Venezuela se encuentra en una grave encrucijada. La tragedia que enfrenta nuestro pueblo, pobreza, hambre, muerte y diáspora, es de exclusiva responsabilidad de Nicolás Maduro y de su gobierno. Eso hay que saberlo. Los venezolanos no deben dejarse engañar por la propaganda oficial. Las causas de la destrucción nacional no provienen de las acciones de los norteamericanos, ni de la derecha venezolana, ni de la Mesa de la Unidad Democrática, ni del Grupo de Lima, ni de la OEA, ni de la Unión Europea, ni de nadie. Esas causas provienen de la ceguera ideológica y la ambición de riqueza de una camarilla que ha usufructuado los dineros públicos y comprometido el destino nacional. En el año 2013 ya se percibía una segura y significativa caída del precio del petróleo. Nicolás Maduro, en lugar de rectificar la equivocada orientación económica diseñada y conducida por Hugo Chávez, se dedicó a profundizar la ineficiencia y el despilfarro, conduciéndonos a la hiperinflación, a la caída de la producción petrolera y a una permanente y criminal represión.
Ante este estado de cosas, la oposición democrática debe afrontar un reto muy complejo y exigente. Se trata de unificar a más del 80% de nuestro pueblo, que rechaza firmemente la gestión del régimen, en un solo movimiento de opinión capaz de enfrentar, en cualquier circunstancia, a Nicolás Maduro hasta lograr que abandone el poder. Digo complejo y exigente porque así lo es. No será fácil unificar para la acción a tan amplio sector de la población formado por diferentes grupos sociales, con distintas ideologías y hasta con intereses contrapuestos. Lograrlo exige, en poco tiempo, convencer a los venezolanos de que es posible derrotar a Nicolás Maduro, en cualquier circunstancia, si se logra un liderazgo firme y capaz, acompañado de una eficiente estrategia. El primer problema a resolver es la escogencia de un líder con suficiente credibilidad y las cualidades necesarias que le permitan entusiasmar a los votantes. Justamente, evitar que la oposición pudiera escoger un candidato de unidad en elecciones primarias, fue una de las razones que tuvo el régimen para establecer las elecciones presidenciales en el mes de abril.
Al no existir el suficiente tiempo para realizar esas elecciones primarias, se requerirá de un consenso entre la dirigencia política opositora para lograr un candidato de unidad nacional. Américo Martín sugería, en un programa de televisión, que la forma de escogencia debería ser mediante un acuerdo entre los dirigentes fundamentales de los partidos políticos de oposición, habiendo aceptado previamente que ninguno de ellos podría ser el escogido, pero con la certeza de que los representaría a todos. En verdad, es muy difícil lograr un consenso para designar a un candidato único. Claro está que todos los posibles aspirantes conocen perfectamente bien que de no haber el consenso sobre esa figura y existir dos o más candidatos ocurriría la segura derrota de la oposición y la consolidación de la dictadura madurista. La gravedad de la crisis exige de una trascendente reflexión. Se requiere dejar a un lado las ambiciones personales para escoger a un candidato de unidad que pueda garantizarle a nuestro pueblo la salida del poder de Nicolás Maduro. Ese gesto de los líderes políticos tendría un amplio reconocimiento en nuestra historia.
Más compleja aún es la respuesta a la convocatoria del régimen madurista a una elección presidencial carente totalmente de legalidad y legitimidad, con un amplio rechazo tanto nacional como internacional. Ante esta situación, la oposición democrática solo tiene dos opciones: participar o no hacerlo. Una verdad de Perogrullo, pero una gran verdad. Analicemos los argumentos favorables y las críticas a cada una de esas opciones. Empecemos con el abstencionismo. Después del fracaso de las negociaciones de Santo Domingo, provocado por Nicolás Maduro, lo lógico es no participar en dichas elecciones, ya que el régimen, al negarse a respetar las debidas condiciones de transparencia electoral, lo impide. Esa falta de condiciones están representadas entre otras, por un CNE, ilegítimo e ilegal, totalmente parcializado a favor del régimen; cientos de presos políticos; miles de exiliados; millones de venezolanos en el exterior sin derecho a votar; partidos y dirigentes de oposición inhabilitados, etc. Además, participar en esas elecciones sería visto como un reconocimiento a la írrita ANC, con el consecuente debilitamiento del apoyo internacional.
