evitando el que se necesite la inscripción tan problemática de los jóvenes y abstencionistas natos; que sea ágil para adaptarse a la movilidad de la población fuera y dentro del país, y auditable desde cualquier PC por parte de los ciudadanos comunes y corrientes. Igualmente, es menester reglamentar las elecciones gremiales, sindicales, universitaria y de consejos comunales para poner fin a todas las denuncias y recursos electorales sobre irregularidades ciertas o supuestas en todos los procesos.
La tragedia vivida con la supuesta imparcialidad política de los miembros del Consejo Nacional Electoral deberá ser resuelta, a mi criterio, con la profesionalización definitiva de todos los funcionarios de este nivel nacional hasta los miembros de juntas estadales y municipales, quedando así el sorteo restringido a la selección de miembros de mesa con mucha mayor preparación y rigor en su funcionamiento. Es una burla sortear miles de miembros de mesa que no se presentan nunca a sus funciones. Se debe abordar esta situación y resolverse con efectividad en el futuro.
De lo contrario, de no aplicar estas medidas u otras de corte similar será inevitable el cumplimiento de la Constitución de 1999 en todos sus sentidos y se habrán abortado las esperanzas de cambio del pueblo venezolano de los últimos veinte años.