Naturalmente, hay sectores que rechazan la posición abstencionista. Sus argumentos son: políticamente no es conveniente dejar de votar, ya que se regalan las elecciones sin lograr realmente nada importante en contra de la dictadura madurista, cuando el 80 % de los venezolanos rechaza el régimen, existiendo una elevada posibilidad de que haya una asistencia masiva de votantes favorables a la oposición. Al no asistir a la elección se ratifica la posición del régimen que mantiene que la oposición rechaza las elecciones y busca desestabilizar el gobierno de Maduro a través de la violencia y el intervencionismo extranjero. Igualmente, se está facilitando el objetivo fundamental del madurismo que busca evitar que la oposición asista a la elección para que de esa manera no sea necesario perpetrar un fraude electoral, ya que Nicolás Maduro obtendría el triunfo por inasistencia de la oposición. Dejar de votar lo único que realmente logra es darle una mayor legitimidad al régimen madurista.
De esta diatriba toma fuerza la opción participativa, al sostener que no participar contribuye a legitimar a Nicolás Maduro y a favorecer su estrategia para realizar una elección caracterizada, como siempre, por un inaceptable ventajismo, convencido como está de que las contradicciones, entre las opciones abstencionista y participativa, permitirán obtener un triunfo arrollador. Nicolás Maduro no desea que haya elecciones competitivas. Conoce el creciente rechazo a su figura política y a su pésimo gobierno. Muy lejos está el tiempo en que Hugo Chávez se jactaba en hacer elecciones. Nicolás Maduro solo ha ganado elecciones mediante el abuso de poder y la subordinación del TSJ y del CNE. Fernando Mires sostiene en un excelente artículo titulado “Las opciones de la oposición venezolana” que “convocar a las elecciones no es un regalo a la oposición, pero sí una concesión a la opinión pública internacional. Lo que en fin necesita la dictadura no es impedir las elecciones, sino devaluarlas”.
Naturalmente, el sector abstencionista de la oposición critica con severidad a la posición participativa. Mantiene que aceptar ir a las elecciones conduce a reconocer la legitimidad de la asamblea nacional constituyente. La respuesta es firme y racional: ese argumento no es real, ya que siempre la ANC será inconstitucional como también lo será un gobierno de Maduro que surja de unas elecciones fraudulentas si la oposición presenta las pruebas necesarias. El problema no es jurídico, sino político. Por su parte, el sector abstencionista argumenta que asistir a votar compromete el respaldo internacional de la oposición, ya que el Grupo de Lima, Estados Unidos y Europa han considerado que la convocatoria apresurada a las elecciones presidenciales es una acción ilegítima. El grupo participativo responde que ese cuestionamiento internacional solo tiene fuerza suficiente para comprometer la legitimidad de origen de Nicolás Maduro si ocurre un verdadero fraude electoral.
Pertenezco al sector participativo de la oposición. Fundamentalmente, creo que una elección que se realice en las condiciones que sea es una gran oportunidad para fortalecer a la oposición, denunciar el fraude y abrir, con posibilidades de éxito, una crisis política. Mi segundo argumento se basa en la certeza de que las otras formas de acción para derrotar la dictadura, las cuales se comentan en la opinión pública, tienen complejidades indiscutibles: la protesta popular, el golpe militar y la intervención extranjera. Las protestas pacíficas solo logran un cambio político cuando son masivas y se mantienen en el tiempo. Las violentas son reprimidas y controladas por las dictaduras. El golpe militar y la intervención extranjera los analizaré en mis próximos artículos. Sin embargo, pienso que es imperativo respaldar cualquier decisión que tome la dirigencia política sobre una de las dos opciones, de manera unánime y masiva por los venezolanos. Al mismo tiempo, esa decisión deberá ser acompañada por una vigorosa campaña, nacional e internacional, bajo la conducción de ese candidato nacional para denunciar todas las irregularidades cometidas por el régimen durante el proceso electoral.
El tiempo apremia, por ello se requiere acudir a la conciencia y al sentido de responsabilidad de la dirigencia política y de todos los venezolanos para tomar las más sabias decisiones que conduzcan a la derrota del régimen. Sería criminal permitir la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Su absurda e inaceptable conducta, así como sus inconvenientes declaraciones, muestran la urgente necesidad del cambio político.